EL 9 de julio de 2005, una coalición de 171 organizaciones de la Sociedad Civil Palestina hizo un llamamiento para la puesta en marcha de una campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra Israel hasta que cumpla con el derecho internacional y los principios universales de los derechos humanos. El Comité Nacional Palestino (BNC) nos ha convocado de nuevo a la expansión, difusión e impl
ementación de esta campaña en todo el Estado español. La comunidad internacional se ha inhibido de la condena al Estado de Israel por sus múltiples tropelías y vulneraciones del Derecho Internacional. Ha permitido y ha sido cómplice de un bloqueo ilegal y salvaje a Gaza que, a día de hoy, mantiene a su población en lo que se podría denominar el mayor campo de concentración del mundo. No ha condicionado sus relaciones con Israel tras el ataque indiscriminado a la Franja de Gaza en los meses de diciembre de 2008 y enero 2009, que causó 1400 muertes, la mayoría de ellas civiles y una quinta parte de ellas menores. Todo ello a pesar del informe Goldstone, aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Citado informe encontró serias evidencias de crímenes de guerra por parte de Israel en Gaza y de la política colonial seguida en los Territorios Palestinos Ocupados de Cisjordania, con especial énfasis en la expulsión sistemática de ciudadanos palestinos de Jerusalén Este. En 2009 el parlamento español suprimió de su legislación el principio de jurisdicción universal, que hasta ahora legitimaba a los Tribunales españoles para el enjuiciamiento de crímenes contra la humanidad. Hasta ese momento los tribunales españoles habían admitido a trámite la investigación de crímenes contra la humanidad cometidos por altos cargos militares del Estado de Israel, bajo la supervisión del Ministro del Interior Israelí contra la población civil Palestina en Gaza. Tras esta modificación, realizada previas presiones públicamente declaradas por representantes del Gobierno de Israel, los tribunales españoles sólo están legitimados para investigar crímenes cometidos contra ciudadanos españoles en Gaza. Ante esta situación, la sociedad civil tiene que dar respuestas y alternativas a la inhibición y complicidad de los Gobiernos. Similar a la lucha popular contra el apartheid. Por eso los firmantes respaldamos firmemente el llamamiento del Comité Nacional Palestino y nos sumamos a la campaña de Boicot, Sanciones y Desinversiones, en tanto que Israel no cumpla con el Derecho Internacional. Así mismo hacemos extensivo este llamamiento, no sólo a las organizaciones solidarias con el pueblo palestino y al movimiento antiguerra, sino también al conjunto de la sociedad civil. Este llamado se hace extensivo, a las organizaciones solidarias con el pueblo palestino y/o del movimiento antiguerra así como al conjunto de la sociedad civil. Este llamamiento se concreta en 4 bloques. BOICOT INSTITUCIONAL:
Exigimos al gobierno español la paralización de las relaciones militares entre España y Israel, incluyendo exportaciones, importaciones y la cooperación empresarial, tanto en el sector de defensa como en el de seguridad.
· Estaremos activos en las denuncias y actuacciones en acciones de protesta ante la entrada de Israel en la OCDE (Organización para el Comercio y el Desarrollo Económicos)
· Exigimos la ruptura de cualquier tipo de relación institucional de nuestros gobiernos locales, autonómicos y estatales en tanto Israel no cumpla con el Derecho Internacional. BOICOT COMERCIAL:
Hacemos un llamamiento al boicot a los productos de las compañías siguientes:
· Agrexco, responsable principal de la venta de productos, principalmente frutas y verduras, un 60% de los cuales proviene de las colonias en territorio ocupado. Dos veces por semana atraca en el puerto de Valencia un barco con dicho cargamento, que representa más del 80% de las exportaciones comercializadas en el Estado español.
· Agua Edén Springs, compañía con sede en el territorio ocupado del Golán Sirio y que explota sus recursos hidrológicos, que ahora se está estableciendo en el Estado español. La compañía H&M abre nuevas tiendas en Israel incluso en territorio ocupado en la parte oriental de Jerusalén. De esta manera H&M viola su propia declaración de responsabilidad corporativa donde se compromete a respetar los derechos humanos haciéndose por tanto cómplice de las prácticas ilegales del estado de Israel.
· Veolia Environnement. La multinacional francesa es cabecera del consorcio CityPass un tranvía que une Jerusalén Oeste con colonias judías ilegales como Pisgat Ze’ev, French Hill, Neve Ya’akov y Gilo en el Jerusalén Este ocupado por Israel. Se le ha llamado el tranvía del apartheid, al prohibir el transporte de la población Palestina. BOICOT CULTURAL Y DEPORTIVO:
La normalización del Estado de Israel pasa por su participación en festivales culturales, de todo tipo, representando la cara amable de Israel. El caso más evidente, por insólito es la participación de Israel en Eurovisión. Nos dirigimos al mundo cultural para instarle a no participar en festivales que se realicen en el Estado de Israel, mientras éste no asuma los compromisos con el derecho internacional, de la misma manera que estableceremos contactos con los artistas israelíes emplazándolos a desmarcarse de las políticas del estado israelí. De la misma manera, pedimos a las federaciones deportivas del Estado español el veto a las delegaciones que en nombre del Estado Israelí participen en eventos deportivos, algunos de ellos claramente normalizadas como la participación del Maccabi de Tel Aviv en la Euroliga. BOICOT ACADÉMICO:
Apelamos al conjunto de la comunidad académica para hacer campañas encaminadas a romper los vínculos de hermanamiento y cooperación entre las universidades israelíes y las del Estado español. Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales del pueblo palestino, recogemos la llamada del Comité Nacional Palestino y exigimos que cualquier solución política debe garantizar los derechos humanos del pueblo palestino, recogidos en la declaración del BDS de 2005. Estos derechos se basan en el fin de la ocupación y colonización israelí y el cumplimiento del derecho al retorno de los refugiados, tal como recogen múltiples resoluciones de Naciones Unidas desde 1948.
