08/01/2024
La necesidad y la urgencia son del pueblo trabajador
El país se encamina aceleradamente a un fuerte autoritarismo, que se vincula claramente a un proyecto político que favorece solamente a las grandes empresas multinacionales y locales y perjudica directamente a la clase trabajadora y los sectores populares. Así lo demuestra el DNU que declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31/12/2025”, y en paralelo, el proyecto de Ley Ómnibus suma la emergencia en defensa y seguridad, estableciendo que el propio Poder Ejecutivo puede prorrogarse a sí mismo por dos años más (es decir, durante todo el gobierno de Milei) la posibilidad de legislar a través de decretos sobre los temas más variados.
Es un intento autoritario en la forma y en el contenido. Desde la eliminación de conquistas laborales obtenidas a través de años de lucha hasta la modificación de la ley de glaciares, permitiendo la minería en los periglaciares; desde la derogación de la ley de tierras hasta la modificación de la ley de bosques, desde la eliminación de la consulta informada para quienes viven en territorios que sufren históricamente el saqueo extractivista hasta la privatización de clubes deportivos sociales y toda empresa del Estado, aumentando la criminalización de la protesta social en todos los casos. De esta forma, se transforma en una reaccionaria reforma constitucional encubierta.
Así el Presidente de la Nación aprovecha el desprestigio del Congreso y de la política tradicional para dejar de lado las instituciones del régimen de la democracia liberal. Intentan concentrar la suma del poder público, y amenazan con la represión y la violencia (como con el ilegal Protocolo Antipiquetes) para garantizarse la gobernabilidad. La renovación de las cúpulas de las Fuerzas Armadas profundiza aún más el alineamiento con Estados Unidos e Israel, y las prepara para un eventual escenario más represivo.
En sólo 20 días, el Presidente ha lanzado una ofensiva generalizada sobre amplios sectores de nuestra sociedad con un plan de ajuste de la economía más fuerte aún que el que proponía el FMI (que le niega un financiamiento mayor y exige cobrar la deuda ilegítima y odiosa contraída durante el gobierno de Macri y legitimada en el gobierno del Frente de Todos).
Si se analizan el Plan de ajuste, la continuidad del Presupuesto 2023, el DNU y el proyecto de Ley Ómnibus, no hay casi ninguna medida o disposición a favor del pueblo trabajador, pero sí una fuerte transferencia de ingresos al capital más concentrado, incluso medidas específicas que favorecen a uno u otro grupo empresarial.
El ajuste no lo pagan ni la casta ni la política, sino que recae una vez más sobre las jubilaciones, sobre quienes viven de su trabajo, sobre quienes son excluidos de la producción y el consumo, sobre quienes alquilan, sobre las pequeñas empresas y comercios del barrio.
Al vertiginoso ritmo de la carestía de la vida, caen los salarios, jubilaciones e ingresos populares mientras se plantea un escenario con crecimiento de la desocupación, de la pobreza y de la indigencia. El resultado del ancla puesto en los salarios y en la recesión como receta supuesta para detener la inflación es devastador para las mayorías populares, aumentado por una brutal devaluación realizada en un solo día y el comienzo de la liberación de todo tipo de tarifas.
Es un gobierno que sin eufemismo alguno expresa los intereses del gran capital y de las clases dominantes. El apoyo de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) al ajuste y el achique del Estado, de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara de Comercio a la reforma laboral, las expresiones de la Sociedad Rural, lo dicen todo.
Llevadas a sus últimas consecuencias, las ideas de Milei intentan refundar la Argentina sobre la base de las “leyes del mercado”, que le dan mucho más poder a las grandes empresas y deterioran los derechos de las y los trabajadores, mientras apuntan a un Estado que quede reducido a tareas fiscales, de control social y represivas.
Durante la campaña se prometió más libertad, pero ya desde el gobierno se confiere total libertad al empresariado más concentrado, mientras se pretenden anular las libertades que conseguimos como pueblo en las luchas a lo largo de la historia.
El DNU pone el eje en la desregulación económica a partir de la modificación y derogación de cientos de leyes (de alquileres, de movilidad de jubilaciones y pensiones, de tierras, de producción estatal de medicamentos, de abastecimiento, de protección a la industria nacional, de garantía de abastecimiento del mercado como prioridad para bienes como petróleo, harinas o carne, entre muchas otras), en la reforma del Estado, mientras transforma las empresas estatales en sociedades anónimas como paso hacia su privatización.
