Enda Área de Conservación Privada

28/05/2025

https://www.youtube.com/watch?v=hpyBE_uDLSM

Enda Área de Conservación, es una iniciativa privada de la familia Briceño – Vidaurre para cuidar un espacio de ceja selvática en el Departamento de Amazonas...

28/05/2025

https://youtu.be/WKckDzmj6hE?si=CZ4tLpmcGKTeBIwA

Enda Área de Conservación, es una iniciativa privada de la familia Briceño – Vidaurre para cuidar un espacio de ceja selvática en el Departamento de Amazonas...

22/01/2022

Hoy 22 de enero cumple años nuestro colaborador Héctor Saúl Briceño Durán, muchos éxitos Héctor hijo, socio y amigo, feliz trece años …el tiempo ha pasado rápido en la foto un recuerdo del tiempo.

20/12/2021

La Noticia del Día
“Los Arboles dejan de ser muy talados por fechas navideñas”

Los Arboles en Navidad son esenciales para estas fechas, en algunos países prefieren tener uno real que cualquier árbol de plástico que encontramos en Perú u otros países más, por lo tanto, hace que esta fecha sea de mucha tala para vender a empresas que den esta joya importante que brinda oxígeno.

Es preocupante las cifras de años anteriores, pero parece que con la llegada de la pandemia ha sido una gran rebaja a lo que era y hoy por hoy, están muchas personas tranquilas con el tema de la tala, pero hay que recordar que esto no es solo por Navidad, Hay que dejar de talar en sí, claro que su uso es importante para hacer lápices, mesas u otras más, pero saber que sea no desmedido como otras personas que lo hacen, así finalizo con esta frase para que la tomemos en cuenta.

“Cuida los árboles y no los tales si no te es necesario hacerlo”

Redacción: Héctor Briceño

18/12/2021

La Noticia del Día
"Las deudas ambientales de Perú en 2021: narcotráfico y comunidades invadidas, aumento de la deforestación y violencia contra líderes indígenas"

Los as*****tos de líderes indígenas y el avance del narcotráfico han sido los temas más preocupantes durante el año 2021. La deforestación Las cifras de deforestación del 2020, presentadas este años, ha sido la más alta de las dos últimas décadas en Perú. Entrelos avances se destaca la creación de dos reservas indígenas para pueblos en aislamiento y la definición de una reserva marina y seis áreas de conservación regional.

Comunidades indígenas shipibas y asháninkas a lo largo del Abujao son . Ellas han sido testigo de cómo han cambiado el río y el bosque y temen que esto se intensifique con la llegada de la carretera.

Comunidades indígenas shipibas y asháninkas a lo largo del Abujao son . Ellas han sido testigo de cómo han cambiado el río y el bosque y temen que esto se intensifique con la llegada de la carretera.

Luego de que durante el 2020 la pandemia del COVID-19 obligara a la población a acatar largas cuarentenas que significaron tiempos de inmovilización, el 2021 permitió ver en terreno el impacto de los delitos ambientales en los distintos ecosistemas.

«Ese retorno nos ha permitido ver qué pasó y descubrir aquellos problemas que surgieron en el momento de encierro cuando no era posible ir al campo por las restricciones», comenta Sandra Ríos, investigadora del Instituto del Bien Común (IBC).

El avance violento del narcotráfico en la Amazonía y el incremento significativo en las cifras de deforestación, que fueron las más altas de los últimos 20 años, han sido algunos de los resultados adversos que siguieron a un año de restricciones en el que las acciones de fiscalización también estuvieron, en gran medida, paralizadas.

“Todo se detuvo menos las actividades ilegales”, han dicho más de una vez los líderes indígenas de los territorios más amenazados de la selva peruana, quienes durante el período más crítico de la pandemia fueron asesinados, amenazados y perseguidos dentro de sus mismos territorios.

A los diez crímenes de defensores ambientales ocurridos en 2020, siete de ellos contra líderes indígenas, se suman este año cinco as*****tos más que enlutan a los pueblos kakataibo y asháninka de las regiones de Ucayali, Huánuco, Junín y Pasco. En la mayoría de estos casos, las agresiones han sido asociadas con el narcotráfico.

Deforestación causada minería ilegal que opera a menos de 200 metros de la comunidad de indígenas amahuacas, en Pariamanu.

Deforestación causada minería ilegal que opera a menos de 200 metros de la comunidad de indígenas amahuacas, en Pariamanu. Foto: comuneros de Boca Pariamanu.
Frente a este escenario, el avance en temas ambientales del nuevo gobierno aún no es notorio. Sin embargo, la nueva presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, dejó entrever en su primer discurso en el Congreso de la República que algunos puntos clave sí están en la agenda de su gestión, entre ellos, la seguridad jurídica para los territorios indígenas, el acceso a la consulta previa, la protección para defensores ambientales y la adaptación al cambio climático.

Finalizando que se espera con ansia la mejora en este sector.

Redacción: Héctor Briceño

14/12/2021

La Noticia del Día
“Las Montañas en su día”

El Día de Las Montañas tiene lugar el 11 de diciembre. La ONU Dijo acerca de este suceso lo siguiente:

“Montañas, esas joyas naturales que debiéramos atesorar

Las montañas albergan el 15% de la población mundial y aproximadamente la mitad de la reserva de la diversidad biológica del mundo. Además, suministran agua dulce para más de la mitad de la humanidad. Su conservación resulta clave, tal cual especifica el Objetivo 15 de los ODS.

Sin embargo, se encuentran fuertemente amenazadas por el cambio climático y la sobreexplotación. A medida que los glaciares de montaña se derriten, los habitantes de las alturas —entre los más pobres del mundo— afrontan mayores dificultades para sobrevivir a causa de los desastres naturales.

A todo ello hay que sumar el hecho de que dicho derretimiento a una velocidad sin precedentes amenaza el suministro de agua dulce de millones de personas.

Este problema es cosa de todos.

De ahí que debamos reducir la huella de carbono y cuidar este tesoro natural.

Este creciente interés acerca de la importancia de las montañas llevó a la Asamblea General a declarar 2002 como Año Internacional de las Montañas, factor que impulsó que, en 2003, se celebrase el primer Día Internacional.
Sin embargo, el principal hito se remonta a 1992, cuando el documento “Ordenación de los Sistemas Frágiles: Desarrollo Sostenible de las Zonas de Montaña” (capítulo 13) fue incluido en el Programa 21, un plan de acción sostenible promovido por Naciones Unidas.
El turismo sostenible en las montañas, tema para este 2021
El tema del Día Internacional de las Montañas 2021 es "El turismo sostenible en las montañas".

El turismo sostenible en las montañas puede contribuir a crear opciones de medios de subsistencia adicionales y sostenibles y a promover la mitigación de la pobreza y la inclusión social, además de la conservación del paisaje y la diversidad biológica. Es una forma de preservar el patrimonio natural, cultural y espiritual, a fin de promover la artesanía y los productos de alto valor de la localidad, además de celebrar muchas prácticas tradicionales.”

Las montañas proveen entre el 60% y el 80% de agua fresca al mundo. Entre otras cosas que debemos rescatar de las montañas.

¡Feliz Día de las Montañas!

Redacción: Héctor Briceño

09/12/2021

La Noticia del Día
“Berta Cáceres, una activista luchadora hasta su muerte”

Berta Cáceres, ecologista, feminista y defensora de los derechos de los pueblos indígenas, fue asesinada en 2015 por su activismo climático. Sin embargo, su espíritu sigue más vivo que nunca en Honduras, un país donde más de 50 personas han sido asesinadas por su activismo climático desde 2016, según Global Witness.

Su hija mayor, Berta Zúñiga, es quien está ahora al frente de COPINH. Esta organización, fundada por su madre, es todo un referente en la defensa del medio ambiente y el respeto a la naturaleza y los pueblos indígenas de Honduras.

Cofundó el COPINH para luchar por los derechos de los lencas y ganó el Premio Medioambiental Goldman, «el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente». Fue asesinada después de años de haber recibido amenazas contra su vida. Su as*****to fue ampliamente condenado a nivel internacional en toda América y parte de Europa.
En julio de 2021, David Castillo, directivo de la empresa DESA, fue declarado culpable de ser el autor intelectual del as*****to de Cáceres.

En marzo de 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH),108 que se emplea por «la lucha en defensa del medio ambiente, el rescate de la cultura lenca y por elevar las condiciones de vida de la población de la región."
Destacó en su activismo medioambiental, siendo especialmente mediática su actividad en contra de la privatización de los ríos y en contra de los proyectos de presas hidroeléctricas de inversores internacionales, sobre todo su lucha contra el proyecto de la represa de Agua Zarca en el río Gualcarque en el departamento de Santa Bárbara. Luchó también contra proyectos mineros y madereros para proteger el medio ambiente.

En 2009 «encabezó protestas contra el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya». Además fue una dura crítica del Gobierno de Juan Orlando Hernández.

Pero de igual manera muchas personas arremetieron con ella, llevándola a su muerte.

