24/11/2020
Nueva intervención de UPYD en Aragón, de la mano de nuestro compañero Sergio Zorita, relativa a las políticas de subvenciones municipales y su racionalización en pos de mejorar su eficacia y eficiencia.
A continuación os dejamos el texto íntegro de dicha intervención.
"Buenos días Sr. Alcalde y a todos/as los asistentes y oyentes:
Vamos a intervenir respecto a los puntos 10 y 11 del ORDEN DEL DIA
respecto a las SUBVENCIONES MUNICIPALES.
Podemos afirmar que se entiende por subvención una medida de fomento que supone una disposición de dinero realizada por las Administraciones Públicas en favor de personas y entidades públicas o privadas, sin contraprestación directa de los beneficiarios, sujeta al cumplimiento de un objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizado o por desarrollar, o la concurrencia de una situación concreta, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido en las bases, y que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social, o de promoción de una finalidad pública; en este caso, de competencia municipal.
Esta sería la teoría legal, pero la práctica real que apreciamos a menudo puede que deje mucho que desear. Podría darse el caso, cuando se reparten las ayudas económicas en este Ayuntamiento, que "cueste más el collar que el perro", y la eficacia, eficiencia y coordinación brillen por su ausencia, en detrimento de la racionalización del gasto público, duplicando o triplicando las ayudas que otorgan otras administraciones, muchas veces para lo mismo.
Actualmente, y máxime por la situación generada por la PANDEMIA, todas las administraciones, de cualquier nivel territorial, se han lanzado frenéticamente a efectuar innumerables convocatorias de subvenciones o ayudas para repartir dinero público de sus presupuestos, con destino a particulares, empresas, entidades sociales, sindicatos, partidos, etc., en mayor o menor cuantía según sus disponibilidades de techo de gasto, insertando en boletines oficiales anuncios y bases con los plazos de presentación de solicitudes, que suponen el inicio de una carrera "desenfrenada" de los interesados para preparar los cuantiosos "papeles", y poder "pillar un trozo del pastel" a repartir por el órgano competente.
Se trata de procedimientos cada vez más complejos, diríamos que farragosos, "una carrera de obstáculos", donde intervienen muchos órganos y funcionarios a lo largo de meses, cuyos costes retributivos de su tiempo son casi siempre superiores a las cantidades a repartir. Las convocatorias por motivos de gestión presupuestaria suelen salir retrasadas al final del ejercicio, y se obliga a justificar el gasto apresuradamente, pues los plazos apremian, y hay que gastar cuanto antes y de cualquier manera para poder cobrar la parte que resta si ya ha habido un anticipo. Las bases pueden ser muy abiertas y genéricas generando también un gran margen de discrecionalidad en el órgano concedente. Generan también rivalidades y agravios entre los beneficiarios.
Como ustedes saben, hay varios procedimientos de concesión de subvenciones, el de concurrencia competitiva que debería ser el
ordinario, y las subvenciones directas, también conocidas como
"subvenciones nominativas", o "a dedo", de las cuales se abusa
impenitentemente a pesar de las recomendaciones de la Cámara de
Cuentas y del Interventor.
El ciudadano contribuyente que es ajeno al mundo de las subvenciones y ayudas públicas puede ver con “malos ojos” tantas convocatorias, dispersas, duplicadas y/o coincidentes en su objeto, descoordinadas, incluso dentro de cada Administración, mal gestionadas en cuanto a su contenido y plazos, donde pueden primar la intermediación, el clientelismo, y la discrecionalidad; donde se financian proyectos, programas o actuaciones no rentables socialmente, ineficaces, mediante repartos sectarios, o que no innovan ni generan riqueza en la sociedad, etc.; no
aplicándose el llamado control de eficacia a posteriori ni ejerciendo la preceptiva inspección sobre la actividad de los beneficiarios.
Todo ello obliga no solo a reducir y unificar drásticamente el excesivo número de subvenciones, mejorar y simplificar sus normas y las bases de las convocatorias, sus procedimientos, aprobando nuevos sistemas de concesión de subvenciones que supongan un ahorro económico y de documentos en la gestión, mediante medidas de agilización de trámites y de reducción de plazos. Debe impulsarse ya la tramitación unificada y conjunta, electrónica, de estos procedimientos, incrementar la objetividad, la seguridad jurídica y la transparencia administrativa, y sobretodo aumentar el número de controles, la coordinación entre Administraciones y
órganos dentro de cada una de ellas evitando los “reinos de taifas”,
y el fraude. Debe crearse dentro del organigrama del Area de Hacienda un Servicio unificado que gestione y tramite todas las subvenciones municipales, al margen de los Servicios especializados (reducirían su carga de trabajo y se redistribuiría el personal), y una Subcomisión de Ayudas y Subvenciones, dentro de la Comisión plenaria de Economía y Hacienda, tal como existe en el Gobierno de Aragón. Seguro que estas iniciativas, si se aplican en el Ayuntamiento Sr. Alcalde y Sra. Consejera,
supondrán un importante ahorro para los ciudadanos y las arcas
municipales en tiempo y dinero, evitando el despilfarro, y una mayor
credibilidad del sistema.
