23/04/2026
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𝐄𝐋 𝐂𝐑𝐈𝐌𝐄𝐍 𝐈𝐌𝐏𝐎𝐍𝐄 𝐄𝐋 𝐓𝐄𝐑𝐑𝐎𝐑 𝐄𝐍 𝐋𝐀 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐀Ñ𝐀 𝐁𝐀𝐉𝐀
Ｚａｃａｒíａｓ Ｃｅｒｖａｎｔｅｓ＊／
ＲＥＶＩＳＴＡ ＤＥＬ ＳＵＲ ２６８
𝐋𝐚 𝐦𝐚𝐧̃𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝟔 𝐝𝐞 𝐚𝐛𝐫𝐢𝐥, una camioneta blanca blindada, entró sorpresivamente a la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa, ubicada en el territorio custodiado por la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), y desde el interior sus ocupantes dispararon con armas de alto poder a cuatro albañiles que trabajaban en una obra en construcción.
En segundos, los cuerpos quedaron tendidos en medio de tablas, cemento, escombro y material de construcción. Minutos después, los cadáveres fueron levantados por policías comunitarios, familiares de las victimas y vecinos de la localidad.
Un día después fueron sepultados en Tula, el pueblo de donde eran originarios los cuatro. En el sepelio se escucharon exigencias de justicia y reclamos por la inacción de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno.
En estados como Guerrero, esas exigencias y reclamos de familiares y amigos de miles de víctimas de la violencia de los grupos criminales, es imposible ante autoridades omisas, cómplices y vinculadas con los grupos delictivos.
𝐒𝐈𝐋𝐄𝐍𝐂𝐈𝐎 𝐆𝐔𝐁𝐄𝐑𝐍𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐋
El 11 de abril, cinco días después de esos hechos que consternaron en la región, la Fiscalía General del Estado (FGE) ni siquiera había emitido algún boletín que informara del hecho, muchos menos que se informara de investigaciones.
Del Gobierno estatal, tampoco se había difundido algún comunicado en el que se lamentara o condenara el hecho, aun tratándose de que uno de los cuatro asesinados, Isaías Morales Lucas, fue coordinador de la CRAC-PF y promotor del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ), agrupación que pertenece al Congreso Nacional Indígena (CNI) creado a instancias del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Las agrupaciones a las que pertenecen Morales Lucas, habían solicitado medidas cautelares debido a amenazas que había recibido por sus actividades como defensor comunitario, petición que no tuvo respuesta.
Tanto Isaías como las otras tres víctimas, Isacar Villalva Rosario, y los hermanos Bernardino e Hilario Ocotlán, indígenas nahuas, fueron asesinados y sepultados sin la mínima reacción de un Gobierno que está obligado, cuando menos, abrir una carpeta de investigación.
La inacción y omisión de las autoridades no quedó allí, en un comunicado del Cipog-EZ, con el título: “Mientras los pueblos construimos vida, los malos gobiernos nos ofrecen muerte y destrucción”, se denunció que los cuatro indígenas nahuas fueron atacados a 15 minutos del crucero del Jaguey, donde se encuentra un cuartel del Ejército mexicano por donde entraron y salieron los sicarios a bordo de la camioneta blanca blindada, sin que intervinieran para detener a los ocupantes.
“En el crucero del Jagüey hay un cuartel del Ejército Mexicano; por ahí cruzó la camioneta blanca blindada con los hombres armados, rumbo a Xicotlán, y por
el mismo lugar salió, después de haber perpetrado los asesinatos”.
La agrupación denunció que los crímenes en esa zona se cometen “con total impunidad y protección de los tres órdenes de gobierno”, debido a que el estado “está controlado por el crimen organizado y actúa en alianza con los gobiernos”.
Esa es la razón de tanta impunidad, y que masacres, levantones y desapariciones masivas, queden sin investigar, sin justicia y sin castigo a los responsables.
