Las Casas de Justicia son Centros Interinstitucionales de información, orientación, referencia y prestación de servicios de resolución de conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal. Con ellas se pretende acercar la justicia al ciudadano orientándolo sobre sus derechos, previniendo el delito, luchando contra la impunidad, facilitándole el uso de los servicios
de justicia formal y promocionando la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Esta definición se ratifica en el Convenio Nacional. En las Casas de Justicia, las personas de la comunidad reciben una respuesta centralizada, mediante la intervención coordinada de las diferentes entidades tanto del orden nacional como local que hacen presencia en la casa, buscando principalmente la apropiación ciudadana y comunitaria en el uso de mecanismos alternativos para la solución pacífica de conflictos. Coordinar y apoyar la política pública de acceso a la Justicia por medio de los modelos de Justicia formal y alternativa para ser implementada a Nivel Municipal y/o Distrital a través de las Casas de Justicia. Ser el Programa líder en el tema de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos y modelo de articulación de las Entidades que hacen parte del mismo y trabajan el acceso a la justicia, consolidando un portafolio de oferta de servicios, prestado con estándares de eficiencia y calidad. Es fundamental entender que estas Casas son del orden municipal donde se promueve el desarrollo de la justicia local, dentro del marco constitucional de descentralización y autonomía de las Entidades territoriales. Por ello, es importante compartir con los mandatarios locales algunos de los beneficios que conlleva el implementar una Casa de Justicia en su Comunidad, los cuales están definidos en los objetivos del programa y contemplados en el artículo 3° del Decreto 1477 de 2000, entre los que se destacan:
- Facilita la atención descentralizada, integral y coordinada de entidades del orden nacional, local, representantes de las comunidades y universidades presentes en la zona para la prestación de servicios de justicia, orientados a evitar el escalonamiento de los conflictos y la generación de mayores niveles de violencia.
- Familiariza a la comunidad con el uso de métodos alternativos en la solución de conflictos.
- Orienta al usuario sobre sus derechos y deberes e integra a la comunidad en torno a la defensa de los derechos humanos.
- Previene la violencia intrafamiliar.
- Fortalece la presencia y legitimidad del Estado en sectores y áreas poblacionales excluidos y marginados.
- Une a la comunidad y al Estado generando confianza y el sentido de pertenencia, en cuanto la comunidad se siente beneficiada por la oferta de servicios que allí encuentra.
- Fomenta la construcción de tejido social.
- Genera información fundamental para el diseño de políticas públicas en materia de justicia y permite el desarrollo de programas afines a la misión, visión y objetivos del Programa Nacional de Casas, pero acordes con la realidad local.
