Oficina Nacional de Control Comercial:
El Presente Proyecto de ley tiene como objetivo crear nuevamente la Junta Nacional de Granos, con las mismas facultades que tenía hasta que fue liquidada mediante la Resolución Nº 356 (17/10/1995), en cumplimiento de lo establecido en los Decretos Nº 2148 (22/10/1993) - Patrimonios Desafectados. Disposiciones Generales - y Nº 1836 (19/10/1994) - Relevamiento
patrimonial que deberán efectuar los entes u organismos declarados en estado de liquidación o disolución al 30 de junio de 1994 - por las atribuciones concedidas al Poder Ejecutivo Nacional por la Ley 23696 (B.O. 23/08/1989) - Reforma del Estado. Como vemos, una vez más, nos encontramos frente a un perjuicio más que se genera a partir de la ley 23696, (Privatizaciones y Participación del capital privado. Programa de propiedad partici_ pada, protección del trabajador, contrata_ ciones de emergencia, contrataciones vigentes, Situación de emergencia en las obligaciones exigibles, Plan de emergencia del empleo, disposiciones generales, ampliación del proyecto, mensaje 367 del 25-7-89. - diario de sesiones senado 26 y 27-7-89, pgs.1278. fe de errata, b.o. 25-9-89. promulgada por dec.562 del 18-8-89) que le otorga facultad al Poder Ejecutivo Nacional para que tome medidas relacionadas fundamentalmente en delegar en manos privadas la producción y la riqueza de nuestro país, entre otras cosas. Si hacemos un poco de historia, vemos que mucho ha sucedido desde el año 1825, momento en el que se produce la llegada de los primeros colonos, luego, la fundación de la primera Colonia Esperanza en Santa Fe con emigrantes europeos; desde 1878 con el primer saldo exportable de trigo se realizan los primeros embarques, y aparecen los mercados de granos, hasta que llegamos al año 1935 cuando, mediante la promulgación de la Ley 12.253, se forma la Comisión Nacional de Granos y se crea la Junta Nacional de Granos, esta es la primera Ley de Granos. Más adelante se mantuvo y adaptó esta estructura a las realidades nacionales con las Ley 12578 y 15021 y con los decretos leyes 16070 , de 1 de junio de 1946, 19697 , de 24 de octubre de 1956, 7978 , de 16 de julio de 1957, 15660 , de 28 de noviembre de 1957, 6075 , de 25 de abril de 1958, 1119 y 1121 , de 8 de febrero de 1963, 3697 y 3698 , de 10 de mayo de 1963, esto último surge de los Considerandos del Decreto ley 6698/1963 JUNTA NACIONAL DE GRANOS, que figura en la página digital de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y del que hemos tomado algunos elementos para desarrollar el presente proyecto de Ley, por entender que están muy vigentes. Si bien el origen proviene de una idea llevada adelante en la conocida como "Década Infame" por los sucesos acaecidos en lo político-social, en donde la lucha del campo pasaba esencialmente con los problemas que tenían los ganaderos y los frigoríficos, llegando de esa forma al controvertido tratado Roca-Runciman sobre comercialización de carne congelada, firmado entre nuestro país y Gran Bretaña, creemos que la gran crisis mundial imperante, que afectaba principalmente a nuestra producción por la baja en los precios de las materias primas y que tuvo su pico más alto en el año 1932, llevó a esos gobiernos conservadores a tomar medidas para proteger las fuentes genuinas de la riqueza. Y en ese escenario se crea la Junta Nacional de Granos para garantizar el precio de los granos, que por su retroceso internacional estaba afectando a nuestros productores, los mismos que dos décadas antes, y por medio de su producido, habían ubicado a la Argentina entre los primeros lugares a nivel mundial. La Junta Nacional de Granos mantuvo la regulación y control de la producción de cereales y oleaginosas durante casi sesenta años, pasando por diferentes realidades internas y externas, basada fundamentalmente en la convicción de que por la importancia que tiene este sector para la economía nacional no puede quedar desregularizada y en manos de privados, que generalmente responden a intereses foráneos o particulares. Por otro lado, según destaca un informe de mediados de agosto de 2012 elaborado por la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEDA), entre el año 2002 y el 2012 el precio internacional de la soja paso de 210 dólares la tonelada a superar los 640 experimentando un crecimiento en su valor del 306 por ciento (al cierre de esta nota se ubicaba en los 570 dólares por tonelada, y al día de hoy se ubica en 535 dólares por tonelada). Según el mismo informe, además, desde 2003 a 2011 el valor de la tierra, traccionado por el poroto, se elevó en un 570% en moneda estadounidense. Por otro lado, la producción local, si bien se mantiene tercera en el ranking internacional de productores detrás de los Estados Unidos y Brasil, se incrementó durante una década en más de un 80% mientras los anteriores lo hicieron en un 35 y 26% respectivamente. Datos como estos, en el contexto