𝐂𝐈𝐅𝐑𝐀𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐓𝐄𝐑𝐑𝐎𝐑 𝐄𝐍 𝐋𝐀 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐀𝐍̃𝐀 𝐁𝐀𝐉𝐀
Un recuento realizado a partir del 2014 arrojó que desde entonces a lo que va de este año, la violencia en el circuito Chilapa, José Joaquin Herrrera, Atlixtac, Quechultenango y Tixtla, ha dejado al menos 88 asesinatos y 27 desapariciones, y, todos, permanecen en la impunidad, aun aquellos casos considerados de alto impacto que han trascendido al ámbito nacional.
El recuento de las víctimas del Cipog-EZ, es de 74 asesinatos y 25 desaparecidos.
Por separado, autoridades del pueblo de San Jerónimo Palantla y la dirigencia del Frente de Defensa Popular denunciaron que llevan contabilizados 14 asesinatos y un desaparecido. En total, suman 88 asesinatos y 27 desapariciones.
A finales del 2014, se creó en 16 comunidades de Chilapa y de José Joaquín de Herrera, la CRAC-PF que instaló su primera casa de justicia en Rincón de Chautla, de donde son originarios los hermanos David y Bernardino Sánchez Luna, fundadores de la agrupación, el segundo ya fallecido.
Entonces, se dijo que las comunidades estaban bajo asedio del grupo delictivo de Los Rojo, lidereado por Zenen Nava Sánchez, El Chaparro que tenía bajo su control la cabecera municipal.
Una de las comunidades donde hubo pobladores que se opusieron integrarse a la CRAC-PF fue San Jerónimo Palantla, lo que desencadenó internamente confrontaciones entre los que no estaban de acuerdo y los que si querían integrante a la agrupación.
El 8 de febrero del 2015, integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, irrumpieron en el pueblo apoyados por los vecinos que afines a la agrupación y atacaron la comisaría municipal donde había una reunión de indígenas del grupo adversario y acribillaron a cinco, entre ellas Ana María Panfilo Candelaria, embarazada de cuatro meses.
La Policía Comunitaria de la CRAC-PF se llevó detenidos, después del ataque, a 28 pobladores entre hombres mujeres y niños a Ayehualtempa, municipio de José Joaquin de Herrera. Desde entonces, las confrontaciones entre los pobladores contrarios a la CRAC-PF y los integrantes de esta agrupación que fueron desplazados a las localidades de Xochitempa y Nuevo Amanecer, no cesan.
Desde el 2017, vecinos de la localidad han sufrido tres emboscadas en la carretera, una de ellas la del 11 de julio del 2019, cerca de Lamazintla, donde 11 vecinos de San Jerónimo Palantla fueron atacados con armas de alto poder y mataron a Salvadora Chávez Rendón y resultó herida Santa Isabel Xochitempa Chávez.
El 29 de mayo del 2022, integrantes de la Policía Comunitaria de Alcozacán, levantaron a José Abundio Bolaños Calvario quien sigue desaparecido.
Después, el 27 de septiembre 2023, fueron asesinados Alberta Santos Melchor y su pareja, cerca de Alcozacán.
El 5 de marzo del 2024, más de 400 policías comunitarios entraron y atacaron a vecinos de San Jerónimo Palantla, esa vez fue asesinado Vicente Santiago Villanueva.
El 27 de septiembre 2025, en un nuevo ataque fue asesinado el joven de 18 años, Valeriano Tolentino Calvario y resulto herido el líder de la comunidad Calvario Merino.
Después, el 3 de enero del 2026 fue acribillado en otro ataque el joven de 18 años, Mario Xochitempa Martínez, y el 25 de marzo pasado, fue asesinado Marcos Flores Hernández.
𝐋𝐀𝐒 𝐕𝐈́𝐂𝐓𝐈𝐌𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐑𝐀𝐂-𝐏𝐅 𝐘 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐈𝐏𝐎𝐆-𝐄𝐙
El 21 de agosto del 2019 fue detenido en Chilapa por policías estatales y ministeriales el líder del grupo delictivo de Los Rojo, Zenen Nava Sánchez, El Chaparro, a quien se le atribuía la violencia en la Montaña Baja y Centro del estado.
