30/05/2026
El día de ayer culmine una etapa profesional en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en donde hicimos todo lo posible para mejorar la “Empleabilidad Formal en el Perú ”, no es posible ver que de cada 10 trabajadores 7 sean informales y que tan solo 3 tengan un contrato laboral formal que cubra todos sus beneficios sociales.
En nuestro país, durante la última década, un problema público recurrente ha concentrado la atención del Estado, la academia y la sociedad en su conjunto: la informalidad laboral.
Esta realidad impacta directamente en la calidad de vida del 70 % de los trabajadores, al limitar su acceso a beneficios laborales, a la seguridad social en salud y en pensiones, así como dificultar el reconocimiento de su
experiencia laboral.
Respecto a la magnitud del problema público identificado, las cifras del Registro de Trabajadores en la
Informalidad Laboral, hemos logrado detectar y caracterizar a 12.4 millones de trabajadores informales, tanto dependientes como autoempleados.
De ellos, 2,4 millones son jóvenes entre 18 y 29 años; 783 mil pertenecen a la población extranjera; y 1,1 millones son personas con discapacidad. Asimismo, un grupo significativo está conformado por trabajadores autónomos, que ascienden a 5,5 millones.
A partir de este análisis, reconocimos que la informalidad tiene causas diversas y afecta de maneras distintas
a los trabajadores. Por ello, fue necesario desarrollar las Tipologías de la informalidad laboral, con el
propósito de orientar las intervenciones públicas hacia las necesidades concretas de quienes requieren
acompañamiento en su tránsito hacia la formalidad.
En ese marco, se identificaron 15 categorías: 8 de autoempleo y 7 de trabajo dependiente, que abarcan
desde el autoempleo de baja escala hasta la presencia significativa de trabajadores informales en unidades
productivas distribuidas de manera desigual en el territorio nacional. Así, transitamos de políticas de respuesta general a intervenciones específicas, diseñadas según las barreras y capacidades de cada grupo, con el objetivo de incrementar la efectividad y eficiencia de la acción pública.
Sobre la base de esta comprensión de la realidad, desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
iniciamos una nueva etapa para afrontar este reto y reconocimos la necesidad de articular, en un espacio de alto nivel, a los tomadores de decisión de 21 entidades públicas: 13 ministerios, 3 superintendencias y
5 organismos públicos especializados, que cumplen un rol fundamental para abordar este complejo problema.
Por ello, conformamos la Comisión Multisectorial para la Formalización Laboral.
Como resultado de este esfuerzo de reflexión y análisis técnico colegiado, centrado en el ciudadano, se aprobó la Estrategia Nacional para la Formalización Laboral 2026-2040.
Este instrumento constituye un
hito histórico de articulación interinstitucional y fue refrendado por el Estado peruano el 2 de abril de 2026
mediante el Decreto Supremo N.° 01-2026-TR.
Su implementación se realizará a través de un Plan Nacional Multisectorial de Acción, Seguimiento y Evaluación.
Esta hoja de ruta multisectorial busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, así como de sus derechohabientes, y plantea un objetivo claro y ambicioso: elevar progresivamente la tasa de empleo
formal hasta alcanzar el 50 % al año 2040.
Para lograrlo, organiza la acción del Estado en seis ejes estratégicos orientados a: 1) la promoción del capital humano; 2) la generación de incentivos y simplificación de la formalización; 3) el fortalecimiento de la fiscalización laboral; 4) la promoción del acceso a la protección social; 5) la promoción de la diversificación productiva; y 6) la promoción de una cultura de formalidad.
Asimismo, la estrategia alinea las intervenciones con las tipologías de informalidad y las brechas territoriales,
incorporando un componente transversal de monitoreo y evaluación permanente, que permitirá medir
avances y ajustar las políticas sobre la base de la evidencia y el aprendizaje continuo.
Por otro lado, resulta importante destacar que la Estrategia Nacional para la Formalización Laboral 2026–
2040 incorpora un enfoque territorial, articulando acciones entre los distintos niveles de gobierno —nacional,
regional y local—, unidos en un solo propósito: promover la formalización laboral de trabajadores dependientes y autoempleados en todo el país.
Asimismo, considerando que la informalidad laboral es un problema estructural y multicausal, se ha
establecido un horizonte de largo plazo hasta el 2040.
Esta visión trasciende a los gobiernos y representa una señal clara de un verdadero compromiso de Estado, orientado a impulsar acciones concretas frente a este problema público y avanzar hacia un crecimiento económico más inclusivo, productivo y sostenible; pero también —y, sobre todo— hacia un país con mayor justicia social, empleos decentes y un enfoque
centrado en la calidad de vida de las personas.
Cuando un trabajador se formaliza, no solo mejora su calidad de vida y la de su familia, sino que también contribuye al desarrollo del país.
La Comisión Multisectorial de naturaleza permanente para la Formalización Laboral, ha sido un espacio de gobernanza que ha permitido identificar brechas y oportunidades de mejora en las intervenciones del Estado orientadas a promover la formalización laboral.
Los deseos que en los próximos años se continúen con la materialización del presente trabajo en los planes y acciones multisectoriales que apuntarán a mejorar la situación laboral en nuestra nación 🇵🇪
