07/09/2026
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El Imperio exige tributo: Donald Trump y el imperialismo en decadencia
4 de septiembre de 2026
Vijay Prashad marxista 2026 2 de abril-junio
Marxista , XLII, 2, abril-junio de 2026
Vijay Prashad
El Imperio exige tributo
Donald Trump y el imperialismo en decadencia
Introducción: El imperialismo sin disculpas
Donald Trump no creó la crisis del imperialismo estadounidense. Surgió de ella, comprendió algunos de sus síntomas con la intuición vulgar de un agente inmobiliario y ofreció a la clase dirigente estadounidense un método para gestionar su declive relativo. Su lenguaje es crudo porque la realidad que describe es cruda. Los países son activos o pasivos; los aliados son clientes impagados; las vías fluviales son peajes; los minerales son tesoros bajo el suelo de otros pueblos; los aranceles son instrumentos de castigo; y la protección militar es un servicio por el que se debe pagar. Trump despoja al imperialismo de su disfraz diplomático. Donde el internacionalismo liberal hablaba de valores comunes y un orden basado en normas, Trump pregunta quién es el dueño del puerto, quién controla el mineral, quién paga por la base y qué tributo se puede obtener del acceso al mercado estadounidense.
El mundo contemporáneo atraviesa una profunda transición. Las instituciones construidas tras la Segunda Guerra Mundial permanecen en gran medida intactas, pero sus fundamentos materiales han cambiado. Estados Unidos sigue dominando las finanzas globales, el poder militar, los estándares tecnológicos, los sistemas de comunicación y las instituciones internacionales, pero ya no posee la supremacía productiva indiscutible que antaño confería solidez a su dominio. El centro de gravedad productivo se ha desplazado hacia Asia. China se ha convertido en la mayor potencia manufacturera del mundo, mientras que los países del Sur Global representan una proporción creciente del comercio, la producción, la inversión y la capacidad tecnológica. La producción se ha dispersado geográficamente, pero el poder financiero, monetario, militar y de la información sigue concentrado en el antiguo bloque del Atlántico Norte.
Esta contradicción define la coyuntura actual. Estados Unidos conserva un extraordinario poder coercitivo, mientras que su capacidad para liderar la economía mundial mediante la superioridad productiva ha disminuido. Sigue siendo el emisor de la principal moneda de reserva (el dólar), el centro de los mercados de capitales globales, la sede de poderosas empresas tecnológicas y el centro de mando de un sistema militar que abarca todo el planeta. Pero no puede simplemente superar a China en producción, ofrecer al Sur Global una vía de desarrollo creíble ni restaurar el monopolio industrial del que disfrutó después de 1945. Lo que parece una serie de crisis inconexas —guerras arancelarias, sanciones, controles de exportación, crisis de deuda, cerco militar, amenazas territoriales y guerras regionales— se comprende mejor como un único proceso histórico: el esfuerzo por preservar una jerarquía imperialista cuyos cimientos económicos están bajo presión.
El imperialismo de Trump es el intento de convertir las ventajas que aún conserva Estados Unidos —su alcance militar, su poder económico, su mercado de consumo, sus monopolios tecnológicos y su control sobre infraestructuras estratégicas— en instrumentos de tributo y dominio. No representa una retirada del imperio. «Estados Unidos primero», el lema de Trump, significa que Estados Unidos seguirá reclamando privilegios globales mientras rechaza incluso la mera apariencia de obligaciones universales. Dominará sin responsabilidad, mandará sin consentimiento y exigirá un pago por el orden que él mismo ha hecho cada vez más peligroso. El trumpismo no es la retirada del imperialismo estadounidense del mundo; es la retirada del imperialismo del lenguaje de la responsabilidad internacional.
De la supremacía productiva al poder coercitivo
El orden internacional que surgió después de 1945 se sustentaba en tres pilares interconectados: la superioridad productiva de Estados Unidos, la centralidad del dólar y la supremacía militar. Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial con su industria intacta y enormemente expandida, mientras que Europa y gran parte de Asia quedaron devastadas. Las fábricas, las instituciones científicas, la infraestructura y las corporaciones estadounidenses conformaron el núcleo productivo del mundo capitalista. Mediante las instituciones de Bretton Woods, el Plan Marshall, la OTAN y una creciente red de alianzas militares, Washington transformó esta ventaja económica en un orden institucional. El dólar se convirtió en la principal moneda de reserva y de intercambio, mientras que el poderío militar estadounidense garantizaba las rutas comerciales, los recursos, los gobiernos dóciles y las condiciones políticas necesarias para la acumulación de capital. Este sistema cambió tras las crisis de la década de 1970. El capital estadounidense trasladó cada vez más la producción al extranjero, primero a países con salarios más bajos y luego a complejas cadenas de suministro globales, especialmente en Asia Oriental. El poder de las finanzas creció en relación con el de la industria manufacturera. Wall Street, el dólar y la estructura legal de los mercados de capitales estadounidenses permitieron a Estados Unidos mantener su autoridad global incluso cuando la capacidad industrial se trasladaba a otros lugares. Las fábricas se marcharon, pero las facturas, las líneas de crédito, los contratos de seguros, las reclamaciones de propiedad intelectual y los sistemas de pago permanecieron bajo la autoridad de instituciones con sede en Nueva York, Londres y Washington.
