18/06/2026
A propósito de lo ocurrido con niños haitianos en Chile:
Hace algunos meses publicamos una columna sobre un problema que parecía técnico: personas migrantes que no aparecían correctamente reflejadas en los datos oficiales. https://lnkd.in/dvGytG_f
Cuando un país tiene una población migrante que ya representa una parte relevante de su población (10%) y aun así mantiene instituciones con bajo presupuesto, procesos lentos, poca interoperabilidad y capacidad limitada de seguimiento, los riesgos dejan de ser administrativos y pasan a transformarse en problemas de protección.
Los antecedentes conocidos estos días sobre niños y niñas haitianas ingresadas a Chile vuelven a abrir una pregunta incómoda:
¿Estamos dimensionando la responsabilidad que tiene el Estado con la población migrante?
Porque el problema no es solo quién entra o bajo qué categoría migratoria. También importa qué controles existen, cuánto demora el Estado en detectar situaciones de riesgo, qué alertas se levantan, cómo se coordinan las instituciones y cuánto demora el Estado en responder.
No se puede exigir cumplimiento, integración y trazabilidad con servicios sobrecargados, largas esperas y recursos que no crecen al ritmo de una población que ya forma parte estructural del país. Como dato, hoy una persona que desea renovar su cédula de identidad (permiso migratorio, residencia temporal, residencia definitiva, visa o como deseen llamarlo) tardan más de un año en obtenerlo, haciendo todo a tiempo y bien. ¿Se imaginan cómo chilenos estar un año sin cédula de identidad? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo hacen un trámite?
Cuando el Estado llega tarde, quienes pagan el costo suelen ser quienes tienen menos capacidad de protegerse.