Redacción: Héctor Briceño

02/12/2021

La Noticia del día
“Cinco consejos para aprender a comprar de manera inteligente”

Con conocimiento y la ayuda de leyes, como la de restringir la publicidad destinada a menores de chocolates, dulces, postres, galletas, zumos y helados, conseguiremos abandonar ese camino sin retorno a la farmacia y convertirnos en consumidores conscientes
Dedicar tiempo a la compra. El primer consejo y el principal es el de dedicar tiempo a hacer la compra. Leer las etiquetas y fijarnos en los ingredientes de cada producto comestible que metamos en la cesta, hará que seamos capaces de reconocer qué productos son realmente saludables y cuáles no. La legislación obliga a que el ingrediente más abundante sea el primero que aparezca en el etiquetado. Como recomendación, apuesta por los productos cuyos ingredientes te resulten fáciles de entender y evita llevar a casa nombres poco familiares como diglicéridos de ácidos grasos. Además, que no sobrepasen los tantos por cientos diarios de consumo de sal y azúcar (1,25 g de cada 100 en el caso de la sal y 50 g en el caso del azúcar). 2. Comprar en mercados locales. Muchos de sus productos provienen de zonas próximas y disponen de un estado óptimo de frescura y maduración. Además, estarás ayudando a tus vecinos y comprarás el producto a un precio inferior.
3. Invertir en frutas y verduras de temporada. Por otro lado, tenemos que resaltar la importancia de comprar frutas y verduras de temporada. La mayoría de los productos “frescos” de supermercado son importados de otros países, producidos durante todo el año en invernaderos y tratados con conservantes y aditivos para que aguanten más tiempo.
4. Ojo al envase. Otra forma de comprar de manera inteligente es fijándote en el envase. Siempre será mejor comprar los alimentos que vienen en tarros de vidrio, que abusar de las conservas en lata. Buena parte de las latas metálicas están recubiertas por un componente químico llamado Bisfenol A que evita la oxidación, pero también puede provocar enfermedades cardíacas, diabetes o disfunción eréctil.
5. Menos carne. Para terminar, reducir el consumo de carne (sobre todo la de vacuno) es imprescindible para mejorar la sostenibilidad, a la vez que nuestra salud. Consumir más proteína vegetal que animal nos ayudará a llevar una vida más saludable. Otro de los alimentos que no puede faltar en nuestra dieta son los vegetales, preferiblemente crudos y de color verde oscuro, y los cereales integrales.
Con este conocimiento y la ayuda de leyes gubernamentales, como la de restringir la publicidad destinada a menores de chocolates, dulces, postres, galletas, zumos y helados, conseguiremos abandonar ese camino sin retorno a la farmacia y convertirnos en consumidores conscientes.
Redaccion: Hector Briceño

29/11/2021

La Noticia del día

“Reducir el plástico, mejorar la vida”

Eliminar en lo posible uno de los materiales más contaminantes del planeta en los envases de productos como frutas y verduras es una prioridad para Carrefour, que ha conseguido rebajar su uso en un 50% en los últimos tres años
Es uno de los materiales que más utilizamos a diario, y por esa misma razón también uno de los que más amenazan nuestro futuro. En los últimos años, cada vez nos hemos vuelto más conscientes del peligro que supone el plástico para el medio ambiente, en especial de aquellos de un solo uso. Dependiendo de su composición, su tiempo de degradación varía entre los 100 y los 1000 años, en comparación con tan solo uno en el caso del papel y el cartón. Si consideramos que, según los datos de Naciones Unidas, cada año se producen en todo el mundo unos 300 millones de toneladas de residuos plásticos, de los que tan solo un 14% se recolecta para el reciclaje, el problema adquiere proporciones casi palpables.
Reducir la cantidad de plásticos que producimos cada año, en especial de los más contaminantes, y reciclar una mayor cantidad de los que sí se ponen en circulación es, por tanto, una prioridad mundial tanto para organismos gubernamentales como para las empresas. Por esta razón, la Unión Europea prohibió a partir del 3 de julio de 2021 la comercialización de productos de un solo uso realizados con plástico como platos, cubiertos, pajitas o bastoncillos de algodón en todos los países miembros, y planea extenderlo a vasos, envases de alimentos y bebidas realizados con poliestireno. Este compromiso ya forma parte de empresas del sector de la alimentación, que buscan alternativas para ayudar a paliar uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos como sociedad.
Carrefour, una de las mayores cadenas de tiendas de alimentación de Europa, ha puesto en el foco de sus actuaciones la reducción de este material, dentro de un programa de protección medioambiental que basa su enfoque RSC en tres pilares: combatir el despilfarro, favorecer la protección de la biodiversidad y establecer colaboraciones con socios y proveedores que consigan crear un impacto positivo. Así, una de sus principales actuaciones ha estado centrada en la reducción de la presencia de materiales plásticos en los envases y bolsas de frutas, verduras y hortalizas que comercializa, logrando una disminución de un 50% en los últimos tres años.
Carrefour fue pionera en buscar alternativas al plástico, sus clientes pueden utilizar sus propios envases y bolsas para la compra de frutas y verduras
“Nosotros fuimos pioneros en dejar de utilizar bolsas de plástico en España, algo que nos demandaban nuestros clientes”, explica María Quintín, directora de RSC de Carrefour España, que destaca la colaboración con sus usuarios para la adopción de medidas, a través de El Club Carrefour y reuniones periódicas con ellos y mesas redondas. “Los clientes están en el corazón y en el centro de nuestro negocio”, subraya.
Papel y algodón
Esta medida se ha traducido en 7.154 toneladas totales de plástico en ese periodo, y tiene como objetivo para el año 2025 una reducción de envases de 20.000 toneladas, de las que 15.000 serán de materiales plásticos. Para sustituir estos envases, aclara Quintín, han empleado “papel, siempre y cuando sea certificado por SFC, materiales compostables también certificados y bolsas de rejilla, realizadas 100% en algodón y reutilizables”, que han puesto a disposición de sus clientes.
La reducción de los residuos es, dentro de la estrategia de Carrefour, un desafío que requiere de una respuesta colectiva, en la que actúen tanto la industria y los distribuidores como los ciudadanos. En este sentido, la compañía ha desarrollado una serie de iniciativas pioneras en el sector de la alimentación que buscan encontrar alternativas que consigan reducir el volumen de residuos, involucrando a todos los actores de la cadena de consumo. Así, como narra Quintín, fueron la primera gran cadena en permitir a los usuarios utilizar sus propias bolsas y tuppers para realizar la compra. “Es la medida que nos solicitaban, y la más efectiva, la que elimina más plástico”, añade.
Esta decisión destinada a reducir los residuos también se vio complementada por otras. Por ejemplo, en las secciones de frutería ya se utilizan bolsas compostables y biodegradables, mientras que en la de frutos secos se ofrecen más de 80 referencias a granel, y el vidrio ha sustituido al plástico en los envases de aceitunas y encurtidos. “También hemos eliminado el 100% del plástico en todos los productos de papelería de la marca Carrefour”, apunta Quintín. De la misma forma, evitar el desperdicio de alimentos es otra de sus prioridades, alargando la vida de los productos. “Hemos puesto en marcha una sección de alimentos tostados, en los que se reutiliza lo producido el día anterior, y creamos una gelatina con el excedente de uva que se produjo durante la pandemia”, explica la responsable de RSC.
Las iniciativas de la compañía también llegan a la recuperación de espacios verdes o la retirada de residuos de playas de todo el país.
Otras medidas que Carrefour ha puesto en marcha dentro de su paraguas de sostenibilidad son losproyectos de recuperación de espacios naturales, en colaboración con organizaciones como FSC o WWF, en los que han intervenido en parajes de Galicia, Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha. También la iniciativa , realizada en colaboración con la multinacional Procter & Gamble y con Jesús Calleja como padrino. “Los clientes socios del Club Carrefour votan qué playas quieren que vayamos a limpiar de residuos”, explica Quintín. Este año, Liencres, Gandía y Almería han sido las playa elegidas, alcanzando un total de 3.500 kilos retirados.