Durante un tiempo, esto pareció una solución brillante al problema de la rentabilidad. Las corporaciones estadounidenses podían beneficiarse de la producción a bajo costo en el extranjero, los consumidores estadounidenses podían comprar productos más baratos y el Tesoro estadounidense podía financiar enormes déficits porque el ahorro global seguía fluyendo hacia activos en dólares. Sin embargo, este mismo proceso fortaleció nuevos centros productivos. China no se limitó al ensamblaje de bajo valor. Mediante la planificación, la inversión pública, la transferencia de tecnología, la construcción de infraestructuras y el control de los sectores financieros clave, incursionó en las telecomunicaciones, el ferrocarril de alta velocidad, la construcción naval, las energías renovables, los vehículos eléctricos, las baterías, la maquinaria avanzada y la inteligencia artificial, construyendo así ecosistemas industriales que los aranceles por sí solos no pueden reproducir.
Esta es la ironía histórica de la globalización neoliberal: la internacionalización de la producción reforzó inicialmente el poder corporativo y financiero de Estados Unidos, pero también creó la base material para la erosión del monopolio del Atlántico Norte sobre la producción avanzada. Estados Unidos podía seguir obteniendo beneficios a través de las finanzas, la tecnología, las marcas y la propiedad intelectual, pero ya no podía dar por sentado que las fuerzas productivas más sofisticadas permanecerían bajo su control. El desafío chino, por lo tanto, no reside simplemente en que China tenga un elevado producto interno bruto, sino en que ha desarrollado la capacidad de producir a gran escala, de innovar en todos los sectores industriales y de ofrecer infraestructuras y relaciones comerciales que no pasan exclusivamente por los antiguos centros imperiales.
Ningún análisis serio debería confundir el declive relativo con la debilidad. Estados Unidos sigue siendo más poderoso que cualquier imperio anterior en alcance militar y capacidad de coerción financiera. El declive describe una relación, no un colapso. Significa que la distancia entre el poder estadounidense y las capacidades de otros Estados se ha reducido, y que Washington ya no puede reproducir su liderazgo mediante la misma combinación de consenso, superioridad productiva y legitimidad institucional. Es precisamente la brecha entre el poder coercitivo persistente y la supremacía productiva en declive lo que genera la agresividad actual.
Trump capta esta brecha a su manera. Intuye correctamente que las viejas promesas de la globalización ya no gozan de legitimidad entre millones de personas en Estados Unidos. Regiones enteras han sufrido cierres de fábricas, debilitamiento sindical, estancamiento salarial, adicción a los opioides, colapso de los servicios públicos y la humillación del abandono social. Pero Trump no acusa a las corporaciones que trasladaron la producción ni a los financistas que se beneficiaron de la destrucción. Desvía la culpa hacia China, los inmigrantes, los gobiernos extranjeros y los aliados que supuestamente engañan a Estados Unidos. Transforma una crisis generada por el capital en resentimiento nacional. Las heridas sociales del neoliberalismo se convierten en el combustible emocional de un imperialismo más agresivo.
"Estados Unidos primero" no es aislacionismo.
A menudo se describe a Trump como aislacionista por su hostilidad hacia las instituciones multilaterales, su desdén por las alianzas y su recelo hacia las guerras cuyos beneficios no puede cuantificar en términos comerciales. Esta descripción es engañosa. El aislacionismo implicaría una contracción de las ambiciones militares y políticas de Estados Unidos. Trump, en cambio, busca modificar las condiciones en las que se ejercen dichas ambiciones. No pretende reducir los privilegios de Estados Unidos, sino disminuir las restricciones y los costos. No se opone a las alianzas como instrumentos de poder, sino a aquellas en las que los Estados subordinados parecen poseer derechos independientes de su contribución a Washington. El internacionalismo liberal presentaba los intereses nacionales estadounidenses como intereses universales. Hablaba en nombre de la democracia, los derechos humanos, los mercados abiertos y el derecho internacional, incluso mientras apoyaba golpes de Estado, ocupaciones, sanciones y dictaduras. Afirmaba que el liderazgo estadounidense proporcionaba bienes públicos globales: seguridad, estabilidad monetaria, mares navegables e instituciones predecibles. Este lenguaje siempre fue ideológico, pero permitió a las clases dominantes aliadas presentar su subordinación como una participación voluntaria en la comunidad internacional.
