14/09/2026
¿Qué pasó con el nuevo Palacio de Justicia de Buga después del terremoto?
Un edificio recientemente inaugurado, construido con recursos públicos, permanece cerrado luego del sismo del pasado 10 de agosto. La situación genera inquietud entre los ciudadanos, que piden conocer qué daños presentó el inmueble y cuál es el concepto técnico sobre su seguridad.
Buga. Hay una pregunta que comienza a rondar entre los ciudadanos de Guadalajara de Buga: ¿qué pasó con el nuevo Palacio de Justicia después del terremoto del pasado 10 de agosto?
La inquietud surge al observar que una edificación relativamente nueva, recientemente inaugurada y destinada a prestar un servicio fundamental para la ciudad, permanece cerrada después del fuerte movimiento sísmico que afectó a Buga y a diferentes municipios de la región.
Para muchos ciudadanos resulta comprensible que edificaciones antiguas hayan tenido que ser evacuadas y sometidas a inspecciones. Son construcciones que en algunos casos fueron levantadas hace varias décadas, bajo normas diferentes a las actuales y con sistemas constructivos que hoy pueden requerir evaluaciones especiales.
Pero cuando se trata de una construcción nueva, la pregunta adquiere una importancia diferente.
Si el Palacio de Justicia fue diseñado, construido, supervisado y recibido recientemente, se supone que debió cumplir con las normas y exigencias técnicas establecidas para garantizar condiciones adecuadas de seguridad frente a eventos sísmicos.
Por eso la pregunta es inevitable:
¿Qué ocurrió con el edificio?
El cierre genera interrogantes
Hasta el momento, para la ciudadanía lo más visible es que el edificio permanece cerrado. Sin embargo, una de las principales inquietudes es conocer cuál fue la razón técnica que llevó a tomar esa decisión.
¿Se encontraron daños estructurales?
¿Se presentaron afectaciones en columnas, vigas, placas o cimentación?
¿Los daños corresponden a elementos no estructurales como fachadas, cielorrasos, divisiones, acabados o instalaciones?
¿El cierre fue una medida preventiva mientras se realizaba una evaluación?
Son preguntas que solamente pueden ser respondidas mediante una inspección técnica y un concepto profesional.
Es importante aclarar que el hecho de que una edificación nueva presente daños después de un terremoto no significa automáticamente que haya existido una falla en su construcción.
Una estructura puede experimentar diferentes niveles de afectación durante un sismo y conservar su seguridad estructural. Precisamente por eso son necesarios los estudios especializados que permitan determinar qué ocurrió y si el inmueble puede volver a ser ocupado.
¿Quién evaluó el Palacio de Justicia?
Otro de los interrogantes que plantea la comunidad tiene que ver con la evaluación realizada después del terremoto.
¿Quién inspeccionó el inmueble?
¿La Alcaldía de Buga?
¿La Rama Judicial?
¿La entidad encargada de administrar la edificación?
¿Un ingeniero estructural independiente?
¿La interventoría de la obra?
¿El contratista que ejecutó el proyecto?
Y quizás la pregunta más importante:
¿Qué dice el informe técnico?
Si existe un dictamen sobre las condiciones del edificio después del terremoto, sus principales conclusiones deberían ser conocidas por la ciudadanía.
No solamente porque se trata de un edificio público, sino porque allí se desarrolla una actividad esencial para la comunidad.
Una obra financiada con recursos públicos
La discusión adquiere todavía mayor relevancia cuando se recuerda que estamos ante una infraestructura pública.
La construcción de una obra de estas características implica recursos del Estado y, por lo tanto, recursos de todos los ciudadanos.
Eso permite formular otras preguntas legítimas:
¿Cuánto costó la construcción?
¿Quién fue el contratista?
¿Quién realizó la interventoría?
¿Quién elaboró los diseños?
¿Qué estudio de suelos se realizó?
¿Qué normas sismorresistentes fueron aplicadas?
¿Quién supervisó la ejecución de la obra?
¿Quién certificó y recibió el edificio?
Y ahora que el inmueble permanece cerrado:
¿Quién determinará las obras necesarias para que pueda volver a funcionar y quién asumirá esos costos?
Responder estas preguntas no significa señalar culpables.
Significa establecer la trazabilidad de una obra pública y garantizar que exista claridad sobre todas las etapas del proyecto.
No se trata de decir que un edificio nuevo debe ser indestructible
También es necesario hacer una precisión.
Que una construcción sea nueva no significa que esté obligada a salir completamente ilesa de un terremoto.
Las normas de construcción sismorresistente buscan reducir los riesgos y proteger la vida de las personas. Dependiendo de la intensidad y características del movimiento, una edificación puede presentar daños que requieran reparaciones sin que ello implique necesariamente una falla estructural.
Por eso sería irresponsable afirmar, sin contar con un dictamen técnico, que el Palacio de Justicia presenta una falla de construcción.
Pero también sería igualmente irresponsable ignorar las preguntas que está formulando la comunidad.
La respuesta debe estar en manos de los expertos y, sobre todo, debe ser pública y transparente.
Buga necesita respuestas
El Palacio de Justicia no es simplemente otro edificio de la ciudad.
Es un espacio donde se presta un servicio esencial de administración de justicia. Su cierre tiene consecuencias para funcionarios, abogados y ciudadanos que requieren atención y acceso a los servicios judiciales.
Por eso, además de conocer el estado físico del inmueble, la comunidad necesita saber cuáles son las alternativas mientras permanece cerrado, cuánto tiempo podría durar la situación y qué acciones se están adelantando para garantizar la continuidad del servicio.
El terremoto dejó una importante lección para Buga: la seguridad de las edificaciones no puede darse por sentada.
Cada inmueble debe ser evaluado de acuerdo con sus características y con los daños que efectivamente haya sufrido.
En el caso del nuevo Palacio de Justicia, esa evaluación adquiere un significado especial precisamente por tratarse de una construcción reciente.
La pregunta sigue abierta
Por ahora, mientras el edificio permanece cerrado, la pregunta continúa sobre la mesa:
¿Qué pasó con el nuevo Palacio de Justicia de Buga?
La ciudadanía merece conocer si el inmueble sufrió daños estructurales o no estructurales, cuál fue el resultado de la evaluación técnica, quién tomó la decisión de mantenerlo cerrado y qué trabajos deberán realizarse antes de permitir nuevamente su utilización.
También merece conocer cuánto se invirtió en la obra, quiénes fueron los responsables de su construcción e interventoría y bajo qué condiciones técnicas fue entregada.
No se trata de generar temor.
Tampoco de buscar responsables antes de tener las pruebas.
Se trata de algo mucho más sencillo:
transparencia.
Porque cuando una obra nueva construida con recursos públicos permanece cerrada después de un terremoto, los ciudadanos tienen todo el derecho a preguntar qué ocurrió.
Y las instituciones tienen el deber de responder con documentos, estudios técnicos y argumentos claros.
Buga espera esas respuestas.