Articulo y Fuente: El Pais
Redacción: Héctor Briceño

19/11/2021

La Noticia del día
Parque Nacional Alto Purús: «Las amenazas siguen en aumento y de no frenarse, el parque y la Reserva Mashco Piro estarían en riesgo»
Comuneros, especialistas y guardaparques han detectado amenazas en varios puntos del sector Sepahua – Atalaya, e incluso en una comunidad ubicada a 7 kilómetros del PNAP. Ante ello, piden urgente ayuda para construir un puesto de control en el cruce de los ríos Inuya y Mapuya. La Fiscalía Ambiental de Atalaya ha iniciado 90 investigaciones entre el 2020 y el 2021. Según las autoridades y comuneros, el estado de emergencia por la pandemia del Covid-19 ha disparado las actividades ilícitas en el área de influencia e incluso en la zona de amortiguamiento del Parque Alto Purús.
Eric* recuerda que cuando era niño pescaba en el río, junto a sus primos y abuelos, y encontraba con facilidad peces como el sábalo, la palometa, la doncella y el paco, que luego se compartían con la comunidad. “Ahora prácticamente no existen. Mis hijos ya no conocen la gamitana y el paco (peces) ni a la huangana (mamífero parecido a un jabalí)”, narra este padre de 36 años que nació y creció en el caserío de Inmaculada, ubicado en el distrito de Raimondi, y donde se cruzan los ríos Inuya y Mapuya, en la región amazónica de Ucayali, en Perú.
Si bien el caserío de Inmaculada no está reconocido como una comunidad nativa, la mayoría de sus comuneros son de la etnia asháninka y comparten el mismo espacio con amahuacas y personas de regiones altoandinas que han llegado hasta la zona. “Hay una mezcla de pueblos indígenas, pero tenemos en común que cazamos y pescamos para subsistir. El problema, desde hace años, es la disminución de animales. Antes andábamos cerca de una hora y encontrábamos animales, pero ahora tenemos que caminar hasta cuatro horas y a veces ni encontramos”, cuenta Eric. En caso de tener dinero para comprar alimentos, los habitantes de Inmaculada deben viajar durante un día por río para llegar a la ciudad más cercana: Atalaya.
La disminución de la flora y fauna, según los comuneros de los distritos de Raimondi y Sepahua (en la provincia de Atalaya), se traduce en una escasez de alimentos para las comunidades ubicadas en las cuencas de los ríos Sepahua, Inuya y Mapuya. Lo que sostienen los comuneros es que el problema ha sido generado por la tala ilegal y la deforestación para el cultivo ilegal de hoja de coca en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Alto Purús.
“Nosotros, como pueblos originarios, sentimos que estamos tan alejados que por eso nos tienen totalmente olvidados. Por eso vienen foráneos, gente ‘preparada’, con asesoría legal, y se aprovechan de nosotros. Invaden nuestros terrenos para cometer actividades ilícitas, siembran hoja de coca, comercializan droga y nos amenazan cuando hacemos esas denuncias”, señala un dirigente que por temor a las amenazas —de las que ya ha sido víctima— prefiere mantener su nombre en reserva.
Cleofas Quintori, presidente de la Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de la Provincia de Atalaya (URPIA), afirma que la organización que lidera conoce desde hace mucho tiempo el peligro generado por las ocupaciones de territorio indígena, sembríos ilegales de coca, tala ilegal y pistas de aterrizaje clandestinas. “Esto ocurre sobre todo en los distritos de Sepahua y Tahuanía, y consideramos que una de las causas es que el Estado peruano no reconoce el derecho territorial de los pueblos indígenas. Hemos denunciado estas actividades ilícitas en varias oportunidades, incluso en el 2018 hicimos un paro para exigir la titulación y ampliación de las comunidades nativas, pero no fuimos escuchados. Estamos cansados y ya hemos agotado el diálogo”, comenta.
El Parque Nacional Alto Purús (PNAP) está ubicado entre la provincia de Purús, en el departamento de Ucayali, y la provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios. Con sus 2 510 694 de hectáreas es el área natural protegida con la mayor extensión dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Pero, tal como lo advierten los comuneros e instituciones involucradas en su preservación, desde hace varios años se han ido detectando amenazas que ponen en riesgo a la zona de amortiguamiento del PNAP. Sin ir muy lejos, en el 2019, en la zona oeste del paisaje Alto Purús Manu, que involucra a los ríos Sepahua, Inuya y Mapuya se constató invasiones y deforestación de terrenos para el cultivo de hoja de coca (ver nota de Mongabay 2019).
El río Sepahua es una de las principales fuentes de alimentación de las comunidades de la zona y conduce hasta los parques nacionales Alto Purús y Manu, además de dos reservas para pueblos indígenas en aislamiento. Su recorrido está lleno de concesiones forestales, que se ubican dentro de la zona de amortiguamiento del parque, pero desde hace dos años se han empezado a detectar varios puntos de deforestación, invasiones y cerca de 74 chacras que, de acuerdo a testimonios de pobladores y autoridades, serían destinadas al cultivo ilegal de hoja de coca.
Además, uno de los principales riesgos de este importante río es que se ha convertido en la principal vía para el transporte de droga en la zona, según estudios de la Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS por sus siglas en inglés). “El Sepahua tiene interconexión con Satipo y es una primera puerta de ingreso para el narcotráfico. La afectación se genera por este tránsito de foráneos que transportan droga y se movilizan por el área de influencia e incluso por la zona de amortiguamiento. Esto se ha identificado ya en varias oportunidades”, comenta Danilo Jordán, coordinador del Proyecto Paisaje Purús de FZS, quien ha participado de los patrullajes y comenta que el acceso a la zona es muy complicado y que para hacer una intervención se requieren de más de dos semanas, además de equipos especiales. “Lamentablemente las limitaciones del Ministerio de Cultura y del Sernanp (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado) impiden una mejor articulación. Estas limitaciones se reflejan, por ejemplo, en la falta de equipamiento. Lo poco que tienen muchas veces está malogrado”, agrega.
Guardaparques del PNAP, que por seguridad han pedido la protección de sus nombres, afirman que todo lo encontrado a fines del 2019, tras el patrullaje especial que se realizó en Sepahua, fue informado a su jefatura. En ese momento, se detectaron extensas áreas de desbosque, cambio de uso de suelo, deforestación, invasiones, extracción de madera, e incluso cultivos ilícitos de coca. “En febrero del 2020 vimos que el problema estaba avanzando, pero que con la llegada de la pandemia por el COVID-19 no se pudo hacer mucho. Las amenazas siguen en aumento y de no frenarse, el parque y la reserva indígena Mashco Piro estarían en riesgo”, advierten.
La situación es igual de grave en las cuencas de los ríos Inuya y Mapuya, ubicados en el distrito de Atalaya, pues, según los guardaparques, las amenazas se encuentran en puntos ubicados a tan solo unos 7 kilómetros del Parque Nacional Alto Purús. “Las invasiones y cultivo de chacras fueron detectadas en el 2019, pero en el 2020, es decir durante la pandemia, se encontraron cultivos ilegales de hoja de coca en una nueva comunidad llamada Manitzi, la cual se encuentra superpuesta sobre la comunidad nativa de Alto Esperanza, y está a poca distancia del parque”, comentan.
Estos hechos también fueron advertidos por dirigentes de las comunidades indígenas de los ríos Inuya y Mapuya, quienes solicitaron información al Gobierno Regional de Ucayali sobre las invasiones y el proceso de titulación de la comunidad nativa de Alto Esperanza, pero la entidad solo respondió con información de Manitzi y no sobre Alto Esperanza. “Se trata de tres comunidades fantasmas que ya están instaladas y superpuestas sobre las que existían desde hace mucho tiempo. Lo que buscan, con ayuda de autoridades, es titularlas sin importarles que estén invadiendo tierras de las comunidades nativas. Lo peor es que están usando a indígenas para hacer chacras y sembrar hoja de coca”, agrega un dirigente.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Atalaya confirmó a Mongabay Latam que los delitos ambientales aumentaron durante el estado de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 en su jurisdicción, es decir en los distritos de Raimondi, Sepahua, Tahuanía y Yurúa. Entre el 2020 y lo que va del 2021, se iniciaron 90 investigaciones, entre las preliminares (que representan el 10 %) y denuncias formalizadas. “De ese total, aproximadamente un 10 % es sobre incumplimiento del manejo de residuos sólidos, el resto, es decir el 90 % de los casos denunciados, son por tala ilegal, tráfico y otros delitos. Aparentemente la pandemia ha incentivado más la comisión de delitos ambientales y nosotros hemos trabajado a tiempo completo”, precisa el fiscal provincial Raúl Huároc, de la FEMA Atalaya.
Según Upper Amazon Conservancy (UAC), organización que trabaja para mitigar los impactos de la tala ilegal y apoyar a los pueblos originarios que viven dentro y alrededor del PNAP, los territorios indígenas y áreas protegidas contiguas —incluyendo tres reservas para comunidades de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial – PIACI— están siendo invadidas por madereros y agricultores que llegan de lugares como Satipo y el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Estas personas, aseguran los especialistas de Upper Amazon, buscan tierras apartadas y sin supervisión para introducir cultivos ilegales. “Durante nuestro trabajo de campo hemos sido testigos de la presencia de foráneos y de noche incluso escuchábamos como tumbaban los árboles. En agosto del 2020 hicimos un análisis multitemporal y encontramos que invasores habían abierto una pista de aterrizaje en la misma comunidad de Raya. Esta invasión está superpuesta sobre el territorio de ampliación de Raya”, comenta William Villacorta, coordinador de campo de UAC.
Los hallazgos de las visitas a campo del fiscal Huároc coinciden con lo narrado por el experto de Upper Amazon Conservancy. “Tras una constatación en el centro poblado de Ceylán (en el distrito de Sepahua), que se ubica dentro de la concesión forestal Cristo es mi camino, hemos encontrado pistas de aterrizaje, y un aproximado de media hectárea de cultivos de ma*****na. Esto ha sido informado a la Fiscalía de tráfico ilícito de dr**as de turno de Pucallpa. Además, en Tahuania (distrito de Atalaya), encontramos cultivos de hoja de coca, tala ilegal, pistas de aterrizaje e insumos para la elaboración de pasta básica de co***na. Sobre este lugar se han abierto varias carpetas entre el año 2020 y 2021″, narra el fiscal Huároc.
Tambien en este año, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) realizó supervisiones en áreas que se ubican en la zona de amortiguamiento de Alto Purús. Según la institución, se priorizó la supervisión en concesiones forestales ubicadas en el sector de Sepahua. Se espera que su informe esté listo y se publique en las próximas semanas.
Allison Inchaustegui, coordinadora de guardaparques del Parque Nacional Alto Purús, sede operativa Sepahua, cuenta que, pese a la dificultades por la pandemia, entre octubre del 2020 y lo que va de este año se han realizado tres patrullajes junto a miembros del Comité de Vigilancia Comunal (CVC). “Lo ideal es realizar seis patrullajes al año, pero nosotros no tenemos la implementación básica necesaria, como equipos o combustible. Todas las visitas que hemos podido hacer han sido posibles porque recibimos el apoyo logístico y técnico de la FZS (Sociedad Zoológica de Frankfurt)”, precisa.
La situación es muy parecida para los tres guardaparques que trabajan en la sede operativa Atalaya, también a cargo de las labores de control y fiscalización del parque Alto Purús. “En febrero y setiembre del 2020 —narra Michel Diaz, coordinador de la sede de Atalaya— se realizaron dos patrullajes y varios ingresos rutinarios para identificación de personas con apoyo de otras instituciones. Recién en febrero de este año, con presupuesto mínimo del Sernanp, pudimos llegar a la parte baja de la cuenca del Inuya, que, aunque se trata de una zona de influencia, es igual de importante porque es el ingreso a los ríos Inuya y Mapuya”, comenta.
En estos patrullajes los guardaparques y comuneros encontraron, en el caso de Sepahua, invasiones de tierra por parte de foráneos (algunos refirieron ser de Junín y del Vraem), avance del desbosque, deforestación y cambio de uso de suelo (se hallaron espacios destinados a cultivos y ganadería). En el caso de Atalaya, se observó una situación similar a la de Sepahua y, además, cultivos ilegales de hoja de coca en la comunidad de Manitzi y en otros puntos de la zona de amortiguamiento del parque. “En octubre del 2020, durante un sobrevuelo por los ríos Inuya, Mapuya y Sepahua, se llegaron a ver hasta ocho pistas clandestinas de aterrizaje en la zona de influencia”, señalan. Para los especialistas, estas actividades estarían destinadas al narcotráfico.
Según un diagnóstico realizado por diversas instituciones, durante el 2020 en el sector Sepahua se registró ingresos de foráneos, caza, pesca y extracción ilegal de madera, apertura de carreteras en dirección al área natural protegida (ANP), tala ilegal alrededor de la Estación Ecológica Shimbillo y cambio de uso de suelos. En el Sector Atalaya, se registró ingreso de cazadores ilegales, contaminación en el río Inuya, tala ilegal, agricultura migratoria y cultivo ilegal de hoja de coca. Además, se detectaron 12 especies de fauna y flora silvestre en estado Vulnerable y una En Peligro, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Ante esta situación, los guardaparques del Sernanp consideran que el trabajo que realizan los comuneros es clave, pues son ellos quienes integran voluntariamente los Comités de Vigilancia Comunal. Este es el caso de los pobladores del caserío de Inmaculada, de las comunidades nativas de Alto Esperanza y Raya (Atalaya), y del barrio Dos de Mayo (Sepahua), quienes se unen en distintos momentos a los patrullajes de los guardaparques del Sernanp o que muchas veces son los que advierten de las amenazas que ven en sus comunidades o caseríos. “Los miembros del CVC no ganamos nada económico. Nosotros queremos formar [parte] porque los especialistas del Sernanp nos incentivan a proteger el medioambiente, pero sobre todo porque vemos cómo los animales se están alejando o desapareciendo, y como el bosque se está perdiendo”, cuenta un exguardaparque voluntario.
El modo de operación de los traficantes de tierras que denuncian los comuneros es el mismo que ha detectado la FEMA Atalaya. Según las investigaciones fiscales, habría algunas autoridades locales que incentivan las invasiones de terrenos para luego buscar mecanismos que permitan legalizar la ocupación de territorios que se ubican dentro de las concesiones forestales. “La constancia de morador es otorgada por el teniente gobernador del distrito, pero hemos visto que estas autoridades son interinas, porque luego que expiden la constancia son cambiadas por otra. Con ese documento, los traficantes solicitan su constancia de posesión, argumentando que viven varios años. Agricultura muchas veces les deniega la constancia porque están en una zona de bosque (de producción permanente o una concesión forestal). Pese a ello, con ayuda de autoridades, incluso de otra jurisdicción, realizan la transacción comercial”, detalla el fiscal Huároc.