Trump descarta gran parte de esta mediación. Interpreta a la OTAN como un contrato de protección y a sus miembros como clientes morosos. No considera las bases militares como la infraestructura de una defensa común, sino como servicios por los que los países anfitriones deben pagar. Considera la ayuda al desarrollo un despilfarro a menos que compre obediencia inmediata. Ve a las Naciones Unidas útiles solo cuando ratifican las decisiones de EE. UU. e ilegítimas cuando las limitan. La esencia de la dominación persiste, pero la gramática cambia de liderazgo a transacción. Este transaccionalismo no hace que el imperio sea menos violento; hace que la violencia esté más directamente vinculada a la extracción. El mundo se convierte en un campo de acuerdos respaldados por la amenaza de exclusión del mercado estadounidense, el sistema del dólar, la tecnología avanzada, la cooperación en inteligencia o la protección militar. Un aliado que paga y obedece puede ser recompensado; un aliado que disiente puede ser castigado. Un adversario puede ser bombardeado, sancionado o bloqueado, pero también se le puede ofrecer un trato si reconoce la primacía de EE. UU. Lo que importa no es la adhesión a una doctrina estable, sino la demostración pública de que Washington puede imponer las condiciones.
La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump para 2025 forma oficial esta perspectiva. Critica a las élites estadounidenses anteriores por permitir que China se beneficiara de los mercados e inversiones de Estados Unidos y presenta la segunda administración Trump como una restauración del poder nacional. Sin embargo, esta restauración no puede devolver a Estados Unidos a la situación de 1945. El panorama industrial, el mercado mundial y el equilibrio de las fuerzas productivas han cambiado. Por lo tanto, Trump intenta utilizar el poder estatal para forzar un resultado que el capital estadounidense ya no puede lograr mediante la competencia comercial ordinaria. Los aranceles, los controles de exportación, el escrutinio de las inversiones, las sanciones, la presión militar y las reivindicaciones territoriales se convierten en sustitutos de la preponderancia productiva perdida.
Trump representa tanto una ruptura como una continuación. La confrontación estratégica con China no comenzó con él ni desapareció bajo el mandato de Joseph Biden. Los controles a las exportaciones, las alianzas militares en Asia, las sanciones y los subsidios industriales trascendieron las líneas partidistas. Pero Trump concentra estas tendencias y elimina su barniz liberal. Su singularidad reside no en inventar el imperialismo estadounidense, sino en transformar su ansiedad acumulada en un programa de imposición abierta.
Aranceles y el imperialismo del tributo
Los aranceles son fundamentales en la visión política de Trump porque parecen resolver varios problemas a la vez. Prometen proteger la industria nacional, castigar a la competencia extranjera, generar ingresos para el gobierno, impulsar la inversión dentro de Estados Unidos y demostrar que el presidente puede someter a otros países. Trump presenta el déficit comercial como prueba de que Estados Unidos ha sido despojado, como si cada contenedor que llega a un puerto estadounidense fuera un tributo pagado en la dirección equivocada. El arancel es su instrumento para revertir el flujo. Sin embargo, bajo el mandato de Trump, los aranceles no son simplemente instrumentos de protección. Son instrumentos de coerción política. El acceso al mercado estadounidense se trata como un privilegio que puede suspenderse a menos que otro Estado cambie su política comercial, sus controles migratorios, su alineación diplomática, su relación con China o su postura sobre una disputa territorial. El poder reside en el continuo volumen de consumo estadounidense: incluso a medida que la posición productiva relativa del país disminuye, sigue siendo un destino enorme para bienes y capital. Trump busca instrumentalizar esta asimetría.
Por lo tanto, esta política contiene una lógica claramente imperial. En la era colonial, las potencias imperiales obligaban a los territorios subordinados a abrir sus mercados, ceder recursos y aceptar acuerdos legales desiguales. En las condiciones actuales, la administración directa suele ser innecesaria. La amenaza de aranceles, la exclusión de los sistemas de pago, las sanciones secundarias o la negación de tecnología pueden obligar a gobiernos formalmente reconocidos como soberanos. La política económica se convierte así en un medio para imponer la obediencia política.
