PIP Isabela

31/05/2026

31/05/2026

La Ley 161 de 2009 es clara. El Artículo 2.2 establece que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) es una Secretaría Auxiliar adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y que su dirección recae en un Secretario Auxiliar nombrado por el Secretario del DDEC.

Por lo tanto, el nombramiento de Norberto Almodóvar en enero de 2025 no le correspondía a Jenniffer González Colón. Del mismo modo, tampoco le correspondía a La Fortaleza ni al Secretario de la Gobernación recibir una renuncia, ordenar o ejecutar su destitución. Esa facultad recae sobre el Secretario del DDEC.

Lo preocupante aquí no es únicamente la salida del licenciado Almodóvar. Es el precedente institucional que aparenta reflejarse. El Secretario de la Gobernación no puede operar como jefe de agencia paralelo ni sustituir las facultades legales de los secretarios constitucionalmente responsables de dirigir sus dependencias.

Quien responde ante los tribunales, ante terceros y ante el país por las actuaciones de una agencia es el secretario correspondiente. Esa responsabilidad no puede divorciarse de la autoridad legal que la acompaña.

Sí, desde La Fortaleza pueden surgir instrucciones, presiones o directrices políticas. Pero ningún funcionario está obligado a ejecutar órdenes que excedan los límites legales o administrativos de quien las emite. Cuando las diferencias son irreconciliables, el camino correcto y digno siempre ha sido la renuncia, no la subordinación automática al poder político.

La institucionalidad no puede convertirse en un accesorio desechable del gobierno de turno.

19/05/2026

El presidente de la Asociación de Contratistas Generales cuestionó también la inversión y el tiempo que tomaría implementar la medida propuesta por la gobernadora

18/05/2026

Difiero profundamente de las posturas y decisiones que ha asumido la gobernadora de Puerto Rico. Considero que su manejo de asuntos relacionados con la planificación, el desarrollo, los derechos humanos y la defensa del interés público ha sido deficiente y deja mucho que desear. Mi desacuerdo político y profesional con ella es absoluto.

Pero precisamente por eso, creo importante establecer límites claros.

No me interesa participar, promover ni amplificar ataques sobre su apariencia física, su imagen, insinuaciones sobre su vida privada o intimidades personales. La crítica pública debe concentrarse en las decisiones, políticas y consecuencias de quienes ejercen poder, no en aspectos personales que nada aportan a la discusión del país.

Mi relación con la gobernadora existe exclusivamente en el ámbito de lo público y profesional. Fuera de eso, no tengo interés en alimentar dinámicas de degradación personal dentro de esta plataforma.

18/05/2026

¿Cuánto te está costando vivir en Puerto Rico?

07/05/2026

Dos cosas que se desprenden de esta noticia:

Primero, el presidente de la Junta de Planificación parece no contar con el respaldo de la gobernadora, su permanencia en el cargo luce comprometida y aparenta que sus días están contados.

Segundo, y más importante aún, una reforma de permisos que no logra el endoso de la propia Junta de Planificación ni del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas no debe ser aprobada. Puerto Rico necesita una discusión seria, técnica y transparente sobre planificación y permisos, no una imposición política.

El país no puede seguir debilitando sus instituciones de ordenación territorial.

06/05/2026

Partido Independentista Puertorriqueño impulsa investigación sobre presunto esquema de votos por dr**as en cárceles para favorecer al actual partido de gobierno.

https://mariadelourdes.net/portfolios/para-ordenar-a-la-comision-de-seguridad-publica-y-asuntos-del-veterano-del-senado-de-puerto-rico-realizar-una-investigacion-exhaustiva-sobre-las-denuncias-de-la-existencia-de-un-esquema-de-canjeo-de/

6 de mayo de 2026 | Capitolio— Las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Senado y Cámara presentaron hoy legislación para ordenar una investigación sobre denuncias de un esquema de intercambio de votos por dr**as y otros favores ilícitos dentro de las cárceles de Puerto Rico, alegadamente con fines de beneficio electoral para la actual administración.

La medida instruye a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano en el Senado y a su contraparte en la Cámara de Representantes a realizar una pesquisa exhaustiva sobre estas denuncias. El anuncio fue realizado por los portavoces del PIP en ambos cuerpos legislativos, María de Lourdes Santiago y Denis Márquez Lebrón.

“Las alegaciones de intervención partidista indebida en los espacios carcelarios anteceden al reportaje de ProPublica, al igual que los señalamientos sobre trasiego de sustancias. Ninguna pretensión seria de fiscalizar la gestión de esta y de pasadas administraciones puede ignorar esa situación, con las severas implicaciones que tiene”, expresó la senadora Santiago.

La Resolución, además de hacer referencia a lo divulgado por el medio estadounidense, reseña lo vertido por la Comisión de Derechos Civiles en torno al proceso electoral en las cárceles con especial énfasis en las denuncias hechas a través de su director, Lcdo. Ever Padilla, en cuanto a violaciones a la privacidad de los reclusos durante el proceso de votación, así como las quejas presentadas por escrito por reclusos describiendo experiencias de presión para votar en la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) de 2024.

Por su parte, el representante Denis Márquez Lebrón subrayó la necesidad de examinar el manejo de las autoridades ante estas denuncias. “No debemos tomar a la ligera información que apunta a que hechos descritos en un pliego acusatorio no se traducen en la radicación de cargos, ni descartar la impresión de que ello responde a instrucciones de Fiscalía Federal. Si en otros casos se exige investigar la actuación del Departamento de Justicia de Puerto Rico, no puede aplicarse un criterio distinto cuando la duda recae sobre instancias federales”, puntualizó.