Hace nueve años ya el Sernanp, a través del Plan Maestro 2012-2017, afirmaba que, aunque el PNAP se mantenía relativamente aislado de amenazas externas, el avance de actividades como la tala ilegal de madera, la caza furtiva, la extracción de quelonios, la sobrepesca y otras estaban cada vez más cerca, y podían provocar la extinción de especies o el agotamiento de los recursos naturales. Así, el Plan Maestro 2019-2023 señala que al 2018 la afectación en el ecosistema de bosque de colinas es de 605 ha acumuladas desde el 2011, en el ecosistema bosque con pacales es de 50 ha, en el ecosistema bajial es de 47 ha.
Ante ello, los guardaparques de Atalaya y Sepahua demandan la contratación de más personal (solo son 5 para ambos sectores) y la implementación de la logística adecuada para ellos y los guardaparques voluntarios, como equipos GPS, botes, cámaras trampa, carpas, botas, machetes y linternas, para poder monitorear las zonas de amortiguamiento e influencia.
“En este momento no tenemos un estimado de la población (comunidades nativas, pueblos indígenas en contacto inicial o en aislamiento) ni de la biodiversidad que está en riesgo por las amenazas detectadas. Este trabajo de levantamiento de información es muy complejo y se requiere de equipamiento que no se tiene, pero empezaremos a entregar a los guardaparques de Sepahua y Atalaya”, informa Danilo Jordán de la FZS.
Para evitar el incremento de las amenazas en la zona de influencia y amortiguamiento del PNAP, las organizaciones ambientales que trabajan en el área plantean la necesidad de proteger las cabeceras de ríos con la creación de una concesión para conservación de aproximadamente 65 000 hectáreas; mantener un sistema de patrullaje continuo; disminuir las limitaciones del Sernanp, a través de la implementación de equipos que requieren los guardaparques, y promover proyectos de desarrollo sostenible viables en las comunidades cercanas al PNAP, para mejorar su calidad de vida.
Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), una de las organizaciones que trabaja en el mosaico Purús-Manu, menciona que también se está trabajando en una estrategia para revalorizar los conocimientos tradicionales de las etnias que viven dentro del paisaje. «Con ello, no solo se pone en valor aquellos conocimientos de los pueblos, sino que también se generan oportunidades económicas que bien encaminadas pueden tener un gran potencial para mejorar la calidad de vida en la zona. Es clave seguir buscando alternativas de desarrollo económico que ayuden a combatir las ilegalidades».

