20/01/2026
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El Chapucero Oficial Gobierno de México
Morena ante el espejo roto
Cuando la democracia interna estorba al poder
Por Amaury Sánchez G.
Morena nació como una promesa y creció como un movimiento. Durante años fue refugio de inconformes, cauce de agravios históricos y vehículo de una idea simple pero poderosa: la política debía volver a servir a la gente y no a las cúpulas. Hoy, esa promesa enfrenta su prueba más incómoda, no frente a la derecha ni ante la oposición tradicional, sino en los pasillos de su propia casa.
La reciente resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que avala la prórroga de los Comités Ejecutivos Estatales de Morena hasta 2027, ha abierto una grieta que no se puede tapar con comunicados ni con votos mayoritarios de magistrados. Lo que está en juego no es un trámite administrativo ni una diferencia de interpretación estatutaria: es la vigencia real de la democracia interna en el partido que gobierna México.
Para el ciudadano común, el asunto puede parecer lejano, técnico, incluso aburrido. Pero conviene explicarlo con palabras sencillas. Los comités estatales de Morena tenían un periodo definido. Ese periodo terminó. En lugar de renovar a sus dirigencias mediante procesos democráticos, la cúpula partidista decidió extender su mandato, y el Tribunal —llamado a ser árbitro— decidió avalar la maniobra bajo el argumento de que “no se afectan los derechos de la militancia”.
Ahí comienza el problema.
Porque decirle a un militante que no se le afecta ningún derecho cuando se le priva de elegir a sus representantes es como decirle a un ciudadano que no se le afecta su libertad porque todavía puede opinar en voz baja. La democracia no se posterga sin consecuencias, y menos cuando se hace desde arriba, con el lenguaje frío de los acuerdos y la solemnidad de las sentencias “inapelables”.
La resolución del Tribunal no sólo valida una prórroga; inaugura un precedente peligroso: que los órganos de dirección de un partido puedan extenderse a sí mismos con el beneplácito de la autoridad electoral. El principio de “autodeterminación partidaria”, concebido para proteger la vida interna de los partidos frente al poder del Estado, se transforma así en un comodín para justificar imposiciones, dedazos y silencios.
Morena no es cualquier partido. Es el instrumento político que llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador y que hoy sostiene al proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Por eso, lo que ocurre en su interior trasciende lo partidista. Cuando Morena se aleja de sus bases, cuando sustituye el debate por la consigna y la elección por la prórroga, el mensaje es claro: el movimiento empieza a comportarse como aparato.
Y los aparatos, la historia lo demuestra, siempre terminan defendiendo más al cargo que a la causa.
La inconformidad de un sector de la militancia —obradoristas, fundadores, cuadros de base— no surge de la nostalgia ni del resentimiento. Surge del hartazgo. En la mayoría de los estados, los comités estatales se han convertido en estructuras cerradas, lejanas a la militancia, permeadas por prácticas que Morena juró combatir: cuotas, grupos, lealtades personales y reciclaje de viejos cuadros del priismo ahora vestidos de guinda.
La sentencia del Tribunal, lejos de corregir esa deriva, la legitima. Al colocar los “principios de autoorganización” por encima de los derechos político-electorales de los militantes, la Sala Superior envía un mensaje inquietante: la legalidad puede acomodarse cuando el poder lo necesita. No es una acusación menor. Es una señal de alarma institucional.
El magistrado ponente, como la mayoría que lo acompañó, sostiene que la prórroga no afecta derechos porque no impide votar en elecciones constitucionales. El argumento es tan limitado como peligroso. Reducir la democracia a la jornada electoral es olvidar que los partidos son entidades de interés público y que su vida interna también debe regirse por principios democráticos. De lo contrario, ¿qué diferencia hay entre un partido y una oficina de trámites?
La consecuencia inmediata de esta decisión es el cierre de las vías internas de participación. La consecuencia política, en cambio, se verá más adelante. Morena se encamina a 2027 con comités estatales cuestionados, con una militancia desmovilizada y con un creciente malestar que no se resuelve a fuerza de disciplina. La historia electoral mexicana es clara: cuando las bases se sienten ignoradas, el costo se paga en las urnas.
Hay, además, un elemento que el oficialismo prefiere minimizar: la internacionalización del conflicto.
Que militantes de Morena contemplen acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es un capricho ni una exageración retórica. Es el último recurso cuando las instancias nacionales dejan de ofrecer garantías. Y es, también, una mancha innecesaria para un movimiento que se presentó como alternativa ética frente al pasado.
Morena está ante un espejo incómodo. Puede mirarse y corregir, o puede romperlo y seguir avanzando a ciegas. Perpetuar dirigencias, normalizar excepciones y desacreditar la crítica interna es el camino más corto para parecerse a aquello que se prometió desterrar. No se traiciona a un movimiento sólo cuando se pacta con los de siempre; también se le traiciona cuando se le vacía de democracia.
La lección es simple y brutal: los partidos que clausuran sus procesos internos terminan clausurando su futuro. Morena aún está a tiempo de recordar de dónde viene. Porque ningún proyecto que aspire a transformar un país puede darse el lujo de repetir, con otro color, las prácticas del viejo poder.