26/06/2020
DECLARACIÓN
Navegantes–La Alternativa se opone a una amnistía para militares que violaron los Derechos Humanos antes y durante la dictadura
Navegantes - La Alternativa
Declaración
Aparentando contradicciones, parlamentarios de Cabildo Abierto han puesto en discusión una ley de amnistía para los militares que violaron los derechos humanos desde antes y durante la dictadura cívico militar.
No son creíbles esas aparentes contradicciones, donde varios de sus dirigentes como los Senadores Guillermo Domenech y Raúl Lozano, afirman, claramente, su voluntad de promover una amnistía, y las declaraciones posteriores del también senador y líder del sector, Guido Manini Ríos, que niega esa posibilidad, mientras ataca reiteradamente a la justicia en sus pocas condenas a los responsables militares de torturas, as*****tos, desapariciones, violaciones y otras atrocidades.
Fue el propio Manini Rios que le dio la cobertura política y discursiva para esa iniciativa y para poner el tema en el debate público nacional. Ese es su máximo objetivo: construir o reforzar el discurso de que la única solución es el olvido para esas violaciones y mucho más para cualquier intento de justicia. Que lo haga con inteligentes declaraciones a la prensa, no cambia un ápice el contenido y el peligroso objetivo de construir un relato totalmente deformado de la realidad. Es parte esencial de la identidad de Cabildo Abierto.
Desgraciadamente en el pasado ese mismo discurso del olvido, fue formulado tanto por figuras de la derecha como de la izquierda. Y practicado.
No son posiciones que chocan solamente con los actuales partidos de la oposición, o con sectores sociales o con los familiares de desaparecidos y organizaciones de defensa de los derechos humanos, son una agresión a todas las fuerzas democráticas del país, de los más diferentes partidos políticos y de la sociedad.
“Nunca más dictadura” no puede ser una consigna sectaria y de ocasión, es la principal batalla política y cultural de la inmensa mayoría de la sociedad uruguaya y reclama de una gran sensibilidad y amplitud. Esas posiciones se debilitan cuando integrantes del gobierno a los que no le negamos su vocación y postura democrática, realizan declaraciones contra una condena por el as*****to por la espalda de un preso en el año 1972. El asesino, que en la plena vigencia de la ley de ese momento y de la actualidad tendría que haber sido procesado y preso hace 58 años, recién ahora debe asumir su responsabilidad.
Hay que considerar que sólo el 3% de las denuncias presentadas por la violación de los derechos humanos antes de 1985, durante la dictadura y en el periodo inmediatamente anterior terminaron en una sentencia judicial, habiendo transcurrido entre 48 y 35 años.
En Uruguay hay 195 personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura cívico-militar, según los datos aportados por la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, de la Presidencia de la República, a ello deben agregarse 307 causas presentadas ante la Justicia por torturas, privación de libertad, desaparición forzada, detención ilegítima, secuestros, violaciones cometidas entre 1972 y el fin de la dictadura en 1985.
Consideramos que estas propuestas de “amnistía” y la ofensiva que reivindica el terrible papel desempeñado por la dictadura cívico militar, impuesta a través de un golpe de estado gestado y realizado por la secta militar de los “Tenientes de Artigas”, configuran un retroceso democrático extremadamente peligroso.
Y no se trata solo de una agresión contra las víctimas de esas prácticas cobardes e inhumanas utilizando el poder y las armas que le otorgó el Estado, sino un ataque contra todas las fuerzas democráticas, sin distinción de partidos y organizaciones sociales.
El avance de Cabildo Abierto además de este frente tan delicado, se expresa en otras áreas del Estado tratando de ocupar posiciones de dirección aún a costa de destruir importantes equipos profesionales de diferente origen político y profesional, con una probada trayectoria.
Por ello convocamos a los ciudadanos, a las diversas organizaciones políticas y sociales a redoblar los esfuerzos en esta batalla política y democrática que va mucho más allá de la actual coyuntura y reclama una alerta republicana y en la defensa de los derechos humanos y de la democracia.
Montevideo, 25 de junio de 2020