El tema de la seguridad jurídica de los territorios es un tema clave para las comunidades. El dirigente indígena Cleofás Quintori, quien además considera necesaria la creación de una reserva comunal en Sepahua, explica que “lo primero debe ser el reconocimiento, titulación y ampliación de las comunidades nativas asentadas desde hace muchos años. El siguiente paso es impulsar actividades no maderables, es decir invertir en el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, para generar ingresos (económicos) a las comunidades nativas y sin afectar más el ambiente. Pero nada se puede lograr sin presupuesto ni decisión del Gobierno. Hasta ahora solo tenemos ayuda de los cooperantes internacionales”, agrega el dirigente indígena Cleofás Quintori, quien además considera necesaria la creación de una reserva comunal en Sepahua.
Pese a las limitaciones, los guardaparques de Atalaya lograron a principios de este año la donación de un terreno para la construcción de un puesto de control en el caserío de Inmaculada. Si bien aseguran que este ayudaría a fiscalizar las actividades en los ríos Inuya y Mapuya, el proyecto está paralizado porque faltan materiales, como calaminas y clavos para el techo, además de algunos víveres para los comuneros y guardaparques que se han comprometido a construirlo. “Este puesto volante será clave para tener el control de las personas que ingresan a esa zona. Ya hemos logrado la donación de maderas, pero nos faltan otros materiales. Actualmente hay un puesto del Ministerio de Cultura, pero no hace un control minucioso porque no les compete el cuidado de los recursos naturales”, cuenta Michel Díaz.
Mongabay Latam solicitó al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) información sobre las amenazas a la biodiversidad en la zona de influencia y área de amortiguamiento del PNAP y al Ministerio de Cultura información sLa Noticia del día
Parque Nacional Alto Purús: «Las amenazas siguen en aumento y de no frenarse, el parque y la Reserva Mashco Piro estarían en riesgo»
Comuneros, especialistas y guardaparques han detectado amenazas en varios puntos del sector Sepahua – Atalaya, e incluso en una comunidad ubicada a 7 kilómetros del PNAP. Ante ello, piden urgente ayuda para construir un puesto de control en el cruce de los ríos Inuya y Mapuya. La Fiscalía Ambiental de Atalaya ha iniciado 90 investigaciones entre el 2020 y el 2021. Según las autoridades y comuneros, el estado de emergencia por la pandemia del Covid-19 ha disparado las actividades ilícitas en el área de influencia e incluso en la zona de amortiguamiento del Parque Alto Purús.
Eric* recuerda que cuando era niño pescaba en el río, junto a sus primos y abuelos, y encontraba con facilidad peces como el sábalo, la palometa, la doncella y el paco, que luego se compartían con la comunidad. “Ahora prácticamente no existen. Mis hijos ya no conocen la gamitana y el paco (peces) ni a la huangana (mamífero parecido a un jabalí)”, narra este padre de 36 años que nació y creció en el caserío de Inmaculada, ubicado en el distrito de Raimondi, y donde se cruzan los ríos Inuya y Mapuya, en la región amazónica de Ucayali, en Perú.
Si bien el caserío de Inmaculada no está reconocido como una comunidad nativa, la mayoría de sus comuneros son de la etnia asháninka y comparten el mismo espacio con amahuacas y personas de regiones altoandinas que han llegado hasta la zona. “Hay una mezcla de pueblos indígenas, pero tenemos en común que cazamos y pescamos para subsistir. El problema, desde hace años, es la disminución de animales. Antes andábamos cerca de una hora y encontrábamos animales, pero ahora tenemos que caminar hasta cuatro horas y a veces ni encontramos”, cuenta Eric. En caso de tener dinero para comprar alimentos, los habitantes de Inmaculada deben viajar durante un día por río para llegar a la ciudad más cercana: Atalaya.
La disminución de la flora y fauna, según los comuneros de los distritos de Raimondi y Sepahua (en la provincia de Atalaya), se traduce en una escasez de alimentos para las comunidades ubicadas en las cuencas de los ríos Sepahua, Inuya y Mapuya. Lo que sostienen los comuneros es que el problema ha sido generado por la tala ilegal y la deforestación para el cultivo ilegal de hoja de coca en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Alto Purús.
“Nosotros, como pueblos originarios, sentimos que estamos tan alejados que por eso nos tienen totalmente olvidados. Por eso vienen foráneos, gente ‘preparada’, con asesoría legal, y se aprovechan de nosotros. Invaden nuestros terrenos para cometer actividades ilícitas, siembran hoja de coca, comercializan droga y nos amenazan cuando hacemos esas denuncias”, señala un dirigente que por temor a las amenazas —de las que ya ha sido víctima— prefiere mantener su nombre en reserva.
Cleofas Quintori, presidente de la Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de la Provincia de Atalaya (URPIA), afirma que la organización que lidera conoce desde hace mucho tiempo el peligro generado por las ocupaciones de territorio indígena, sembríos ilegales de coca, tala ilegal y pistas de aterrizaje clandestinas. “Esto ocurre sobre todo en los distritos de Sepahua y Tahuanía, y consideramos que una de las causas es que el Estado peruano no reconoce el derecho territorial de los pueblos indígenas. Hemos denunciado estas actividades ilícitas en varias oportunidades, incluso en el 2018 hicimos un paro para exigir la titulación y ampliación de las comunidades nativas, pero no fuimos escuchados. Estamos cansados y ya hemos agotado el diálogo”, comenta.
El Parque Nacional Alto Purús (PNAP) está ubicado entre la provincia de Purús, en el departamento de Ucayali, y la provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios. Con sus 2 510 694 de hectáreas es el área natural protegida con la mayor extensión dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Pero, tal como lo advierten los comuneros e instituciones involucradas en su preservación, desde hace varios años se han ido detectando amenazas que ponen en riesgo a la zona de amortiguamiento del PNAP. Sin ir muy lejos, en el 2019, en la zona oeste del paisaje Alto Purús Manu, que involucra a los ríos Sepahua, Inuya y Mapuya se constató invasiones y deforestación de terrenos para el cultivo de hoja de coca (ver nota de Mongabay 2019).
El río Sepahua es una de las principales fuentes de alimentación de las comunidades de la zona y conduce hasta los parques nacionales Alto Purús y Manu, además de dos reservas para pueblos indígenas en aislamiento. Su recorrido está lleno de concesiones forestales, que se ubican dentro de la zona de amortiguamiento del parque, pero desde hace dos años se han empezado a detectar varios puntos de deforestación, invasiones y cerca de 74 chacras que, de acuerdo a testimonios de pobladores y autoridades, serían destinadas al cultivo ilegal de hoja de coca.
Además, uno de los principales riesgos de este importante río es que se ha convertido en la principal vía para el transporte de droga en la zona, según estudios de la Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS por sus siglas en inglés). “El Sepahua tiene interconexión con Satipo y es una primera puerta de ingreso para el narcotráfico. La afectación se genera por este tránsito de foráneos que transportan droga y se movilizan por el área de influencia e incluso por la zona de amortiguamiento. Esto se ha identificado ya en varias oportunidades”, comenta Danilo Jordán, coordinador del Proyecto Paisaje Purús de FZS, quien ha participado de los patrullajes y comenta que el acceso a la zona es muy complicado y que para hacer una intervención se requieren de más de dos semanas, además de equipos especiales. “Lamentablemente las limitaciones del Ministerio de Cultura y del Sernanp (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado) impiden una mejor articulación. Estas limitaciones se reflejan, por ejemplo, en la falta de equipamiento. Lo poco que tienen muchas veces está malogrado”, agrega.
Guardaparques del PNAP, que por seguridad han pedido la protección de sus nombres, afirman que todo lo encontrado a fines del 2019, tras el patrullaje especial que se realizó en Sepahua, fue informado a su jefatura. En ese momento, se detectaron extensas áreas de desbosque, cambio de uso de suelo, deforestación, invasiones, extracción de madera, e incluso cultivos ilícitos de coca. “En febrero del 2020 vimos que el problema estaba avanzando, pero que con la llegada de la pandemia por el COVID-19 no se pudo hacer mucho. Las amenazas siguen en aumento y de no frenarse, el parque y la reserva indígena Mashco Piro estarían en riesgo”, advierten.
La situación es igual de grave en las cuencas de los ríos Inuya y Mapuya, ubicados en el distrito de Atalaya, pues, según los guardaparques, las amenazas se encuentran en puntos ubicados a tan solo unos 7 kilómetros del Parque Nacional Alto Purús. “Las invasiones y cultivo de chacras fueron detectadas en el 2019, pero en el 2020, es decir durante la pandemia, se encontraron cultivos ilegales de hoja de coca en una nueva comunidad llamada Manitzi, la cual se encuentra superpuesta sobre la comunidad nativa de Alto Esperanza, y está a poca distancia del parque”, comentan.
Estos hechos también fueron advertidos por dirigentes de las comunidades indígenas de los ríos Inuya y Mapuya, quienes solicitaron información al Gobierno Regional de Ucayali sobre las invasiones y el proceso de titulación de la comunidad nativa de Alto Esperanza, pero la entidad solo respondió con información de Manitzi y no sobre Alto Esperanza. “Se trata de tres comunidades fantasmas que ya están instaladas y superpuestas sobre las que existían desde hace mucho tiempo. Lo que buscan, con ayuda de autoridades, es titularlas sin importarles que estén invadiendo tierras de las comunidades nativas. Lo peor es que están usando a indígenas para hacer chacras y sembrar hoja de coca”, agrega un dirigente.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Atalaya confirmó a Mongabay Latam que los delitos ambientales aumentaron durante el estado de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 en su jurisdicción, es decir en los distritos de Raimondi, Sepahua, Tahuanía y Yurúa. Entre el 2020 y lo que va del 2021, se iniciaron 90 investigaciones, entre las preliminares (que representan el 10 %) y denuncias formalizadas. “De ese total, aproximadamente un 10 % es sobre incumplimiento del manejo de residuos sólidos, el resto, es decir el 90 % de los casos denunciados, son por tala ilegal, tráfico y otros delitos. Aparentemente la pandemia ha incentivado más la comisión de delitos ambientales y nosotros hemos trabajado a tiempo completo”, precisa el fiscal provincial Raúl Huároc, de la FEMA Atalaya.
Según Upper Amazon Conservancy (UAC), organización que trabaja para mitigar los impactos de la tala ilegal y apoyar a los pueblos originarios que viven dentro y alrededor del PNAP, los territorios indígenas y áreas protegidas contiguas —incluyendo tres reservas para comunidades de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial – PIACI— están siendo invadidas por madereros y agricultores que llegan de lugares como Satipo y el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Estas personas, aseguran los especialistas de Upper Amazon, buscan tierras apartadas y sin supervisión para introducir cultivos ilegales. “Durante nuestro trabajo de campo hemos sido testigos de la presencia de foráneos y de noche incluso escuchábamos como tumbaban los árboles. En agosto del 2020 hicimos un análisis multitemporal y encontramos que invasores habían abierto una pista de aterrizaje en la misma comunidad de Raya. Esta invasión está superpuesta sobre el territorio de ampliación de Raya”, comenta William Villacorta, coordinador de campo de UAC.
Los hallazgos de las visitas a campo del fiscal Huároc coinciden con lo narrado por el experto de Upper Amazon Conservancy. “Tras una constatación en el centro poblado de Ceylán (en el distrito de Sepahua), que se ubica dentro de la concesión forestal Cristo es mi camino, hemos encontrado pistas de aterrizaje, y un aproximado de media hectárea de cultivos de ma*****na. Esto ha sido informado a la Fiscalía de tráfico ilícito de dr**as de turno de Pucallpa. Además, en Tahuania (distrito de Atalaya), encontramos cultivos de hoja de coca, tala ilegal, pistas de aterrizaje e insumos para la elaboración de pasta básica de co***na. Sobre este lugar se han abierto varias carpetas entre el año 2020 y 2021″, narra el fiscal Huároc.
Tambien en este año, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) realizó supervisiones en áreas que se ubican en la zona de amortiguamiento de Alto Purús. Según la institución, se priorizó la supervisión en concesiones forestales ubicadas en el sector de Sepahua. Se espera que su informe esté listo y se publique en las próximas semanas.
Allison Inchaustegui, coordinadora de guardaparques del Parque Nacional Alto Purús, sede operativa Sepahua, cuenta que, pese a la dificultades por la pandemia, entre octubre del 2020 y lo que va de este año se han realizado tres patrullajes junto a miembros del Comité de Vigilancia Comunal (CVC). “Lo ideal es realizar seis patrullajes al año, pero nosotros no tenemos la implementación básica necesaria, como equipos o combustible. Todas las visitas que hemos podido hacer han sido posibles porque recibimos el apoyo logístico y técnico de la FZS (Sociedad Zoológica de Frankfurt)”, precisa.
La situación es muy parecida para los tres guardaparques que trabajan en la sede operativa Atalaya, también a cargo de las labores de control y fiscalización del parque Alto Purús. “En febrero y setiembre del 2020 —narra Michel Diaz, coordinador de la sede de Atalaya— se realizaron dos patrullajes y varios ingresos rutinarios para identificación de personas con apoyo de otras instituciones. Recién en febrero de este año, con presupuesto mínimo del Sernanp, pudimos llegar a la parte baja de la cuenca del Inuya, que, aunque se trata de una zona de influencia, es igual de importante porque es el ingreso a los ríos Inuya y Mapuya”, comenta.
En estos patrullajes los guardaparques y comuneros encontraron, en el caso de Sepahua, invasiones de tierra por parte de foráneos (algunos refirieron ser de Junín y del Vraem), avance del desbosque, deforestación y cambio de uso de suelo (se hallaron espacios destinados a cultivos y ganadería). En el caso de Atalaya, se observó una situación similar a la de Sepahua y, además, cultivos ilegales de hoja de coca en la comunidad de Manitzi y en otros puntos de la zona de amortiguamiento del parque. “En octubre del 2020, durante un sobrevuelo por los ríos Inuya, Mapuya y Sepahua, se llegaron a ver hasta ocho pistas clandestinas de aterrizaje en la zona de influencia”, señalan. Para los especialistas, estas actividades estarían destinadas al narcotráfico.
Según un diagnóstico realizado por diversas instituciones, durante el 2020 en el sector Sepahua se registró ingresos de foráneos, caza, pesca y extracción ilegal de madera, apertura de carreteras en dirección al área natural protegida (ANP), tala ilegal alrededor de la Estación Ecológica Shimbillo y cambio de uso de suelos. En el Sector Atalaya, se registró ingreso de cazadores ilegales, contaminación en el río Inuya, tala ilegal, agricultura migratoria y cultivo ilegal de hoja de coca. Además, se detectaron 12 especies de fauna y flora silvestre en estado Vulnerable y una En Peligro, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Ante esta situación, los guardaparques del Sernanp consideran que el trabajo que realizan los comuneros es clave, pues son ellos quienes integran voluntariamente los Comités de Vigilancia Comunal. Este es el caso de los pobladores del caserío de Inmaculada, de las comunidades nativas de Alto Esperanza y Raya (Atalaya), y del barrio Dos de Mayo (Sepahua), quienes se unen en distintos momentos a los patrullajes de los guardaparques del Sernanp o que muchas veces son los que advierten de las amenazas que ven en sus comunidades o caseríos. “Los miembros del CVC no ganamos nada económico. Nosotros queremos formar [parte] porque los especialistas del Sernanp nos incentivan a proteger el medioambiente, pero sobre todo porque vemos cómo los animales se están alejando o desapareciendo, y como el bosque se está perdiendo”, cuenta un exguardaparque voluntario.
El modo de operación de los traficantes de tierras que denuncian los comuneros es el mismo que ha detectado la FEMA Atalaya. Según las investigaciones fiscales, habría algunas autoridades locales que incentivan las invasiones de terrenos para luego buscar mecanismos que permitan legalizar la ocupación de territorios que se ubican dentro de las concesiones forestales. “La constancia de morador es otorgada por el teniente gobernador del distrito, pero hemos visto que estas autoridades son interinas, porque luego que expiden la constancia son cambiadas por otra. Con ese documento, los traficantes solicitan su constancia de posesión, argumentando que viven varios años. Agricultura muchas veces les deniega la constancia porque están en una zona de bosque (de producción permanente o una concesión forestal). Pese a ello, con ayuda de autoridades, incluso de otra jurisdicción, realizan la transacción comercial”, detalla el fiscal Huároc.