La reforma laboral es completamente contraria a les trabajadores y a las organizaciones sindicales: ataca el derecho de huelga con el eje en las tareas “esenciales” que no podrían realizar una huelga real de su sector; rebaja las indemnizaciones; cuestiona la ultraactividad de los convenios colectivos, las “cuotas sindicales solidarias” y el manejo de las obras sociales sindicales; ataca el derecho a la licencia por maternidad; alarga los períodos de prueba, etcétera. Esta reforma hoy se encuentra detenida judicialmente por las medidas cautelares presentadas por la CGT y la CTA de los Trabajadores.
La contrapartida de estos atropellos es el estado deliberativo y una politización creciente de vastos sectores de nuestra población. La exitosa superación del protocolo por la concentración del 20 de diciembre, la reaparición de los cacerolazos barriales, los ataques contra la organización sindical y les trabajadores, y la masividad alcanzada por la convocatoria de la CGT el pasado 27 de diciembre presionaron sobre los dirigentes sindicales para decretar un paro con concentración ante el Congreso de la Nación para el próximo 24 de enero.
Es un necesario punto de partida de un plan de lucha nacional para derrotar el ajuste, dejar sin efecto el DNU, impedir la aprobación de la Ley Ómnibus, e impedir todas las reformas regresivas, que si pasan abrirían un horizonte de dimensiones desconocidas.
Les trabajadores y los sectores populares debemos tomar en nuestras manos este paro nacional. De aquí al 24 hay que impulsar convocatorias abiertas de discusión y deliberación en busca de la más amplia unidad de acción para impulsar el paro y un plan de lucha de largo alcance.
Las organizaciones, corrientes políticas y personas que firmamos esta declaración nos comprometemos a desarrollar todas las actividades necesarias a nuestro alcance para garantizar la realización del paro en la más amplia unidad posible.
Asimismo, sabemos que debemos prepararnos para una pelea larga, en la que el paro y la movilización del 24 serán una batalla primordial, pero no la única ni la última que libraremos. Necesitaremos organizarnos desde abajo, desde cada lugar de trabajo, barrio, escuela. Con los compañeros y las compañeras.
En estos tiempos de predominio del individualismo más atroz, incentivado desde el poder, necesitamos rodear de solidaridad cada lucha y aportar a cada necesidad popular. Promover asambleas, multisectoriales, congresos, es decir instancias unitarias permanentes que ayuden a articular, a romper la fragmentación y no quedarnos solos en las muy necesarias luchas de cada sector. Ya tenemos la experiencia de que cada lucha aislada puede ser más fácilmente derrotada.
Y también necesitamos romper el trágico círculo por el que es el pueblo el que siempre pone el cuerpo y después vienen los mismos de siempre a decidir el rumbo del país. Debemos aprovechar que como pocas veces en los últimos tiempos, desde abajo debatimos de política y nos juntamos para resistir, para también debatir qué país necesitamos, qué democracia, qué política. Las y los abajo firmantes nos comprometemos a aportar a esta pelea y necesidad popular con todas nuestras fuerzas.
Apoyamos y seremos parte de las distintas acciones de lucha popular en camino al paro del 24 de enero. En ese sentido, estaremos presentes en las acciones de organizaciones de jubilades y pensionades del próximo 10 de enero, en la jornada de lucha de trabajadoras y trabajadores estatales el 15 de enero, y en la jornada nacional de lucha de movimientos territoriales del 17 de enero (del que muchas organizaciones que firmamos esta declaración somos convocantes).
El futuro está en peligro y los próximos meses son decisivos. Vamos todos y todas por el paro general y el plan de lucha para derrotar al gobierno del capital. Transformemos el 2024 en un año de lucha y esperanza. Suspensión del pago de la deuda externa. Anulación del acuerdo con el FMI Para derrotar a la inflación, congelamiento de precios y control a las grandes empresas formadoras de precios en la producción y la distribución de los productos de la canasta básica, de la energía y del transporte Recuperar la soberanía sobre nuestros bienes comunes, las vías navegables y el control del comercio exterior Recuperación inmediata de salarios y jubilaciones. Contra los despidos. Contra la derogación de la Ley de Alquileres y los desalojos. Contra la represión y las detenciones que atacan las luchas populares Abajo el plan de ajuste, el DNU, el Protocolo Antipiquetes y el proyecto de Ley Ómnibus. Todas y todos al paro nacional del 24 de enero. Por un plan de lucha hasta derrotar los planes de Milei y las grandes empresas
Acción Socialista Libertaria Colectivo de Comunicación Contrahegemonia Web Colectivo Reagrupando Corriente Politica de Izquierda Emancipacion Sur Corriente Nacional FPDS – CP Frente Popular Darío Santillán – Corriente Plurinacional Hilo Rojo - Colectivo Militante La Fragua - Colectivo Militante Marabunta – Corriente Social y Política MULCS Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social Poder Popular
Buenos Aires, enero de 2024
