30/07/2026
Afirmar que ‘la justicia es el cimiento de la democracia y del contrato social’ es un ideal constitucional con el que pocos podrían estar en desacuerdo. Sin embargo, ese discurso pierde credibilidad cuando miles de víctimas enfrentan diariamente carpetas de investigación paralizadas, omisiones ministeriales, investigaciones deficientes, dilaciones injustificadas y una atención que, en muchos casos, las obliga a convertirse en investigadoras de sus propios asuntos.
La legitimidad de una institución no se construye con campañas institucionales, sino con resultados verificables. La justicia deja de ser un pilar democrático cuando el acceso a ella depende de la insistencia de las víctimas, de promover amparos para combatir la inactividad de las autoridades o de denunciar a los propios servidores públicos por incumplir sus obligaciones.
El verdadero compromiso con la justicia no se demuestra en una frase publicitaria, sino garantizando investigaciones objetivas, exhaustivas, diligentes y oportunas, conforme a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, eficiencia y respeto a los derechos humanos que la Constitución y la ley exigen al Ministerio Público. Mientras persistan las omisiones y la impunidad, existe una brecha que las instituciones deben cerrar entre el discurso y la realidad.
“La justicia no se mide por los eslóganes institucionales, sino por las respuestas que reciben las víctimas. Mientras las omisiones, el rezago y la falta de investigaciones efectivas sigan siendo una realidad, cualquier discurso sobre ‘la justicia al servicio del pueblo’ será inevitablemente contrastado con los hechos.
Saludos