Derivado de ello asumió de inmediato el control de la zona el grupo delictivo de Los Ardillos, que hasta entonces sólo controlaba los municipios de Quechultenango, Mochitlán y Tixtla.
A partir de entonces se acrecentó la violencia en la zona, sin embargo, desde entonces no ha podido asumir el control de al menos 14 comunidades de Chilapa y dos de José Joaquón de Herrera, donde opera la Policía Comunitaria de la CRAC-PF y el Cipog-EZ.
El asedio, según el dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, había iniciado desde el 2014 en las comunidades, a partir de cuando son contabilizados 74 asesinatos y 25 desapariciones.
En 2014, fue asesinado Mauro Joaquin Migueleño y levantado y desaparecido Alfredo Cuapango, de 16 años.
En 2015, un grupo de vecinos de San Jerónimo Palantla, afines a la CRAC-PF, que viajaban en una Urvan, fueron emboscados cerca de Atzacoaloya, y asesinados el chofer, Isaac Xochitempa Chautla, promotor y consejero de la CRAC-PF, así como las pasajeras Ángela Casarrubias Cortés, Victoria Díaz Bernabé y Ana Orgín Casarrubias. Otras dos pasajeras quedaron heridas, entre ellas una niña de 4 años y un hombre resultó ileso y logro escapar.
En el 2016, fueron ejecutado el comandante suplente de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, de
Xochitempa, Florencio Morales Salgado, en un operativo de la CRAC-PC de la Casa de Justicia de Espino Blanco y vecinos de San Jerónimo Palantla, miembros del Frente de Defensa Popular (FDP), en contra de miembros de la CRAC-PF.
En el 2017desapareció en la sierra de La Guitarra, municipio de San Miguel Totolapan, dónde había ido a trabajar, Nicolás Rodríguez Rodríguez, originario de Zacapexco, Chilapa, quien apenas había sido nombrado policía comunitario de la CRAC-PF.
El 19 de diciembre del 2018, 12 vecinos de la comunidad Paraíso de Tepila, desaparecieron juntos, entre ellos nueve menores de entre tres y 17 años, así como dos mujeres; Rosaría Ignacio Melchor, de 60 años y Antonia Andraca Celedonio de 36, así como Alberto Espiridión Ignacio, de 40.
En el 2019, cuando Los Ardillos asumieron el control de Chilapa, fueron asesinados en hechos y fechas distintas 21 indígenas nahuas de distintas comunidades.
Las víctimas fueron Modesto Verales Sebastián y José Lucio Bartolo Faustino de Xichotlán, el primero consejero regional de la CRAC-PF y el segundo concejal del Cipog-EZ que pertenece al Congreso Nacional Indígena (CNI) del Consejo Indígena de Gobierno (CIG), creado a instancias del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
También fueron asesinados el comandante regional de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF y concejal del Cipog-EZ ante el CNI del CIG, Bartolo Hilario Morales y el policía comunitario de la CRAC-PF de Xicotlán y delegado del Cipog-EZ, Isaías Xanteco Ahuejote.
Otras víctimas ese año fueron Martín Salgado de Jesús y su esposa María Ricarda Xochitempa Chautla. Además, Eugenio Máximo Hilario y Felipe de Jesús Tolentino Bolaños, de Alcozacán.
También fueron asesinados los vecinos de Ayahualtempa, David Domingo Alonso y Marcelino Pedro Rojas Reyes. Ambos habían bajado el 23 de julio a Chilapa a retener camiones con fertilizante en protesta porque el Gobierno no les había entregado el insumo.
Otros asesinatos ese año fueron los de Juana Fernández Ambrosio, Alberta Martínez Rendón, José Hilario Tepetitlán, Leocadio Bolaños Hernández, éste último regidor de José Joaquín Herrera y policía comunitario de Ayahualtempa.