Hace nueve años ya el Sernanp, a través del Plan Maestro 2012-2017, afirmaba que, aunque el PNAP se mantenía relativamente aislado de amenazas externas, el avance de actividades como la tala ilegal de madera, la caza furtiva, la extracción de quelonios, la sobrepesca y otras estaban cada vez más cerca, y podían provocar la extinción de especies o el agotamiento de los recursos naturales. Así, el Plan Maestro 2019-2023 señala que al 2018 la afectación en el ecosistema de bosque de colinas es de 605 ha acumuladas desde el 2011, en el ecosistema bosque con pacales es de 50 ha, en el ecosistema bajial es de 47 ha.
Ante ello, los guardaparques de Atalaya y Sepahua demandan la contratación de más personal (solo son 5 para ambos sectores) y la implementación de la logística adecuada para ellos y los guardaparques voluntarios, como equipos GPS, botes, cámaras trampa, carpas, botas, machetes y linternas, para poder monitorear las zonas de amortiguamiento e influencia.
“En este momento no tenemos un estimado de la población (comunidades nativas, pueblos indígenas en contacto inicial o en aislamiento) ni de la biodiversidad que está en riesgo por las amenazas detectadas. Este trabajo de levantamiento de información es muy complejo y se requiere de equipamiento que no se tiene, pero empezaremos a entregar a los guardaparques de Sepahua y Atalaya”, informa Danilo Jordán de la FZS.
Para evitar el incremento de las amenazas en la zona de influencia y amortiguamiento del PNAP, las organizaciones ambientales que trabajan en el área plantean la necesidad de proteger las cabeceras de ríos con la creación de una concesión para conservación de aproximadamente 65 000 hectáreas; mantener un sistema de patrullaje continuo; disminuir las limitaciones del Sernanp, a través de la implementación de equipos que requieren los guardaparques, y promover proyectos de desarrollo sostenible viables en las comunidades cercanas al PNAP, para mejorar su calidad de vida.
Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), una de las organizaciones que trabaja en el mosaico Purús-Manu, menciona que también se está trabajando en una estrategia para revalorizar los conocimientos tradicionales de las etnias que viven dentro del paisaje. «Con ello, no solo se pone en valor aquellos conocimientos de los pueblos, sino que también se generan oportunidades económicas que bien encaminadas pueden tener un gran potencial para mejorar la calidad de vida en la zona. Es clave seguir buscando alternativas de desarrollo económico que ayuden a combatir las ilegalidades».

El tema de la seguridad jurídica de los territorios es un tema clave para las comunidades. El dirigente indígena Cleofás Quintori, quien además considera necesaria la creación de una reserva comunal en Sepahua, explica que “lo primero debe ser el reconocimiento, titulación y ampliación de las comunidades nativas asentadas desde hace muchos años. El siguiente paso es impulsar actividades no maderables, es decir invertir en el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, para generar ingresos (económicos) a las comunidades nativas y sin afectar más el ambiente. Pero nada se puede lograr sin presupuesto ni decisión del Gobierno. Hasta ahora solo tenemos ayuda de los cooperantes internacionales”, agrega el dirigente indígena Cleofás Quintori, quien además considera necesaria la creación de una reserva comunal en Sepahua.
Pese a las limitaciones, los guardaparques de Atalaya lograron a principios de este año la donación de un terreno para la construcción de un puesto de control en el caserío de Inmaculada. Si bien aseguran que este ayudaría a fiscalizar las actividades en los ríos Inuya y Mapuya, el proyecto está paralizado porque faltan materiales, como calaminas y clavos para el techo, además de algunos víveres para los comuneros y guardaparques que se han comprometido a construirlo. “Este puesto volante será clave para tener el control de las personas que ingresan a esa zona. Ya hemos logrado la donación de maderas, pero nos faltan otros materiales. Actualmente hay un puesto del Ministerio de Cultura, pero no hace un control minucioso porque no les compete el cuidado de los recursos naturales”, cuenta Michel Díaz.
Mongabay Latam solicitó al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) información sobre las amenazas a la biodiversidad en la zona de influencia y área de amortiguamiento del PNAP y al Ministerio de Cultura información sobre la afectación a las comunidades nativas, sobre todo para algunos pueblos en contacto inicial y en situación de aislamiento, pero no respondieron nuestro pedido.

