22/10/2025
ALUMINE Docente denuncia que fue separada de sus cargos sin fundamentos ni posibilidad de defensa
María Laura Bravo, docente de la Escuela N° 52 de Aluminé, denuncia haber sido apartada de sus dos cargos hace más de tres meses sin notificación formal, sin audiencia de descargo y sin fundamentos claros por parte del Consejo Provincial de Educación (CPE). Asegura que la medida responde a una denuncia realizada por una familia de la institución, pero que al acceder personalmente a la documentación comprobó que no existen pruebas concretas que justifiquen la decisión, e incluso detectó irregularidades en el expediente.
“Me apartaron de mis cargos sin informarme las razones. Me enteré recién cuando, por mis propios medios, pedí acceso a la documentación en el sector de Sumarios. Lo que encontré me sorprendió: no hay fundamentos que justifiquen mi separación, hay acusaciones sin pruebas, documentación alterada, actas sin número ni folio. Así puedo seguir relatando punto por punto”, explicó Bravo.
Según su relato, la denuncia inicial involucraba a cinco docentes de la escuela, pero solo ella y la directora fueron finalmente alcanzadas por la medida. “En las actas están mencionados cinco nombres, pero no entiendo por qué quedamos solo dos afectadas. Me pregunto si será porque no militamos en ningún gremio o color político. Parece que no pertenecer o decir lo que uno piensa tiene consecuencias”, expresó.
“Nunca me dieron la oportunidad de defenderme”
La docente sostiene que nunca fue convocada a dar su versión de los hechos, a pesar de que el procedimiento administrativo establece que el docente debe tener la posibilidad de ser escuchado en un plazo de quince días.
“Jamás tuve la oportunidad de defenderme. No hubo diálogo ni con la familia, ni con supervisión, ni con dirección. Nunca me llamaron, ni siquiera para preguntar qué había pasado. En el expediente hay notas que dicen que escribí, y jamás las escribí. Hay firmas que no son mías. Todo fue muy turbio”, denunció.
Bravo explicó que la acusación en su contra se basa en un supuesto episodio de maltrato verbal hacia un estudiante, hecho que, según afirma, nunca ocurrió.
“Dicen que grité y maltraté a un alumno frente a su curso. Eso es falso. Nunca levanté la voz, nunca ingresé a un aula a pedir cuadernos de comunicación, como dicen. Lo que sí ocurrió fue una situación durante una hora de plástica, en la que la docente a cargo estaba con licencia. Nosotros no teníamos intervención directa en ese espacio, y sin embargo nos responsabilizan a otros. No hay ninguna prueba, ninguna denuncia policial, nada.”
La docente agregó que el procedimiento de su separación fue “acelerado y sin fundamentos”, al punto que, según relató, el cuerpo colegiado del CPE resolvió el apartamiento en apenas unos días. “Todo se hizo rápido, casi de manera mágica. No respetaron los tiempos ni las etapas del proceso. Ni siquiera esperaron a reunir las pruebas, como exige la resolución 1290/23”, indicó.
“No puedo esperar dos años para demostrar mi inocencia”
Bravo afirma que lleva más de tres meses fuera de la escuela, a la espera de una respuesta formal. Durante ese tiempo, asegura que nadie del Consejo, del gremio ni de supervisión se comunicó con ella.
“Nunca nadie me llamó, ni del gremio, ni del Consejo, ni de ningún lado. Me cansé de mandar mails pidiendo ser escuchada. Y lo único que me respondieron fue: ‘quedate tranquila, igual vas a cobrar el sueldo’. Pero yo no quiero cobrar por estar en mi casa, quiero cobrar por mi trabajo, por estar con mis alumnos, que es mi lugar. Ahora estoy dando clases particulares en mi casa a más de 20 chicos, porque no puedo estar sin enseñar.”
La docente aseguró que el proceso administrativo podría demorar hasta dos años, plazo que considera “injusto y desmedido” ante la falta de pruebas. “No puedo esperar dos años para demostrar mi inocencia. Solo pido que se designe un interventor y que se revise todo. Si hay culpables, que se hagan cargo, pero yo no tengo nada que ocultar. Tengo toda la documentación impresa, mis descargos, los mensajes de apoyo de las familias y de los alumnos”, dijo.
“Esto afecta a mis hijos y a toda la comunidad escolar”
María Laura Bravo también se refirió a las consecuencias personales y familiares de esta situación. “Mis dos hijos asisten a la misma escuela. Se habla mucho de los derechos de las niñeces, pero acá se están vulnerando también los de mis hijos, que ven que su mamá no puede entrar a la escuela, que no puede acompañarlos. Todo esto nos afecta no solo en lo profesional, sino en lo personal, en lo físico y en lo emocional”, expresó con angustia.
Asimismo, denunció que la Escuela N° 52 atraviesa una crisis institucional, con una gran cantidad de cargos sin cubrir. “Hoy nadie quiere ir a trabajar a la Escuela 52. Hay más de diez grados sin maestros. Las familias ya no saben qué hacer. Todo esto se generó por una mala intervención de las autoridades, por no saber dar respuestas a tiempo. La supervisora no contuvo a la familia denunciante, la psicóloga es amiga de ellos y nunca se acercó a la escuela, comentó.
“Solo quiero que me escuchen”
Finalmente, Bravo hizo un llamado a las autoridades provinciales para que intervengan en la escuela y revisen el procedimiento de su separación. “No quiero culpar a nadie, solo quiero que se aclare todo. No pido privilegios, pido justicia. Que me escuchen, que revisen el expediente, que vean que no hay fundamentos. Tengo una trayectoria intachable, siempre trabajé por las infancias y por la escuela. Y hoy siento que me dieron la espalda todos: el gremio, el Consejo, y quienes deberían haber cuidado el debido proceso”, afirmó.
“Aluminé es un pueblo chico. Todos nos conocemos. Las familias saben quién soy, saben cómo trabajo. Yo solo quiero volver a mi escuela, estar con mis alumnos y limpiar mi nombre. No tengo miedo de hablar ni de mostrar lo que hicieron conmigo, porque no tengo nada que ocultar”, concluyó.
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