20/04/2026
*Comunicado Libres del Sur /Isepci RíoCuarto*
El Ejecutivo envió el viernes 17 al Congreso un Proyecto de “Ley contra el fraude de pensiones por invalidez”, el cual se fundamenta en la “presunción” de irregularidades en el otorgamiento de pensiones (vuelve a demonizar al colectivo de discapacidad) aplicando la lógica de sospecha sobre las personas con discapacidad. Este enfoque condiciona el acceso a derechos a través de verificaciones constantes, auditorias masivas, reempadronamientos obligatorios, etc. y que devienen en barreras administrativas que afectan a las personas con discapacidad intelectual, habitantes de zonas rurales y a sectores en situación de pobreza.
Otro punto grave es que establece la incompatibilidad entre pensión y trabajo formal, constituyendo una regresión profunda contradiciendo el Art. 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que reconoce el derecho al trabajo en igualdad de condiciones, desalentando la inclusión laboral, reforzando la dependencia estructural, manteniendo y reproduciendo la exclusión económica de las PCD.
Respecto a las obras sociales, cambia el concepto de “universalidad” por el de piso mínimo de prestaciones, abandonando la idea de igualdad sustantiva, lo que implica pasar de derechos garantizados a derechos condicionados a la factibilidad presupuestaria.
Rompe el esquema de arancel único nacional y habilita un sistema fragmentado sujeto a valores diferenciados por jurisdicciones, aumentando el riesgo de heterogeneidad y brechas entre provincias (rompe con el nomenclador con valores universales), pudiendo cada provincia, obra social, CABA, INCLUIR SALUD, PAMI, etc, fijar sus propios valores.
Para finalizar, no tenemos ninguna duda, nuevamente, del tremendo daño y brutal retroceso de este proyecto presentado por el Gobierno Nacional, y remarcar que detrás del mismo se pueden ver claramente las directivas del Fondo Monetario y del Ministerio de Economía que nuevamente arremeten contra las pensiones por discapacidad, las prestaciones médicas, las jubilaciones y todo el sistema de seguridad social.
Por todo ello los invitamos y comprometemos para que este miércoles 22 a las 11 nos sumemos a la convocatoria en la Plaza Central y expresemos nuestro repudio ante este nuevo y reiterado intento del gobierno de avasallar y llevarse puesto los derechos y garantías de todo el colectivo de discapacidad.