23/12/2013
Nuevo Código Penal dota al país de herramientas para avanzar en la lucha contra la inseguridad y la corrupción: Defensor Público
Escrito por Sala de Prensa Viernes, 20 de Diciembre de 2013 15:03 E-mail
Tras calificar como histórica la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), el Defensor Público, Ernesto Pazmiño, reconoció el esfuerzo y trabajo de la Comisión de Justicia y de todos los legisladores para darle al país una normativa moderna y una herramienta fundamental, que permitirá avanzar en la lucha contra la inseguridad y la corrupción.
Precisó que hoy toda la legislación penal, que por años ha estado dispersa en múltiples leyes y códigos, ha sido recogida en el COIP, lo cual es saludable para el Ecuador, a fin de que los ciudadanos conozcan cuáles son sus responsabilidades y derechos.
Manifestó que con la tipificación del femicidio, como delito propio, se dio respuesta al clamor de la población, visibilizando, así, este gran problema, que es la violencia extrema que puede terminar con un as*****to por cuestiones de género, lo que ayudará a tener una estadística más confiable y conocer, a cabalidad, la realidad del caso para establecer políticas públicas adecuadas que terminen con la violencia intrafamiliar.
Insistió que la flamante normativa se convirtió en urgente y necesaria, más aún cuando el código vigente data de hace más de 70 años, con ciertas reformas, cuya fuentes eran los códigos francés y napoleónico, de más de 180 años.
Sostuvo que el cuerpo jurídico contiene figuras modernas para sancionar los delitos informáticos, la trata de personas, los delitos financieros y económicos; de evasión tributaria, de desfalco al fisco; etc., que viabilizarán una lucha adecuada contra la corrupción, al subrayar que las disposiciones son bastante entendibles, para que abogados particulares, jueces, fiscales y todos los operadores de justicia podamos afianzar el propósito de que Ecuador cuente con una justicia más confiable en el área penal.
Por último, recordó que la Defensoría Pública propuso el juicio por jurados, a fin de ciudadanizar la justicia penal; sancionar el delito cometido por las entidades financieras por las tarjetas de crédito principalmente, que sin dar aviso a los usuarios les descuentan valores de uno, dos y hasta tres dólares que no constaban en el contrato, lo que se convierte en un jugoso negocio ya que existen tres millones de tarjetahabientes; y, la figura de los servicios previos al juicio, para evitar un uso abusivo de la prisión preventiva, que espera que en otra ocasión se tomen en cuenta.
MG/pv