El ataque a China muestra la versión más amplia de esta estrategia. El objetivo no es simplemente reducir el déficit comercial bilateral, sino frenar el desarrollo tecnológico chino, restringir el acceso a semiconductores y maquinaria avanzados, reorganizar las cadenas de suministro fuera de China y obligar a los aliados a participar en un sistema de contención. Washington ya no confía en la competencia de mercado para preservar su liderazgo tecnológico. Debe recurrir a prohibiciones administrativas, disciplina de alianzas y control de puntos estratégicos en la producción tecnológica. El discurso es de seguridad nacional, pero el objetivo es impedir que un sistema productivo rival alcance la autonomía estratégica.
Las limitaciones de esta política son considerables. Un arancel puede elevar el precio de un vehículo eléctrico importado, pero no puede crear instantáneamente las redes de transporte, la mano de obra capacitada, los clústeres de proveedores, los sistemas públicos de investigación ni la planificación a largo plazo que hicieron posible el vehículo. Puede desviar la etapa final de ensamblaje de un país a otro mientras los componentes chinos siguen circulando por la cadena de suministro. Puede generar ganancias extraordinarias para las empresas protegidas sin exigirles que realicen inversiones productivas. Sobre todo, puede imponer mayores costos a los trabajadores estadounidenses cuyos salarios no han aumentado al mismo ritmo que el costo de la vivienda, la atención médica, la educación y los alimentos.
La política industrial de Trump, por lo tanto, se encuentra atrapada en una contradicción. Necesita al Estado porque el mercado no puede restaurar la supremacía productiva de Estados Unidos, pero las fuerzas de clase que lo respaldan se resisten a la planificación, la propiedad pública, la redistribución y la inversión social que requeriría una auténtica reconstrucción industrial. Su coalición busca subsidios sin control público, protección sin poder de negociación y reindustrialización sin una transformación de las relaciones de propiedad. El resultado es una política industrial militarizada, centrada en armas, energía fósil, inteligencia artificial, logística y minerales estratégicos, en lugar de un programa para satisfacer las necesidades sociales.
Las sanciones, junto con los aranceles, constituyen otra forma de tributo. El papel que sigue desempeñando el dólar en las reservas, los pagos, la deuda y la fijación de precios de las materias primas otorga a Estados Unidos una jurisdicción que se extiende mucho más allá de sus fronteras. Un banco de un país puede ser sancionado por procesar una transacción con un tercer país, incluso si no hay productos estadounidenses involucrados. Un Estado puede ser excluido de los sistemas de pago, sus activos en el extranjero confiscados, su transporte marítimo obstaculizado y su población privada de medicamentos e importaciones esenciales. El poder financiero se convierte en la capacidad de decidir qué países pueden participar normalmente en la economía mundial.
Cuba, Venezuela, Irán y otros Estados sancionados demuestran que la guerra económica no es una alternativa a la violencia militar. Se trata de violencia ejercida mediante la escasez, la interrupción de la producción, el deterioro de los hospitales, la inflación y la migración. El sufrimiento se atribuye entonces al gobierno sancionado, lo que permite a Washington presentar los efectos de la coerción como prueba del fracaso del objetivo. Trump intensifica esta práctica al referirse a ella como "máxima presión": una admisión de que el objetivo es hacer insoportable la vida social hasta obtener concesiones políticas.
Esta combinación de aranceles, sanciones y pagos de protección puede denominarse imperialismo tributario. Trump pretende que los Estados paguen por seguridad, acceso a los mercados, exención de castigos y mediante la cesión de recursos o autonomía política. El método es transaccional, pero la relación no es entre iguales. Un acuerdo pactado bajo la influencia de un grupo de aerolíneas, el sistema del dólar y el mayor mercado de consumo del mundo sigue siendo un acto de coacción.
Territorio, puntos estratégicos y la recuperación de la posesión
Las declaraciones de Trump sobre la adquisición de Groenlandia, la recuperación del control del Canal de Panamá y la absorción de Canadá suelen ser descartadas como mero espectáculo. Sin embargo, este espectáculo encierra una teoría del poder. El imperialismo liberal prefería ejercer el control sin anexión formal, utilizando bases militares, tratados, normas de inversión y élites dóciles. Trump revive el antiguo vocabulario de la posesión. Concibe el territorio como bienes inmuebles y la soberanía como un obstáculo que puede superarse mediante la compra, la presión o la fuerza.