La Noticia del día
Parque Nacional Alto Purús: «Las amenazas siguen en aumento y de no frenarse, el parque y la Reserva Mashco Piro estarían en riesgo»
Comuneros, especialistas y guardaparques han detectado amenazas en varios puntos del sector Sepahua – Atalaya, e incluso en una comunidad ubicada a 7 kilómetros del PNAP. Ante ello, piden urgente ayuda para construir un puesto de control en el cruce de los ríos Inuya y Mapuya. La Fiscalía Ambiental de Atalaya ha iniciado 90 investigaciones entre el 2020 y el 2021. Según las autoridades y comuneros, el estado de emergencia por la pandemia del Covid-19 ha disparado las actividades ilícitas en el área de influencia e incluso en la zona de amortiguamiento del Parque Alto Purús.
Eric* recuerda que cuando era niño pescaba en el río, junto a sus primos y abuelos, y encontraba con facilidad peces como el sábalo, la palometa, la doncella y el paco, que luego se compartían con la comunidad. “Ahora prácticamente no existen. Mis hijos ya no conocen la gamitana y el paco (peces) ni a la huangana (mamífero parecido a un jabalí)”, narra este padre de 36 años que nació y creció en el caserío de Inmaculada, ubicado en el distrito de Raimondi, y donde se cruzan los ríos Inuya y Mapuya, en la región amazónica de Ucayali, en Perú.
Si bien el caserío de Inmaculada no está reconocido como una comunidad nativa, la mayoría de sus comuneros son de la etnia asháninka y comparten el mismo espacio con amahuacas y personas de regiones altoandinas que han llegado hasta la zona. “Hay una mezcla de pueblos indígenas, pero tenemos en común que cazamos y pescamos para subsistir. El problema, desde hace años, es la disminución de animales. Antes andábamos cerca de una hora y encontrábamos animales, pero ahora tenemos que caminar hasta cuatro horas y a veces ni encontramos”, cuenta Eric. En caso de tener dinero para comprar alimentos, los habitantes de Inmaculada deben viajar durante un día por río para llegar a la ciudad más cercana: Atalaya.
La disminución de la flora y fauna, según los comuneros de los distritos de Raimondi y Sepahua (en la provincia de Atalaya), se traduce en una escasez de alimentos para las comunidades ubicadas en las cuencas de los ríos Sepahua, Inuya y Mapuya. Lo que sostienen los comuneros es que el problema ha sido generado por la tala ilegal y la deforestación para el cultivo ilegal de hoja de coca en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Alto Purús.
“Nosotros, como pueblos originarios, sentimos que estamos tan alejados que por eso nos tienen totalmente olvidados. Por eso vienen foráneos, gente ‘preparada’, con asesoría legal, y se aprovechan de nosotros. Invaden nuestros terrenos para cometer actividades ilícitas, siembran hoja de coca, comercializan droga y nos amenazan cuando hacemos esas denuncias”, señala un dirigente que por temor a las amenazas —de las que ya ha sido víctima— prefiere mantener su nombre en reserva.
Cleofas Quintori, presidente de la Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de la Provincia de Atalaya (URPIA), afirma que la organización que lidera conoce desde hace mucho tiempo el peligro generado por las ocupaciones de territorio indígena, sembríos ilegales de coca, tala ilegal y pistas de aterrizaje clandestinas. “Esto ocurre sobre todo en los distritos de Sepahua y Tahuanía, y consideramos que una de las causas es que el Estado peruano no reconoce el derecho territorial de los pueblos indígenas. Hemos denunciado estas actividades ilícitas en varias oportunidades, incluso en el 2018 hicimos un paro para exigir la titulación y ampliación de las comunidades nativas, pero no fuimos escuchados. Estamos cansados y ya hemos agotado el diálogo”, comenta.
El Parque Nacional Alto Purús (PNAP) está ubicado entre la provincia de Purús, en el departamento de Ucayali, y la provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios. Con sus 2 510 694 de hectáreas es el área natural protegida con la mayor extensión dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Pero, tal como lo advierten los comuneros e instituciones involucradas en su preservación, desde hace varios años se han ido detectando amenazas que ponen en riesgo a la zona de amortiguamiento del PNAP. Sin ir muy lejos, en el 2019, en la zona oeste del paisaje Alto Purús Manu, que involucra a los ríos Sepahua, Inuya y Mapuya se constató invasiones y deforestación de terrenos para el cultivo de hoja de coca (ver nota de Mongabay 2019).
El río Sepahua es una de las principales fuentes de alimentación de las comunidades de la zona y conduce hasta los parques nacionales Alto Purús y Manu, además de dos reservas para pueblos indígenas en aislamiento. Su recorrido está lleno de concesiones forestales, que se ubican dentro de la zona de amortiguamiento del parque, pero desde hace dos años se han empezado a detectar varios puntos de deforestación, invasiones y cerca de 74 chacras que, de acuerdo a testimonios de pobladores y autoridades, serían destinadas al cultivo ilegal de hoja de coca.
Además, uno de los principales riesgos de este importante río es que se ha convertido en la principal vía para el transporte de droga en la zona, según estudios de la Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS por sus siglas en inglés). “El Sepahua tiene interconexión con Satipo y es una primera puerta de ingreso para el narcotráfico. La afectación se genera por este tránsito de foráneos que transportan droga y se movilizan por el área de influencia e incluso por la zona de amortiguamiento. Esto se ha identificado ya en varias oportunidades”, comenta Danilo Jordán, coordinador del Proyecto Paisaje Purús de FZS, quien ha participado de los patrullajes y comenta que el acceso a la zona es muy complicado y que para hacer una intervención se requieren de más de dos semanas, además de equipos especiales. “Lamentablemente las limitaciones del Ministerio de Cultura y del Sernanp (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado) impiden una mejor articulación. Estas limitaciones se reflejan, por ejemplo, en la falta de equipamiento. Lo poco que tienen muchas veces está malogrado”, agrega.
Guardaparques del PNAP, que por seguridad han pedido la protección de sus nombres, afirman que todo lo encontrado a fines del 2019, tras el patrullaje especial que se realizó en Sepahua, fue informado a su jefatura. En ese momento, se detectaron extensas áreas de desbosque, cambio de uso de suelo, deforestación, invasiones, extracción de madera, e incluso cultivos ilícitos de coca. “En febrero del 2020 vimos que el problema estaba avanzando, pero que con la llegada de la pandemia por el COVID-19 no se pudo hacer mucho. Las amenazas siguen en aumento y de no frenarse, el parque y la reserva indígena Mashco Piro estarían en riesgo”, advierten.
La situación es igual de grave en las cuencas de los ríos Inuya y Mapuya, ubicados en el distrito de Atalaya, pues, según los guardaparques, las amenazas se encuentran en puntos ubicados a tan solo unos 7 kilómetros del Parque Nacional Alto Purús. “Las invasiones y cultivo de chacras fueron detectadas en el 2019, pero en el 2020, es decir durante la pandemia, se encontraron cultivos ilegales de hoja de coca en una nueva comunidad llamada Manitzi, la cual se encuentra superpuesta sobre la comunidad nativa de Alto Esperanza, y está a poca distancia del parque”, comentan.
Estos hechos también fueron advertidos por dirigentes de las comunidades indígenas de los ríos Inuya y Mapuya, quienes solicitaron información al Gobierno Regional de Ucayali sobre las invasiones y el proceso de titulación de la comunidad nativa de Alto Esperanza, pero la entidad solo respondió con información de Manitzi y no sobre Alto Esperanza. “Se trata de tres comunidades fantasmas que ya están instaladas y superpuestas sobre las que existían desde hace mucho tiempo. Lo que buscan, con ayuda de autoridades, es titularlas sin importarles que estén invadiendo tierras de las comunidades nativas. Lo peor es que están usando a indígenas para hacer chacras y sembrar hoja de coca”, agrega un dirigente.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Atalaya confirmó a Mongabay Latam que los delitos ambientales aumentaron durante el estado de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 en su jurisdicción, es decir en los distritos de Raimondi, Sepahua, Tahuanía y Yurúa. Entre el 2020 y lo que va del 2021, se iniciaron 90 investigaciones, entre las preliminares (que representan el 10 %) y denuncias formalizadas. “De ese total, aproximadamente un 10 % es sobre incumplimiento del manejo de residuos sólidos, el resto, es decir el 90 % de los casos denunciados, son por tala ilegal, tráfico y otros delitos. Aparentemente la pandemia ha incentivado más la comisión de delitos ambientales y nosotros hemos trabajado a tiempo completo”, precisa el fiscal provincial Raúl Huároc, de la FEMA Atalaya.
Según Upper Amazon Conservancy (UAC), organización que trabaja para mitigar los impactos de la tala ilegal y apoyar a los pueblos originarios que viven dentro y alrededor del PNAP, los territorios indígenas y áreas protegidas contiguas —incluyendo tres reservas para comunidades de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial – PIACI— están siendo invadidas por madereros y agricultores que llegan de lugares como Satipo y el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Estas personas, aseguran los especialistas de Upper Amazon, buscan tierras apartadas y sin supervisión para introducir cultivos ilegales. “Durante nuestro trabajo de campo hemos sido testigos de la presencia de foráneos y de noche incluso escuchábamos como tumbaban los árboles. En agosto del 2020 hicimos un análisis multitemporal y encontramos que invasores habían abierto una pista de aterrizaje en la misma comunidad de Raya. Esta invasión está superpuesta sobre el territorio de ampliación de Raya”, comenta William Villacorta, coordinador de campo de UAC.
Los hallazgos de las visitas a campo del fiscal Huároc coinciden con lo narrado por el experto de Upper Amazon Conservancy. “Tras una constatación en el centro poblado de Ceylán (en el distrito de Sepahua), que se ubica dentro de la concesión forestal Cristo es mi camino, hemos encontrado pistas de aterrizaje, y un aproximado de media hectárea de cultivos de ma*****na. Esto ha sido informado a la Fiscalía de tráfico ilícito de dr**as de turno de Pucallpa. Además, en Tahuania (distrito de Atalaya), encontramos cultivos de hoja de coca, tala ilegal, pistas de aterrizaje e insumos para la elaboración de pasta básica de co***na. Sobre este lugar se han abierto varias carpetas entre el año 2020 y 2021″, narra el fiscal Huároc.
Tambien en este año, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) realizó supervisiones en áreas que se ubican en la zona de amortiguamiento de Alto Purús. Según la institución, se priorizó la supervisión en concesiones forestales ubicadas en el sector de Sepahua. Se espera que su informe esté listo y se publique en las próximas semanas.
Allison Inchaustegui, coordinadora de guardaparques del Parque Nacional Alto Purús, sede operativa Sepahua, cuenta que, pese a la dificultades por la pandemia, entre octubre del 2020 y lo que va de este año se han realizado tres patrullajes junto a miembros del Comité de Vigilancia Comunal (CVC). “Lo ideal es realizar seis patrullajes al año, pero nosotros no tenemos la implementación básica necesaria, como equipos o combustible. Todas las visitas que hemos podido hacer han sido posibles porque recibimos el apoyo logístico y técnico de la FZS (Sociedad Zoológica de Frankfurt)”, precisa.
La situación es muy parecida para los tres guardaparques que trabajan en la sede operativa Atalaya, también a cargo de las labores de control y fiscalización del parque Alto Purús. “En febrero y setiembre del 2020 —narra Michel Diaz, coordinador de la sede de Atalaya— se realizaron dos patrullajes y varios ingresos rutinarios para identificación de personas con apoyo de otras instituciones. Recién en febrero de este año, con presupuesto mínimo del Sernanp, pudimos llegar a la parte baja de la cuenca del Inuya, que, aunque se trata de una zona de influencia, es igual de importante porque es el ingreso a los ríos Inuya y Mapuya”, comenta.
En estos patrullajes los guardaparques y comuneros encontraron, en el caso de Sepahua, invasiones de tierra por parte de foráneos (algunos refirieron ser de Junín y del Vraem), avance del desbosque, deforestación y cambio de uso de suelo (se hallaron espacios destinados a cultivos y ganadería). En el caso de Atalaya, se observó una situación similar a la de Sepahua y, además, cultivos ilegales de hoja de coca en la comunidad de Manitzi y en otros puntos de la zona de amortiguamiento del parque. “En octubre del 2020, durante un sobrevuelo por los ríos Inuya, Mapuya y Sepahua, se llegaron a ver hasta ocho pistas clandestinas de aterrizaje en la zona de influencia”, señalan. Para los especialistas, estas actividades estarían destinadas al narcotráfico.
Según un diagnóstico realizado por diversas instituciones, durante el 2020 en el sector Sepahua se registró ingresos de foráneos, caza, pesca y extracción ilegal de madera, apertura de carreteras en dirección al área natural protegida (ANP), tala ilegal alrededor de la Estación Ecológica Shimbillo y cambio de uso de suelos. En el Sector Atalaya, se registró ingreso de cazadores ilegales, contaminación en el río Inuya, tala ilegal, agricultura migratoria y cultivo ilegal de hoja de coca. Además, se detectaron 12 especies de fauna y flora silvestre en estado Vulnerable y una En Peligro, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Ante esta situación, los guardaparques del Sernanp consideran que el trabajo que realizan los comuneros es clave, pues son ellos quienes integran voluntariamente los Comités de Vigilancia Comunal. Este es el caso de los pobladores del caserío de Inmaculada, de las comunidades nativas de Alto Esperanza y Raya (Atalaya), y del barrio Dos de Mayo (Sepahua), quienes se unen en distintos momentos a los patrullajes de los guardaparques del Sernanp o que muchas veces son los que advierten de las amenazas que ven en sus comunidades o caseríos. “Los miembros del CVC no ganamos nada económico. Nosotros queremos formar [parte] porque los especialistas del Sernanp nos incentivan a proteger el medioambiente, pero sobre todo porque vemos cómo los animales se están alejando o desapareciendo, y como el bosque se está perdiendo”, cuenta un exguardaparque voluntario.
El modo de operación de los traficantes de tierras que denuncian los comuneros es el mismo que ha detectado la FEMA Atalaya. Según las investigaciones fiscales, habría algunas autoridades locales que incentivan las invasiones de terrenos para luego buscar mecanismos que permitan legalizar la ocupación de territorios que se ubican dentro de las concesiones forestales. “La constancia de morador es otorgada por el teniente gobernador del distrito, pero hemos visto que estas autoridades son interinas, porque luego que expiden la constancia son cambiadas por otra. Con ese documento, los traficantes solicitan su constancia de posesión, argumentando que viven varios años. Agricultura muchas veces les deniega la constancia porque están en una zona de bosque (de producción permanente o una concesión forestal). Pese a ello, con ayuda de autoridades, incluso de otra jurisdicción, realizan la transacción comercial”, detalla el fiscal Huároc.

