16/04/2026
Montevideo, 15 de abril de 2026
*El PVP ante el proyecto de reforma del Código de Proceso Penal*
El Partido por la Victoria del Pueblo reafirma su compromiso con la necesidad de impulsar reformas al Código del Proceso Penal que contribuyan a construir un sistema de justicia más justo, eficaz y respetuoso de los derechos humanos. En ese sentido, sostenemos la importancia de detener el avance de una lógica punitivista en materia de seguridad pública que, lejos de resolver los problemas de violencia, ha demostrado producir efectos profundamente regresivos.
La lógica punitivista, centrada en el endurecimiento de las p***s y el aumento del encarcelamiento como respuesta casi exclusiva al delito, ha derivado en la criminalización de la pobreza, afectando de manera desproporcionada a los sectores más vulnerados de la sociedad. Este enfoque no solo no ha mejorado la seguridad pública, sino que ha profundizado la fragmentación social, debilitado los lazos comunitarios y reproducido condiciones de exclusión. El aumento sostenido de la población carcelaria es expresión de este fracaso: más prisión no ha significado más seguridad, sino más desigualdad.
En este marco, el Partido por la Victoria del Pueblo expresa su profunda preocupación ante la situación planteada por el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que el Poder Ejecutivo ha resuelto elevar para su discusión parlamentaria. A su vez reconoce la disposición del Poder Ejecutivo de escuchar a las organizaciones sociales y subsanar estos problemas.
El Partido por la Victoria del Pueblo expresa su reconocimiento y firme respaldo a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y a Crysol, organizaciones de derechos humanos que, con responsabilidad y compromiso, actuaron a tiempo para señalar los riesgos que ese proyecto de reforma contiene. Su intervención pública ha sido decisiva para alertar que el proyecto no establecía ninguna exclusión expresa para los delitos de lesa humanidad en materia de beneficios penitenciarios. En los hechos, esto habilitaría a que represores condenados puedan acceder a mecanismos como la libertad anticipada, equiparándolos al resto de los delitos.
La reforma planteada introducía otros cambios que debilitaban garantías fundamentales y abrían riesgos concretos de impunidad, particularmente en relación con los crímenes del terrorismo de Estado.
Bajo el argumento de la eficiencia, se habilitaban mecanismos que podían afectar gravemente los procesos de memoria, verdad y justicia, como el cierre de causas por plazos incluso en investigaciones complejas, la ampliación de la discrecionalidad para no investigar o archivar, y la limitación del rol de las víctimas en el proceso penal.
Asimismo, la restricción de la publicidad de los procesos puede afectar el derecho de la sociedad a conocer la verdad sobre los crímenes del pasado reciente, debilitando el control democrático sobre la justicia.
El Estado uruguayo tiene obligaciones internacionales claras: investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. No puede escudarse en normas proce-sales para relativizar estos compromisos.
Este episodio vuelve a demostrar que los avances en materia de memoria, verdad y justicia no han sido concesiones, sino el resultado de la lucha persistente de las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, que han sabido alertar, movilizar y defender principios fundamentales cuando estos se ven amenazados.
El PVP reafirma:
– El rechazo a la posibilidad de libertad anticipada para represores.
– Su rechazo a cualquier mecanismo que permita el cierre de causas de lesa humanidad.
– La defensa del derecho de las víctimas a participar plenamente y recurrir decisiones judiciales.
– Su oposición a toda forma de discrecionalidad que habilite la no investigación de crímenes del terrorismo de Estado.
– La defensa de la publicidad de los procesos como garantía de verdad y justicia.
Convocamos a las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, así como al conjunto de la sociedad, a mantenerse alertas y movilizadas para impedir cualquier retroceso en materia de justicia. Solicitamos un debate público del tema y aguardamos las rectificaciones necesarias que funcionarios del Poder Ejecutivo han adelantado y comprometido en conversaciones con los organismos mencionados.
La impunidad no es un problema del pasado: es un riesgo presente.
Sin justicia no hay democracia.
Nunca más impunidad.
Nunca más terrorismo de Estado.
_Partido por la Victoria del Pueblo | Frente Amplio_