Groenlandia concentra las principales preocupaciones del nuevo imperialismo. Su ubicación es crucial para la estrategia militar en el Ártico, los sistemas de alerta de misiles, las nuevas rutas marítimas y la rivalidad con Rusia y China. Su subsuelo contiene minerales considerados esenciales para baterías, electrónica, armamento y la transición energética. A medida que la crisis climática derrite el hielo ártico, la catástrofe, producida en gran medida por las históricas emisiones de las antiguas potencias industriales, abre nuevas rutas para el comercio y la extracción. Trump observa esta geografía transformada y ve una oportunidad de adquisición.
El pueblo de Groenlandia prácticamente desaparece de este cálculo. Su larga lucha contra el dominio colonial danés y su derecho a determinar su futuro quedan subordinados a los intereses estratégicos de Washington. Aquí, el imperialismo de Trump revela su esencia colonial: la tierra es valiosa por lo que yace bajo ella y por su ubicación, mientras que quienes la habitan se convierten en un estorbo. Sus amenazas contra Dinamarca también demuestran que la jerarquía imperial incluye a los aliados. La pertenencia a la OTAN no garantiza la igualdad; formaliza distintos grados de subordinación. Cuando un aliado se interpone entre Estados Unidos y un activo que desea, los aranceles y la presión militar pueden volverse contra el propio aliado.
El Canal de Panamá representa una lógica similar. No es simplemente un símbolo del poderío estadounidense del pasado, sino una arteria clave del comercio mundial y un enlace estratégico entre los océanos Atlántico y Pacífico. La retórica de Trump sobre su recuperación refleja la inquietud de que las relaciones comerciales chinas en América Latina puedan reducir el control de Washington sobre la infraestructura logística del hemisferio. Puertos, canales, cables submarinos, ferrocarriles y centros de datos ocupan ahora el lugar que antes ocupaban principalmente fuertes y estaciones de abastecimiento de carbón. El control sobre la circulación es tan importante como el control sobre la producción.
La renovada visión territorial se extiende por toda América. La Doctrina Monroe siempre ha sostenido que el hemisferio constituye una zona especial de competencia estadounidense. Bajo la administración Trump, esta doctrina se amplía para abarcar el petróleo, el litio, los puertos, las rutas migratorias, la infraestructura digital y la exclusión de China. Cuba sigue sometida a un bloqueo económico diseñado para castigar su negativa a renunciar a la soberanía conquistada por su revolución. Las reservas petroleras de Venezuela y su proyecto político independiente la convierten en blanco de sanciones, confiscación de activos, desestabilización y amenazas militares. Los gobiernos de toda América Latina se ven presionados a restringir la inversión china, aceptar las exigencias migratorias de Estados Unidos y alinear sus políticas exteriores con las de Washington.
La migración es fundamental en esta geografía imperial. Las políticas estadounidenses han contribuido a la destrucción de economías, al mantenimiento de guerras y a la intensificación de la vulnerabilidad climática, creando las condiciones de las que huyen millones de personas. Trump militariza la frontera contra quienes son desplazados por el sistema que Estados Unidos ha dominado. Los migrantes son representados como invasores, mientras que el capital, las fuerzas militares y la injerencia política estadounidenses cruzan las fronteras con impunidad. La frontera no marca una retirada del mundo, sino que distingue entre la movilidad otorgada al capital y la violencia, y la inmovilidad impuesta a la mano de obra.
Canadá se inserta en la retórica de Trump desde una perspectiva diferente, pero el principio subyacente es reconocible. Él concibe las fronteras nacionales como provisionales en lo que respecta a la seguridad, los recursos y la ventaja comercial de Estados Unidos. Sus bromas y amenazas constituyen una forma de pedagogía política: enseñan al público estadounidense a considerar la soberanía de los países vecinos como contingente y a ver la expansión del poder estadounidense como un derecho natural. El mapa imperial se presenta como inacabado.
Palestina, Irán y la impunidad imperialista
En ningún otro lugar se manifiesta con tanta claridad la violencia del imperialismo de Trump como en Asia Occidental. Palestina e Irán revelan la unidad del poder militar, financiero, territorial e ideológico. También exponen la falsedad de la afirmación de que Estados Unidos defiende un orden basado en normas. Estas normas se invocan contra los adversarios y se descartan para los aliados; la soberanía es absoluta cuando la reclama Washington y condicional cuando la reclaman quienes se resisten a ella.
El apoyo estadounidense a Israel no es simplemente una alianza entre dos estados. Israel funciona como una posición militar y de inteligencia avanzada dentro de la estructura imperial de Asia Occidental, una región cuyos recursos energéticos, rutas comerciales y ubicación estratégica la han convertido en una preocupación central para el poder estadounidense. Washington proporciona armas, dinero, protección diplomática e inteligencia, mientras que Israel demuestra las formas de vigilancia, castigo colectivo, control de la población y tecnología militar que circulan en el sistema imperial en general.
