27/02/2026
La reciente inauguración de la llamada “Casa Morena” de la Tezonapeña ha generado indignación entre habitantes de Amatlán de los Reyes. Resulta cuestionable que un espacio partidista vinculado a Morena opere —según se ha señalado públicamente— mediante el pago de una renta cubierta con recursos del municipio.
Más preocupante aún es que el inmueble pertenezca al ex priista Juan Manuel Hernández, actual encargado de la Casa de la Cultura municipal, mientras que su hija, Fernanda Hernández, ocupa el cargo de directora de Desarrollo Social. Para muchos ciudadanos, esta situación representa un evidente conflicto de interés y una muestra de cómo los espacios públicos pueden terminar beneficiando a círculos cercanos al poder.
La molestia no radica únicamente en la apertura de una sede partidista, sino en la percepción de que, mientras el municipio enfrenta múltiples problemas sin resolver —servicios deficientes, demandas sociales ignoradas y carencias visibles—, sí existen recursos para cubrir rentas y favorecer acuerdos políticos.
La ciudadanía merece claridad: ¿con qué fundamento legal se destina dinero público para este fin? ¿Dónde queda la prioridad de atender las necesidades reales del pueblo? La administración municipal debería enfocarse en resolver los problemas que afectan a la población y no en decisiones que alimentan sospechas de desvío de recursos o favoritismo.
La transparencia no es un favor, es una obligación. Y cuando el uso del dinero público genera dudas razonables, corresponde a las autoridades rendir cuentas de manera clara y directa.