del diferendo fiscal con la AFIP, vuelven a plantear la disyuntiva histórica de nuestro país sobre el uso social de los beneficios de la tierra y sus productos. Un informe realizado por economistas de la Universidad de Rosario a pedido del sindicato de trabajadores de la industria oleaginosa confirmó recientemente que, como aseguraba la AFIP, las principales cerealeras multinacionales eluden impuestos por retenciones a partir de la triangulación contable (los granos no se mueven) con sus casas matrices (comercio intrafirma) situadas la mayoría de ellas en paraísos fiscales y, en particular, con Chile y Uruguay. La denuncia alcanza a Molinos, Dreyfus, Nidera y Cargill entre otras. Además, las cifras de la elusión, según el mismo informe, son muy difíciles de establecer precisamente por la ausencia de controles por parte del Estado sobre el mercado, e incluso sobre los puertos que también se encuentran desde los '90 bajo gestión privada. Además de la elusión y la evasión fiscal, las triangulaciones que ejercen las empresas agravan el drenaje de divisas al exterior y, por lo tanto, escatiman divisas para engrosar las reservas del BCRA y su usufructo para afrontar pagos de obligaciones extranjeras. En este contexto el informe de la Universidad de Rosario, además, pone de manifiesto el escaso aporte al desarrollo del mercado interno nacional que ejercen las mismas empresas en la medida en que, con un uso de mano de obra extensiva y por lo tanto escasa, el peso de la mano de obra en el total de las ventas es irrisorio. Desde el punto de vista del estímulo a la demanda y el consumo del sector los numeros son reveladores. La masa salarial que desembolsan las cerealeras, en promedio, equivale a un 1,38% de sus ingresos declarados por ventas. Estas empresas que, según AEDA, "han realizado prácticas comerciales en detrimento del país", se valen abusivamente del régimen de (des)control heredado de la década de los noventa cuando, bajo el gobierno de Menem y Cavallo, se puso fin a la Junta Nacional de Granos que, bajo diversas formas existía en el país desde el año 1933 cuando el entonces presidente Agustín P. Justo creara la Junta Reguladora de Granos. En 1991, a través del Decreto Nº 2284/91, se disolvió toda forma de control y regulación estatal. Aquella resolución abriría de par en par el ingreso de las multinacionales en el mercado de granos y restaría protagonismo al Estado en el mercado otorgando a las cerealeras la libertad para disponer a su antojo de los recursos derivados de su actividad. La realidad de hoy, cuando la crisis global y la retracción de la demanda internacional imponen restricciones en la balanza comercial y los compromisos en el pago de deudas y títulos le plantean al gobierno la necesidad de establecer políticas tendientes a preservar los dólares, no es una idea descabellada pensar en retomar políticas que apunten a garantizar el usufructo social y acorde al interés nacional del sector que provee históricamente las divisas en nuestro país. Diversos especialistas en economía agraria ha advertido sobre las posibles alternativas para ejercer un control efectivo que permita recuperar soberanía sobre los recursos nacionales, garantizar la seguridad alimentaria (precios y disponibilidad) y consolidar, a su vez, los sectores más vulnerables de la cadena productiva agropecuaria. Los sectores más pequeños, de hecho, se ven perjudicados con el diferencial de precios en el mercado interno y el internacional (FOB) además de no contar, como otros, con una política de precios sostén que garanticen rentabilidad y previsibilidad al segmento más vulnerable por la creciente volatilidad del mercado internacional. Ya desde 1933, el Estado se plantea la necesidad de disponer de herramientas capaces de ejercer un control sobre el sector que contemple el uso de los recursos para la defensa de los intereses nacionales. Entonces, el presidente Agustín P. Justo dispuso la creación de la Junta Reguladora de Granos que en 1946 amplió sus alcances con la creación del Instituto de Promoción del Intercambio (IAPI) inspirado por el General Perón pero ejecutado por el presidente Edelmiro Farrell. Sus objetivos eran centralizar el comercio exterior y transferir recursos entre los diferentes sectores de la economía como un acto de soberanía. Los vaivenes del mercado internacional y el derrumbe de los precios internacionales luego de la recuperación europea de posguerra lo transformaron en un gestor de subsidios que, más temprano que tarde, dictaron su final dando paso en 1963 a la Junta Nacional de Granos disuelta finalmente por Menem en 1991. Las últimas noticias señalan que “Pequeños productores cerealeros se pronunciaron a favor de la creación de una agencia estatal que controle la comercialización de granos para evitar las prácticas monopólicas de las grandes cerealeras y de quienes retienen la producción y la liquidación de las exportaciones.