El trato que Trump da a Palestina traslada su mentalidad de promotor inmobiliario al terreno de la guerra colonial. Gaza no se percibe como una patria habitada por un pueblo con derechos, historia y reivindicaciones políticas, sino como un territorio cuya población puede ser reubicada y cuya costa puede ser urbanizada. Esta es la vieja fantasía colonial expresada en el lenguaje inmobiliario: expulsar a la población, despejar la tierra y convertir la devastación en una oportunidad de inversión. La obscenidad reside no solo en la propuesta en sí, sino en el hecho de que da forma explícita a una lógica ya presente en la destrucción de hogares, hospitales, universidades, archivos, tierras agrícolas y la vida cívica.
El ataque contra Palestina también implica un ataque al derecho internacional. Cuando las instituciones internacionales investigan la conducta de Israel o Estados Unidos, Washington sanciona a funcionarios, amenaza a los tribunales, veta resoluciones y retira su cooperación. La soberanía imperial implica el derecho a juzgar a otros sin ser juzgado. Estados Unidos insiste en la jurisdicción universal para sus sanciones y operaciones militares, mientras niega jurisdicción a los organismos que podrían exigir responsabilidades a sus líderes o aliados. Trump no crea este doble rasero, pero lo convierte en motivo de orgullo.
Irán presenta la misma estructura a mayor escala regional. Durante décadas, las sanciones han intentado impedir que Irán ejerza su soberanía económica y estratégica. Las restricciones a las exportaciones de petróleo, la banca, el transporte marítimo, la tecnología y la inversión se han diseñado para agotar al país y aislarlo de la economía mundial. La política de "máxima presión" de Trump utiliza el sufrimiento de los iraníes comunes como moneda de cambio. Parte de la premisa de que el dolor económico puede medirse hasta que un Estado renuncie a su papel regional independiente y acepte las condiciones impuestas por Washington y Tel Aviv.
Pero la coerción financiera se convierte fácilmente en coerción militar. Huelgas, asesinatos, bloqueos, amenazas contra instalaciones nucleares y esfuerzos por controlar la navegación a través del estrecho de Ormuz se sitúan en el mismo espectro. El estrecho es uno de los pasos energéticos más importantes del mundo, y su control tiene consecuencias que van mucho más allá de Irán. Reclamar el derecho a controlarlo unilateralmente equivale a reclamar autoridad sobre una arteria vital de la economía mundial. Una vez más, Estados Unidos presenta su control como libertad de navegación y la resistencia de un Estado regional como una amenaza al orden internacional.
Trump’s policies in West Asia are often described as erratic because threats, negotiations, strikes, and proposed deals follow one another rapidly. Yet the apparent volatility has a purpose. Unpredictability becomes an instrument of negotiation. The adversary must believe that the president may exceed established limits, while allies must continually purchase reassurance. The danger is immense because a strategy that relies upon performed irrationality can generate consequences no performance can contain.
This is hyper-imperialism in its most concentrated form: the attempt of a military-political-economic bloc led by the United States to compensate for reduced authority through intensified coercion. The United States and its allies possess an overwhelming share of global military expenditure, an immense network of overseas bases, control over strategic technologies, and the capacity to wage economic war across jurisdictions. Yet they cannot obtain stable political outcomes. Iraq, Afghanistan, Libya, Palestine, and the long campaign against Iran demonstrate the destructive power of the bloc and the limits of its capacity to create legitimacy. It can devastate societies more readily than it can govern the consequences.
Asia and the Militarisation of Productive Competition
The central long-term preoccupation of US strategy remains Asia because Asia is the most dynamic region of the world economy and China is the power that has most decisively broken the old productive hierarchy. The United States faces a dilemma: it cannot detach itself economically from a region upon which its corporations and consumers depend, but it cannot accept an Asian economic order in which Washington does not possess final authority. Its answer is to militarise economic competition.
US bases in Japan, South Korea, Guam, the Philippines, and Australia form an arc around China. AUKUS, the Quad, naval patrols, military exercises, new basing agreements, and the weaponisation of the Taiwan question expand the infrastructure of confrontation. Semiconductor controls and investment restrictions operate in tandem with this military architecture. The factory, laboratory, shipping lane, satellite, payment platform, and naval base become parts of a single strategy.
Trump adds transactional pressure to this structure. Japan and South Korea are told to pay more for US forces, even though those forces serve Washington’s strategic design. Taiwan is treated simultaneously as a strategic position, a customer for US weapons, and a semiconductor asset whose productive capacity the United States wants relocated. Allies are expected not merely to align diplomatically but to reorganise their economies, technology relationships, and supply chains around the containment of China.