Hace nueve años ya el Sernanp, a través del Plan Maestro 2012-2017, afirmaba que, aunque el PNAP se mantenía relativamente aislado de amenazas externas, el avance de actividades como la tala ilegal de madera, la caza furtiva, la extracción de quelonios, la sobrepesca y otras estaban cada vez más cerca, y podían provocar la extinción de especies o el agotamiento de los recursos naturales. Así, el Plan Maestro 2019-2023 señala que al 2018 la afectación en el ecosistema de bosque de colinas es de 605 ha acumuladas desde el 2011, en el ecosistema bosque con pacales es de 50 ha, en el ecosistema bajial es de 47 ha.
Ante ello, los guardaparques de Atalaya y Sepahua demandan la contratación de más personal (solo son 5 para ambos sectores) y la implementación de la logística adecuada para ellos y los guardaparques voluntarios, como equipos GPS, botes, cámaras trampa, carpas, botas, machetes y linternas, para poder monitorear las zonas de amortiguamiento e influencia.
“En este momento no tenemos un estimado de la población (comunidades nativas, pueblos indígenas en contacto inicial o en aislamiento) ni de la biodiversidad que está en riesgo por las amenazas detectadas. Este trabajo de levantamiento de información es muy complejo y se requiere de equipamiento que no se tiene, pero empezaremos a entregar a los guardaparques de Sepahua y Atalaya”, informa Danilo Jordán de la FZS.
Para evitar el incremento de las amenazas en la zona de influencia y amortiguamiento del PNAP, las organizaciones ambientales que trabajan en el área plantean la necesidad de proteger las cabeceras de ríos con la creación de una concesión para conservación de aproximadamente 65 000 hectáreas; mantener un sistema de patrullaje continuo; disminuir las limitaciones del Sernanp, a través de la implementación de equipos que requieren los guardaparques, y promover proyectos de desarrollo sostenible viables en las comunidades cercanas al PNAP, para mejorar su calidad de vida.
Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), una de las organizaciones que trabaja en el mosaico Purús-Manu, menciona que también se está trabajando en una estrategia para revalorizar los conocimientos tradicionales de las etnias que viven dentro del paisaje. «Con ello, no solo se pone en valor aquellos conocimientos de los pueblos, sino que también se generan oportunidades económicas que bien encaminadas pueden tener un gran potencial para mejorar la calidad de vida en la zona. Es clave seguir buscando alternativas de desarrollo económico que ayuden a combatir las ilegalidades».

El tema de la seguridad jurídica de los territorios es un tema clave para las comunidades. El dirigente indígena Cleofás Quintori, quien además considera necesaria la creación de una reserva comunal en Sepahua, explica que “lo primero debe ser el reconocimiento, titulación y ampliación de las comunidades nativas asentadas desde hace muchos años. El siguiente paso es impulsar actividades no maderables, es decir invertir en el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, para generar ingresos (económicos) a las comunidades nativas y sin afectar más el ambiente. Pero nada se puede lograr sin presupuesto ni decisión del Gobierno. Hasta ahora solo tenemos ayuda de los cooperantes internacionales”, agrega el dirigente indígena Cleofás Quintori, quien además considera necesaria la creación de una reserva comunal en Sepahua.
Pese a las limitaciones, los guardaparques de Atalaya lograron a principios de este año la donación de un terreno para la construcción de un puesto de control en el caserío de Inmaculada. Si bien aseguran que este ayudaría a fiscalizar las actividades en los ríos Inuya y Mapuya, el proyecto está paralizado porque faltan materiales, como calaminas y clavos para el techo, además de algunos víveres para los comuneros y guardaparques que se han comprometido a construirlo. “Este puesto volante será clave para tener el control de las personas que ingresan a esa zona. Ya hemos logrado la donación de maderas, pero nos faltan otros materiales. Actualmente hay un puesto del Ministerio de Cultura, pero no hace un control minucioso porque no les compete el cuidado de los recursos naturales”, cuenta Michel Díaz.
Mongabay Latam solicitó al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) información sobre las amenazas a la biodiversidad en la zona de influencia y área de amortiguamiento del PNAP y al Ministerio de Cultura información sobre la afectación a las comunidades nativas, sobre todo para algunos pueblos en contacto inicial y en situación de aislamiento, pero no respondieron nuestro pedido.

Fuente y Artículo: El País
Redacción: Hector Briceño

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