10/03/2026
La controversia entre Profeco y los tortilleros: entre la regulación y la defensa del consumidor
Por Blanca Estela Mejía Castillo
Coordinadora Nacional de la Red de Maíz
El pasado 12 de junio se firmó un Acuerdo Nacional entre representantes de la industria de la masa y la tortilla, la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Agricultura Julio Berdegué Sacristán, la Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del Consumidor (Procuraduría Federal del Consumidor), representantes de productores del campo y la industria harinera.
En su origen, este acuerdo tenía como objetivo una disminución del 10% en el precio de la tortilla. Sin embargo, después de múltiples mesas de trabajo, esa meta se transformó en algo más realista: la estabilización del precio del alimento básico durante el sexenio.
A pesar de ello, los avances han sido limitados. Los industriales de la masa y la tortilla mantienen desconfianza hacia el acuerdo, pues consideran que las acciones derivadas podrían traducirse en mayores procesos de fiscalización por parte de las autoridades. Al mismo tiempo, enfrentan una realidad de mercado compleja: la competencia desleal y la informalidad siguen determinando el precio final de la tortilla, lo que dificulta mantener condiciones de competencia equitativas.
Uno de los problemas más visibles es el reparto de tortillas en motocicleta, particularmente en zonas de alta densidad poblacional. Más allá de ser una práctica comercial, representa un tema de salubridad e higiene alimentaria. Este asunto fue precisamente uno de los puntos que los propios productores de masa y tortilla propusimos abordar en las mesas de trabajo federales y estatales.
Recientemente, una nota periodística difundida en diversos medios reavivó el debate nacional sobre las multas relacionadas con el reparto de tortilla en motocicleta, generando una aparente confrontación entre la autoridad y quienes históricamente hemos gestionado ante los gobiernos mejores condiciones para la producción de una tortilla de calidad.
La Profeco ha manifestado en diversos foros que no le corresponde vigilar la salubridad de la tortilla, argumentando que esa atribución pertenece a las autoridades sanitarias. No obstante, esta postura omite considerar que el marco jurídico mexicano establece responsabilidades más amplias para la protección del consumidor.
La Ley de Infraestructura de la Calidad establece que las autoridades normalizadoras deben procurar políticas públicas que impulsen la modernización del sistema de calidad y, sobre todo, verificar que los productos cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas. Entre sus atribuciones se encuentra realizar verificaciones, vigilar los mercados y ordenar la suspensión o prohibición de la comercialización de bienes cuando se detecten incumplimientos que pongan en riesgo a los consumidores.
A ello se suma la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuyo objeto es precisamente promover y proteger los derechos de las personas consumidoras y garantizar seguridad jurídica en la relación entre proveedores y consumidores.
Por ello resulta importante aclarar algo fundamental: no son las autoridades quienes están exigiendo estas acciones; somos las propias personas productoras de masa y tortilla quienes solicitamos que se cumpla la ley. Lo hacemos porque sabemos que la calidad, la higiene y la legalidad en la producción y comercialización de la tortilla son elementos indispensables para proteger a la población y para garantizar condiciones justas en el mercado.
El debate no debería centrarse en una confrontación entre autoridades y tortilleros. La discusión de fondo es otra: cómo garantizar que el alimento más importante de la dieta mexicana se produzca y se comercialice bajo condiciones de calidad, higiene y competencia justa.
Regular el mercado no significa perseguir a quienes trabajan honestamente. Significa poner orden en un sector estratégico para la seguridad alimentaria del país.
La tortilla no es solo un producto comercial: es parte de nuestra cultura, de nuestra economía y de la alimentación cotidiana de millones de familias mexicanas. Por ello, el cumplimiento de la ley y la coordinación entre autoridades y productores no debe verse como un conflicto, sino como una responsabilidad compartida en defensa del consumidor y del patrimonio alimentario de México.