The danger is that the United States will attempt to compensate militarily for what it cannot achieve commercially. China’s rise cannot be reversed through aircraft carriers. Its industrial ecosystems cannot be bombed out of existence without inflicting catastrophe upon the entire world economy. Yet the military option remains embedded in US planning because the loss of primacy is treated as a security threat rather than as an invitation to cooperation among sovereign states.
The people of Asia are asked to live inside this contradiction. Their economies are increasingly integrated with China, while their security establishments are pressured to align with the United States. Military spending diverts resources from social development, and bases transform cities, islands, and coastlines into potential targets. Washington speaks of a free and open region, but freedom is defined as the continued freedom of US forces to operate thousands of kilometres from their own territory.
Trump’s racial nationalism intensifies the danger. Economic competition is narrated as civilisational theft, and China becomes the external explanation for internal US decline. This language prepares a population for sacrifice by turning a complex transformation of the world economy into a story of national victimhood. It conceals the role of US corporations in relocating production and makes hostility to China appear as working-class politics, even though confrontation threatens workers everywhere.
The Class Project Behind Trumpism
Trump’s political strength comes from his ability to speak to real social devastation while protecting the property relations that produced it. Deindustrialisation, indebtedness, insecure employment, racialised inequality, and the collapse of public institutions have generated an enormous reservoir of anger. The Democratic establishment defended the globalisation that enriched finance and technology corporations while offering affected communities retraining, consumer credit, and moral lectures. Trump entered this landscape and promised restoration.
But the restoration is fraudulent. Trump does not seek to transfer power to workers or rebuild society around public provision. His project joins sections of fossil-fuel capital, finance, weapons manufacturers, real-estate interests, private equity, logistics, and technology billionaires with a mass base drawn partly from the casualties of neoliberalism. The contradiction is managed through nationalism. Capital is absolved of responsibility, while migrants, China, public employees, universities, minorities, and foreign governments are designated as enemies.
This class coalition explains the peculiar shape of Trump’s industrial policy. A genuine reconstruction of productive capacity would require long-term planning, public banks, modern infrastructure, strong schools and universities, expanded social wages, worker power, and some form of public authority over investment. Trump’s coalition will not tolerate such a programme. It therefore relies upon tax concessions, deregulation, military procurement, tariffs, cheap energy, and subsidies to private capital. Public money absorbs risk while private owners retain control.
The technology oligarchy occupies a special place within this arrangement. Digital platforms, cloud systems, artificial-intelligence models, satellites, data centres, and undersea cables have become infrastructure essential to economic and political life. The firms that control them exercise quasi-sovereign power. They can determine access to information, communications, payment channels, and computational capacity. Their relationship with the state is neither simply antagonistic nor subordinate. They require public research, energy, contracts, military protection, and favourable regulation, while the state increasingly depends upon their technologies for surveillance, warfare, and administration.
For the Global South, this concentration creates a new frontier of dependency. A country may possess formal independence while its public data, communications, cloud infrastructure, and digital payments remain controlled abroad. Digitalisation can improve planning, health, education, and production, but only if questions of ownership and sovereignty are confronted. Who owns the data? Who builds the systems? Who sets the standards? Who captures the value? Trump’s alliance with technology capital gives these questions an openly geopolitical character, as access to chips, platforms, and artificial intelligence becomes conditional upon strategic alignment.
At home, the same technologies are joined to a strengthened coercive state. Border militarisation, deportation, surveillance, attacks on dissent, and the criminalisation of solidarity are not separate from foreign policy. Empire returns home through the institutions and habits it has developed abroad. A state accustomed to treating entire populations as security threats will eventually apply the same methods to workers, migrants, students, and political opponents within its borders.
Trumpism therefore cannot be defeated by restoring the neoliberal order that produced it. A defence of the old language of alliances and rules, without a transformation of class power, merely prepares the ground for another Trump. The answer must begin from the social injuries that his movement exploits while refusing the racism, militarism, and chauvinism through which he redirects them.
The Limits of Imperial Restoration
Trump’s imperialism is dangerous precisely because it combines extraordinary power with impossible ambitions. The United States can impose immense suffering, interrupt trade, seize assets, exclude firms from technology, and compel weaker states to make concessions. But coercion cannot indefinitely reverse the redistribution of productive capacity. Nor can it solve the internal contradictions of US capitalism.
