31/03/2026
Como periodista, me resulta imposible ignorar la fractura ética que revela el espejo de nuestra historia reciente.
Al analizar los hechos, observo un contraste que no es cuestión de opinión, sino una evidencia documental: la abismal diferencia entre el trato que recibió el entonces teniente coronel Hugo Chávez tras sus intentos de golpe y la realidad que hoy asfixia a los militares del caso Paramacay.
En mi cobertura de estos procesos, registro que Chávez, a pesar de su alzamiento, no fue aislado. Tuvo acceso a visitas, mantuvo una presencia pública activa y, en sus propias palabras, recibió un trato digno y humano por parte de sus custodios. No hubo torturas; hubo, paradójicamente, un respeto a las garantías que hoy parecen un lujo del pasado.
Hoy, mi labor me obliga a documentar una realidad opuesta. Los oficiales del caso Paramacay enfrentan un aislamiento sistemático e incomunicación, bajo condiciones que organismos internacionales no dudan en calificar como inhumanas.
Mientras a unos se les respetó la vida y el honor, a estos militares se les niega todo, extendiendo el castigo incluso a sus familias, quienes son perseguidas y silenciadas.
Frente a este escenario, sostengo que un sistema que utiliza el poder para aplastar al adversario, en lugar de impartir justicia equilibrada, pierde su legitimidad.
Es un momento crítico para que los militares de honor reflexionen: la historia no solo se recuerda para conmemorar, sino para comparar y exigir que la humanidad que una vez se otorgó a los líderes del proceso actual, no sea hoy un derecho extinto para sus compañeros de armas.
