08/01/2026
Tepotzotlán: cuando la impunidad ya no es un error, sino un delito continuado
Lo que ocurre en Tepotzotlán ya no puede leerse como una disputa política ni como una cadena de “acusaciones cruzadas”. Estamos frente a un patrón documentado de corrupción, encubrimiento institucional y posible colusión criminal, sostenido en el tiempo y tolerado por las autoridades que tienen la obligación legal de intervenir.
Hablar hoy de “violencia fomentada desde la crítica” es una inversión cínica de la realidad. La violencia real —la que desangra al municipio— se ejerce desde el poder, mediante el saqueo del erario, la simulación de obras públicas, la fabricación de hospitales inexistentes y la restitución sistemática de funcionarios previamente inhabilitados por corrupción.
Esto no es opinión. Hay expedientes, pruebas documentales y rastros financieros que acreditan el robo millonario a Tepotzotlán. Hay resoluciones administrativas ignoradas. Hay sanciones anuladas en los hechos. Y hay responsables plenamente identificados que hoy siguen operando como si la ley fuera decorativa.
El caso de Marcelo Zuppa y los señalamientos de su presunta colusión con estructuras del crimen organizado no puede seguir tratándose como rumor político. Cuando un municipio presenta desvíos reiterados, impunidad estructural y protección a funcionarios sancionados, la hipótesis criminal deja de ser exageración y se convierte en línea obligada de investigación.
Aquí es donde el silencio se vuelve complicidad.
La Fiscalía Anticorrupción del Estado de México, la Auditoría Superior, la Contraloría estatal y, de ser necesario, instancias federales, ya no tienen margen para la omisión. No actuar frente a hechos probados convierte la negligencia en responsabilidad legal.
Del mismo modo, los medios de comunicación que presumen vocación pública enfrentan hoy una decisión incómoda pero inevitable: investigar o normalizar. Porque callar frente a pruebas no es neutralidad; es protección indirecta.
No estamos ante funcionarios “injustamente acusados”. Estamos ante servidores públicos descubiertos, exhibidos y aun así restituidos, protegidos por una red política que apuesta al desgaste social y al olvido mediático.
La pregunta ya no es qué más se va a revelar.
La pregunta es quién va a responder cuando la evidencia ya está sobre la mesa.
Porque si después de esto no hay investigaciones formales, no hay auditorías profundas y no hay consecuencias penales, entonces el mensaje será brutalmente claro: en Tepotzotlán, robar desde el poder no solo es posible, es rentable.
Y ese mensaje —ese sí— es una forma de violencia institucional que el Estado no puede seguir tolerando sin volverse cómplice.
