31/08/2026
Reformas sí, cheque en blanco no
Buen Gobierno ante las facultades económicas solicitadas por el Ejecutivo
El Perú necesita recuperar crecimiento, inversión y empleo formal. Eso no está en discusión. Lo que sí está en discusión es cómo se llega ahí, y con qué garantías. Porque el país también necesita instituciones que aseguren que las reformas se aprueben con objetivos claros, evidencia técnica y control democrático, no por la vía rápida de un plazo de 120 días sin metas que rendir. Desde el Partido del Buen Gobierno evaluamos este pedido de facultades pensando en eso: en el país, no en la conveniencia política del Gobierno ni en el cálculo de quienes se oponen por oponerse.
El Ejecutivo solicita autorización para legislar durante 120 días en 66 materias. Según el análisis técnico que sustenta esta posición, 54 de ellas —el 82%— son económicas, y 23 podrían considerarse reformas estructurales propiamente dichas. Es, por donde se le mire, un pedido amplio. Y sin embargo, tal como está planteado, no fija una sola meta verificable de inversión, formalización, recaudación o reducción de plazos administrativos. Se pide autorización para actuar, pero no se dice todavía, con precisión, hacia dónde.
Esa amplitud exige responsabilidad, no entusiasmo automático. Jorge Nieto lo ha planteado con claridad: las facultades deben respetar el artículo 104 de la Constitución, que exige precisar las materias, establecer límites exactos y definir el plazo de la delegación. Ha señalado también algo que compartimos sin matices: las medidas destinadas a enfrentar el Niño Costero merecen atención y respaldo inmediatos. Ahí no hay espacio para el debate dilatorio; hay vidas, infraestructura y actividad productiva en juego, y el Congreso debe actuar en consecuencia.
Nuestra postura, entonces, es clara: respaldaremos las reformas necesarias, pero no vamos a entregar un cheque en blanco.
Lo que el pedido trae de valioso
Hay medidas en este paquete que pueden contribuir de verdad al desarrollo nacional: modernizar el marco eléctrico, agilizar permisos, fortalecer las asociaciones público-privadas, simplificar los regímenes tributarios, formalizar a las micro y pequeñas empresas, ampliar el acceso al crédito y ordenar la actividad minera. Son temas relevantes y, en varios casos, urgentes. Pero relevancia no es lo mismo que carta blanca: su aprobación debe venir acompañada de indicadores, salvaguardas y rendición de cuentas.
Tomemos la formalización. No puede reducirse a registrar empresas o inventar otro régimen tributario más. Eso ya lo hemos visto, y no ha funcionado como se esperaba. Una reforma seria tiene que disminuir el costo de permanecer formal, facilitar el financiamiento, mejorar la protección social y permitir que las MYPE crezcan sin ser castigadas por superar determinados umbrales. Una empresa no se formaliza cuando obtiene un número de registro; se formaliza cuando encuentra beneficios reales para producir, contratar e invertir dentro de la legalidad. Si no resolvemos eso, seguiremos formalizando papeles, no negocios.
También hay fundamentos sólidos para revisar los topes a las tasas de interés, porque terminaron excluyendo del crédito formal a miles de ciudadanos que, en teoría, la norma buscaba proteger. Pero su eliminación no puede ser un fin en sí mismo. Debe acompañarse de transparencia sobre el costo total de los préstamos, mayor competencia en el sistema financiero, educación financiera real y protección efectiva del consumidor. El objetivo no es simplemente colocar más créditos en el mercado; es evitar que las familias terminen atrapadas entre el sobreendeudamiento formal y el préstamo informal, que suele ser peor que el problema que se quería resolver.
Y en materia de inversión, agilizar permisos no puede significar debilitar estándares ambientales, así como promover asociaciones público-privadas no puede implicar trasladar riesgos excesivos al Estado —y, en última instancia, al contribuyente. La verdadera simplificación elimina duplicidades, fija plazos y mejora la calidad de las decisiones. No elimina controles indispensables, y mucho menos convierte una urgencia legítima en una puerta abierta a la improvisación.
Cinco condiciones, no un obstáculo
Por eso, desde Buen Gobierno proponemos cinco condiciones mínimas para aprobar las facultades económicas: materias claramente delimitadas, objetivos públicos concretos, indicadores de resultado, mecanismos de transparencia y control posterior del Congreso.
Que quede claro: esta posición no es obstruccionismo. Es responsabilidad democrática, que es distinta. Ayudar a gobernar no significa renunciar a fiscalizar. Dialogar no significa someterse. Y actuar con urgencia —que a veces hay que hacerlo, y rápido— no significa legislar a ciegas.
El Gobierno tendrá nuestro respaldo en todo aquello que permita generar empleo, impulsar la inversión, fortalecer a las MYPE, prevenir los efectos del Niño Costero y mejorar la vida de los ciudadanos. Pero cada facultad que se otorgue deberá tener un propósito definido, un límite claro y un resultado que el país pueda comprobar después, no solo prometer antes.
Esa es, para nosotros, la forma correcta de ejercer una oposición leal al Perú: apoyar lo correcto, corregir lo insuficiente y rechazar cualquier exceso.
Reformas sí. Facultades precisas, también. Cheque en blanco, no.
*Fuentes de las declaraciones de Jorge Nieto
- Diario El Pueblo, 28 de agosto de 2026: "Jorge Nieto: El gobierno de Keiko tiene dificultades para empezar a caminar"
- El Búho, 27 de agosto de 2026: "Jorge Nieto condiciona facultades al Ejecutivo: Todo aquello que tenga que ver con el fenómeno del Niño Costero sí es automático"
