18/03/2026
🔴 Esto es inadmisible 😡🆘¿FALSOS POSITIVOS EN SUCUMBÍOS? COMUNIDAD DENUNCIA TORTURAS, CASAS QUEMADAS Y BOMBAS DEL EJÉRCITO EN OPERATIVO “EXTERMINIO TOTAL”
Habitantes del recinto San Martín, en la parroquia Jambelí del cantón Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, denunciaron graves abusos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas durante el operativo militar denominado “Exterminio Total”, ejecutado entre el 3 y el 6 de marzo de 2026 en la zona fronteriza con Colombia.
Según testimonios recogidos por el periodista Víctor Gómez durante un recorrido en el lugar de los hechos, el sitio bombardeado por el Ejército no presenta rastros de trincheras, polígonos de tiro ni infraestructura militar clandestina como lo sostuvo el Gobierno de Daniel Noboa. En cambio, lo que se encontró fue un enorme cráter de aproximadamente ocho metros de profundidad y 25 metros de diámetro, rodeado de restos de herramientas agrícolas, queseras y estructuras calcinadas.
Los moradores aseguran que el 3 de marzo helicópteros militares aterrizaron en la zona y detuvieron a cuatro jornaleros que trabajaban sembrando pasto en una finca ganadera. Los comuneros afirman que no existió ningún enfrentamiento armado. Por el contrario, los campesinos denunciaron haber sido amarrados, colgados y sometidos a simulaciones de ahogamiento y golpes durante los interrogatorios iniciales.
Uno de los trabajadores relató que los militares lo amarraron de manos y pies, lo colgaron y lo sumergieron en un tanque de agua mientras le exigían información sobre supuestos miembros de grupos armados que los habitantes aseguran no conocer.
Posteriormente, los cuatro hombres fueron trasladados en helicóptero a Nueva Loja, donde según su testimonio habrían sido sometidos a descargas eléctricas con pistolas paralizadoras mientras eran interrogados en un cuarto pequeño. Tras varias horas, y sin que se encontraran armas ni antecedentes penales en su contra, los militares los habrían abandonado cerca del hospital de la ciudad sin ser puestos a órdenes de la Fiscalía.
Los campesinos también denunciaron que durante el operativo los uniformados habrían rociado gasolina y prendido fuego a viviendas y estructuras de madera, destruyendo motosierras, guadañas, monturas de caballo, ropa y otras herramientas de trabajo que constituían el sustento de las familias.
Tres días después, el 6 de marzo, aviones y helicópteros militares regresaron a la zona y ejecutaron un bombardeo aéreo sobre el sitio donde ya se encontraba destruida la vivienda principal y sobre otra casa que, según los moradores, llevaba cinco años abandonada. La explosión generó un cráter de gran tamaño y provocó incluso cortes de energía eléctrica en comunidades cercanas como Providencia.
La operación fue presentada por el Gobierno como un golpe contra el cabecilla de los Comandos de la Frontera conocido como alias “Mono Tole”, asegurando que se destruyó un supuesto centro de descanso y entrenamiento del grupo criminal. Sin embargo, los comuneros sostienen que el lugar es una finca ganadera de más de 150 hectáreas donde solo existen animales, potreros y viviendas rurales.
“¿Cómo va a ser un campamento si aquí no hay camarotes, no hay fusiles, no hay balas ni nada que se parezca a un centro de entrenamiento?”, cuestionó el propietario del terreno ante las cámaras de Radio Sucumbíos.
La situación también fue denunciada por la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, que alertó sobre posibles actos de tortura, simulación de ahogamiento, amenazas de mutilación y otras violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
La organización exigió a la Fiscalía una investigación inmediata sobre el operativo militar y advirtió que la lucha contra el crimen organizado no puede convertirse en una excusa para cometer atropellos contra población civil.
Por su parte, las Fuerzas Armadas indicaron que la información sobre el caso debe ser canalizada a través del Ministerio de Defensa, desde donde se informó que, tras conocerse las denuncias públicas, la Dirección de Derechos Humanos activó protocolos internos de investigación.
Mientras tanto, en San Martín el miedo permanece. Las familias aseguran vivir bajo constante temor ante nuevos sobrevuelos militares y denuncian que la estigmatización por vivir en zona de frontera los ha convertido en sospechosos ante el propio Estado.
“Que tenga el valor de decir la verdad y no engañe al pueblo ecuatoriano”, reclamaron los comuneros dirigiéndose directamente al Palacio de Carondelet.