Ese mismo año, fueron asesinados Silviano Morales Joaquín, Santos Vázquez Andraca, Samuel Rojas Dorantes, Isaac Martínez Rosendo y Manuel Alejandro Gutiérrez, vecinos de Zacapexco. Así como Fidel Bolaños Rojas y Félix Isidro Bolaños Hernández, de Ayahualtempa.
El 17 de enero del 2020, 10 vecinos de Alcozacán, integrantes del equipo de audio Sensación Musical fueron asesinados y algunos incinerados, cuando regresaban de la fiesta patronal de Tlayelpan. El caso consternó en el ámbito nacional.
En otras fechas fueron acribillados, Reynaldo Procopio Díaz y Rutilio Bolaños Gatica, de Ayahualtempa, y el 19 de diciembre, fueron encontrados los cuerpos con huellas de tortura de dos mujeres y dos hombres de Alcozacán, en el punto conocido como La Herradura, cerca de Chilapa.
En el 2021 fue asesinado Jordán Luna Virgeño, y desaparecidos Marcelino Chino Mendoza, Felipe Tlalxintle Tepexco y José Juan Reyes Román, de Ayahualtempa.
En el 2022 fue asesinado el comandante de la Policía Comunitaria de Ayahualtempa, Pablo Hilario Morales y el policía comunitario de Zacapexco.
Además, en otros hechos diferentes, fueron victimados Samuel Hernández Sánchez, y los vecinos de Tula Anatolio Castro Tlatempa Delfina Ramírez Morales, Lorena Chantzin Paxacuasingo, Marcos Campos Ahuejote, Justino Tapia Rosendo, de Ayahualtempa.
Así como Alberto Morales Sebastián y Guillermo Hilario Morales, de Tula. Además, Nicolás Pérez Zoyateco, Adán Linares Silverio y Moisés Cuapipistenco, de Alcozacán.
En ese año fue desaparecido Plácido Secundino Jiménez, de esa misma localidad.
En el 2023, murieron acribillados Esteban Xochitempa Tepexco y su hijo de16 años, Juan Xochitempa Macario, vecinos de Xochitempa.
También, los jornaleros Nicolás y Ángel fueron secuestrados y después exhibidos en un video en el que se auto incriminaron de pertenecer al grupo delictivo de Los Tlacos. Sus cuerpos fueron hallados días después cerca de Chilapa.
Igualmente fueron asesinados Marcelino Hernández Tecorral, de Zacapexco; Nicolás Rodríguez Díaz, Ángel Villalva Salvador, Bonifacio Xochitempa Tlalxintli, de Xochitempa.
Asimismo, Alberta Santos Tomas, José Juan Hernández Fiscaleño, y los hermanos Pedro y Cortes Orgin, de Alcozacán.
En el 2024 fueron asesinados Felipe Santos Santiago y el policía comunitario Pedro Vázquez Matías, originarios de Zacapexco.
También María de Jesús Pasado Margarito, Alberto Verales Tepetitla, de Buenavista. Así como Alberto Zoyateco Pérez, de Alcozacán.
En el 2025 fueron asesinados dos menores de 12 y 14 años, así como Isaac Diego Salazar, de Xochitempa, cerca de San Jerónimo Palantla.
Otras víctimas fueron el policía comunitario de Amatitlán, Leonel Rosendo Atica y los policías comunitarios de Zacapexco, Santos Andraca Matías y Justino Díaz Espiridion.
Todos los casos permanecen en la impunidad; sin investigaciones ni castigo a los responsables, y hacia allá caminan los de Isaías Morales Lucas, Isacar Villalva Rosario, y los hermanos Bernardino e Hilario. Así se gobierna en Guerrero, con la ley de la selva.
*𝑪𝒐𝒓𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒍 𝒔𝒖𝒓 𝒚 𝒄𝒐𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂
