26/01/2026
Nota de prensa acto de comunicación "Adamuz" de 24-01-2026.
La verdad que Adamuz reclama
Imaginemos por un momento esas vías de alta velocidad, renovadas hace apenas meses, inspeccionadas días antes del desastre.
Cuarenta y cinco víctimas confirmadas, más de 150 heridos, familias rotas.
¿Qué falló realmente? La investigación apunta a una posible rotura en la vía, pero hasta que la CIAF y la Justicia entreguen informes completos, acabamos de conocer el primero que señala esta hipótesis como la más posible, cualquier sentencia apresurada no es análisis: es especulación barata. Desde las Baleares exigimos transparencia total. No más sombras. Porque sin verdad técnica, no hay justicia real.
Responsabilidades que no se pueden eludir: el déficit crónico de inversión
El luto termina, pero las preguntas no.
Miremos los números: entre 2018 y 2022, España destinó de media solo 240 millones anuales al mantenimiento de vías de alta velocidad, apenas el 16% del gasto total en AV, mientras el 84% se fue a nuevas líneas. Eso supone unos 92.000-95.000 euros por km en 2022-2023, por debajo de la media europea de 113.000 euros/km, y muy lejos de los más de 140.000 €/km que dedican administraciones como la DB alemana o la SBB suiza.
Es paradójico: Alemania puede tener trenes más viejos o menos vistosos, pero compensa con una inversión muy superior y constante en sus vías; España, en cambio, presume de trenes modernos mientras ha mantenido durante años un gasto de "supervivencia" en la infraestructura.
El Gobierno ignoró el incremento exponencial del uso de las vías –tráfico duplicado por la liberalización, y aún muy por debajo de otros países, que justificaba precisamente más inversión en mantenimiento para sostener esa mayor frecuencia y pasajeros–, dejando la red desgastada durante una década de presupuestos raquíticos.
Aunque en 2024-2025 se recuperó hasta 111.000-118.000 euros/km (470 millones totales), equiparándose a niveles de 2014, ¿de qué sirve si la infraestructura no acompañó el boom de uso que la apertura de mercado trajo?
Adif inspeccionó el tramo de Adamuz cuatro veces desde octubre, pero ¿fue suficiente con ese historial? ¿Estaba la red preparada para más trenes y pasajeros?
No buscamos chivos expiatorios, sino cuentas claras: la ciudadanía balear y española merece reformas concretas, más recursos para mantenimiento preventivo y un Adif ágil, que priorice vidas sobre burocracia. Adamuz no puede ser un paréntesis: debe ser un
punto de inflexión.
El equilibrio liberal: libertad de mercado con seguridad como prioridad absoluta
Aquí radica el núcleo del pensamiento liberal frente a Adamuz: la libertad no existe en abstracto, sino condicionada por la seguridad de las personas. La liberalización ferroviaria ha traído más trenes, más frecuencias, precios competitivos y –como vimos en
la crisis– una profesionalidad ejemplar de operadores privados como Iryo. Pero el Estado no puede abdicar de su rol regulador esencial: garantizar infraestructuras impecables mediante inversión sostenida y supervisión estricta. No se trata de volver al monopolio
estatal corrupto e ineficiente, ni de una competencia salvaje sin red de seguridad. El verdadero liberalismo exige que la libertad de mercado se complemente con reglas claras
y recursos públicos bien dirigidos: seguridad primero, para que la innovación privada florezca sin riesgos mortales. Cualquier otro camino traiciona tanto la libertad como la vida.
La sombra de la sospecha: ¿mantenimiento low cost o corrupción?
Pero vayamos más allá de los números: surge una sospecha que la ciudadanía no puede ignorar. ¿Por qué han aumentado los accidentes de alta velocidad tras la pandemia, coincidiendo con esa década de inversión mínima? Las vías renovadas en Adamuz usaban materiales reciclados de dudosa calidad, según primeras filtraciones. ¿Hubo contratos de mantenimiento low cost, adjudicaciones opacas, comisiones ilegales que primaron el
beneficio privado sobre la seguridad pública? Es curioso –y revelador– que la estadística de siniestros se dispare justo cuando el gasto en conservación cayó a mínimos históricos,
mientras crecían los contratos externalizados sin control suficiente. No acusamos sin pruebas, pero exigimos que la investigación abra esas cajas negras: auditorías completas de licitaciones, inspección de materiales y revisión de todos los expedientes de
mantenimiento desde 2018. La corrupción mata, y el liberalismo la combate sin contemplaciones: transparencia total o responsabilidades penales.
La falla humana del sistema: familias desorientadas en la tragedia
Pero más allá de vías y presupuestos, Adamuz revela una falla humana inaceptable en un país avanzado: familias de segundo grado recorriendo hospital en hospital, sin saber dónde están sus heridos, sin un sistema centralizado que les dé respuestas.
Con 45 víctimas confirmadas, la ley de protección de datos no puede convertirse en muro infranqueable que agrave el sufrimiento, negando información básica sobre estado y ubicación. ¿Dónde está la base de datos nacional de emergencias? ¿Dónde el protocolo único que evite esta odisea burocrática?
Baleares conoce bien la coordinación en catástrofes insulares: exigimos ya un sistema humanitario centralizado, interoperable entre comunidades y servicios de emergencia. La tecnología existe; la voluntad política, falta.
Un país serio protege a sus ciudadanos no solo en las vías, sino también en el dolor.
Respeto absoluto a las víctimas
Detrás de cada cifra hay nombres, historias, futuros truncados. Honrarlos significa apoyo inmediato y duradero a familias, indemnizaciones justas y acompañamiento psicológico. Pero también significa rechazar su instrumentalización. No permitiremos que el dolor de Adamuz se convierta en arma para demonizar la liberalización ferroviaria, cuando operadores como Iryo demostraron profesionalidad ejemplar en la crisis.
Ni que sirva de cortina de humo para desviar la mirada de fallos estructurales que preceden a la apertura del mercado.
Las víctimas merecen serenidad, hechos y mejoras reales, no etiquetas ideológicas.
Frente al despilfarro: priorizar la seguridad
Y mientras lloramos a los nuestros, el Gobierno anuncia 1.371 millones para un "abono único" de transporte a 60 euros, prorrogado hasta fin de 2026. Una medida que genera sospechas de electoralismo puro, cuando lo urgente es redirigir cada euro hacia la prevención: vías blindadas, inspecciones independientes, tecnología de vanguardia. En Baleares sabemos lo que vale una infraestructura segura para conectar islas y península. El liberalismo no regala billetes: compite con calidad, innova con rigor y protege con recursos bien gastados.
La parálisis presupuestaria: presupuestos congelados que matan.
La prórroga de los Presupuestos Generales de 2023 para 2026 no es neutralidad administrativa: es parálisis mortal que agrava el déficit estructural. Adif, con más de 20.000 millones de deuda, no puede invertir en mantenimiento crítico sin endeudarse aún más, mientras el tráfico ferroviario explota por la liberalización. Esta tercera prórroga consecutiva congela partidas de inversión en niveles de hace tres años, imposibilitando reasignaciones urgentes a seguridad ferroviaria y forzando a entidades públicas a recurrir a préstamos caros que pagarán generaciones futuras. Adamuz grita que presupuestos congelados matan: o hay cuentas nuevas con prioridad absoluta en seguridad, o la improvisación fiscal seguirá comprometiendo vidas. El liberalismo es responsabilidad presupuestaria, no chapuzas endeudadas.
España, Baleares: la libertad responsable no teme rendir cuentas. Adamuz nos interpela a todos. Exijamos juntos que la alta velocidad vuelva a ser sinónimo de progreso, no de tragedia. Verdad primero. Justicia siempre. Humanidad siempre.
Proyecto Liberal Español, hablando claro