The dollar remains dominant, but the expanding use of sanctions encourages states to seek alternative payment arrangements. US technology remains powerful, but export controls accelerate investment in independent capabilities. Military alliances can encircle China, but they cannot erase the economic relationships that bind Asia together. Tariffs can change prices and routes, but they cannot summon industrial ecosystems into existence. Each use of coercive power demonstrates US strength while creating incentives to escape from it. There is no automatic passage from US decline to a just world. New centres of production may reproduce extractive relations. Governments of the Global South may seek room for manoeuvre without transforming the lives of workers and peasants. Regional institutions may remain cautious, uneven, or dominated by national interests. The redistribution of power among states is not identical to social emancipation.
Nevertheless, new possibilities have emerged. South–South trade, infrastructure cooperation, development banks, local-currency arrangements, public technology, and regional production networks can reduce dependence upon institutions controlled by the old imperial bloc. Their significance lies not in replacing one hegemon with another but in widening the space within which peoples can pursue sovereign development. This possibility will remain limited unless it is driven by popular struggle. Sovereignty cannot mean only the right of a national elite to negotiate a better position within world capitalism. It must mean the capacity of people to control resources, plan production, build public institutions, guarantee food and health, share technology, and determine the purposes for which the social surplus is used. Otherwise, resistance to US domination can coexist with internal exploitation.
The climate crisis makes this transformation urgent. The Global South bears a disproportionate share of climate damage while debt payments drain the resources required for adaptation. A green transition governed by Trump’s imperialism will become another resource grab: critical minerals will be seized, technologies monopolised, and ecological costs transferred to workers and peasants. Climate justice therefore requires debt cancellation, public finance, technology sharing, and sovereignty over natural resources. It cannot be built through the acquisition of Greenland or the militarisation of mineral supply chains.
Conclusion: The Empire Cannot Be Repaired
Donald Trump is not an aberration floating above the history of US power. He is the political expression of an imperial system that retains enormous coercive capacities while losing the productive supremacy and ideological confidence that once underwrote its leadership. His vulgarity is clarifying. He looks at alliances and sees unpaid protection bills, at Greenland and sees minerals and military position, at Panama and sees a toll road that should belong to the United States, at Gaza and sees cleared waterfront property, at migrants and sees invaders rather than the displaced people of an unequal world, and at tariffs and sees weapons with which to extract obedience.
The distinctive feature of Trump’s imperialism is not that it abandons the world but that it demands tribute from it. It seeks payment for protection, deference in exchange for market access, resources in exchange for political favour, and impunity for the violence of the United States and its allies. It converts the remaining structural advantages of the United States into instruments for delaying a historical transition that it cannot prevent.
Yet the methods of delay deepen the crisis. Sanctions encourage alternatives to the dollar system. Technology controls stimulate independent research. Territorial threats expose the subordination hidden within alliances. Military encirclement makes Asia more dangerous without restoring US industrial primacy. The attack on international law destroys the legitimacy of institutions that once helped organise consent around US leadership. Trump can compel, punish, and destroy, but he cannot restore the world that made American supremacy appear natural.
The choice before humanity is not between Trump’s naked empire and a return to the polite empire that preceded it. Liberal internationalism created the wars, inequalities, sanctions regimes, and social devastation from which Trump emerged. Nor is the alternative merely a different distribution of state power. The task is to build an international order rooted in sovereignty, cooperation, redistribution, ecological repair, and peace.
Such an order will not be delivered by states acting above society. It will have to be created through the struggles of workers, peasants, women, youth, Indigenous peoples, anti-imperialist movements, and governments pushed by organised populations. The productive transformation of the world economy has opened a breach in the old imperial structure, but only political struggle can widen that breach into emancipation.
Trump cree que la historia puede revertirse levantando un muro arancelario, apoderándose de un canal, comprando una isla, amenazando con un tribunal o enviando otro grupo de portaaviones hacia una costa lejana. Pero la crisis del imperio no es un error de negociación. Es el resultado de cambios en la producción, la política y las aspiraciones populares que ningún presidente puede someter por sí solo. El peligro reside en que un imperio incapaz de repararse a sí mismo intente destruir el mundo. La tarea urgente es prevenir esa destrucción y construir, a partir de las luchas ya en marcha, un mundo que ningún imperio pueda controlar.
Obras citadas
Tricontinental: Instituto de Investigación Social, Hiperimperialismo: Una nueva etapa peligrosa y decadente , 23 de enero de 2024.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Informe sobre Comercio y Desarrollo 2025: Al borde del abismo , Naciones Unidas, 2025.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Informe Mundial sobre Inversiones 2025: Inversión Internacional en la Economía Digital , Naciones Unidas, 2025.
Estados Unidos, Oficina Ejecutiva del Presidente, Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América , La Casa Blanca, 2025.
