15/03/2023
LA SOLUCIÓN DEFINITIVA A LA INFLACIÓN
Es importante diferenciar en nuestro país cuándo el poder político se convierte en poder económico y cuándo el poder económico se convierte en poder político. La historia cíclica de la inflación en Argentina está en íntima relación con las crisis: un proceso de escalada inflacionaria hacia el año 1976 que se terminó con la dictadura, seguido por otra extrema escalada que terminó con la salida de Alfonsín hacia el ‘89 y que solo fue estabilizado por un proceso de ajuste en la década “de Menem”, volviendo a desarrollar una nueva escalada inflacionaria crítica hacia el 2002, y desde el 2015 que vuelve a repetirse el esquema hiperinflacionario de los ‘80: una escalada de 7 años casi consecutivos de deterioro del poder adquisitivo y de proceso inflacionario, de los cuales, dos años avanza más lentamente, pero que en realidad explica la elasticidad de la inflación del año anterior (2016).
En el actual contexto, en el que, tres semanas atrás, se anunció desde el BCRA el lanzamiento del nuevo billete de $2000, que para muchos deja en evidencia qué tan bajo está el valor de nuestra moneda en relación al dólar, si bien también es cierto que la intención del Banco Central es promover y mejorar el sistema electrónico de pago; es importante reflexionar sobre el origen de la inflación en nuestro país y entender que se trata de un fenómeno multicausal.
Las élites económicas se caracterizan por tener una influencia determinante en el proceso de acumulación del capital, en la distribución de la riqueza, y en la dirección que va a tomar la intervención del Estado en la economía. No podemos ignorar su rol en el fenómeno de la inflación (que se ha profundizado en los últimos días con el segundo aumento en lo que va del año en el precio de los combustibles).
En nuestro país, solo veinte cadenas (entre las que cabe mencionar a Marolio, Molino, Ledesma) detentan alrededor del 75% de la facturación de productos básicos del presupuesto de los hogares, mientras que los artículos destinados al cuidado y a la higiene personal alcanzan el 24,9%; perjudicando los aumentos en estos productos mayormente a los hogares de menores ingresos.
Hay que tener en cuenta que las firmas que acaparan el sector de supermercados en nuestro país (como Carrefour, Cencosud, Coto, Wall-Mart, La Anónima y Día) poseen tiendas de cercanía: cadenas que simulan una multiplicidad de marcas con el fin de aparentar una competencia, cuando en realidad son de un origen común, lo que les permite ampliar sus puntos de venta. El grado de concentración sobre la producción de ciertos productos les permite comportarse de forma corporativa, auto- regulándose entre las mismas empresas y acordando entre sí los precios, situándolos por encima de los que se verían reflejados en un mercado competitivo. En nuestro país estos grupos de empresas detentan la capacidad de imponer (más que negociar) los precios.
Asimismo, el aumento de los precios internacionales de las principales materias primas de exportación, como consecuencia de la ascendente demanda a nivel global, impacta en el aumento de los precios de estos productos en el mercado interno.
En 2016 el Ministerio de Agricultura afirmaba que para 2020 Argentina podría producir alimentos para 600 millones de personas aproximadamente. Sin embargo, dado el aumento de los precios, a los hogares les cuesta cada vez más poner el plato en la mesa. Esto pone en evidencia que el problema de la desigual distribución de la producción nacional no es tanto productivo, sino que está muy vinculado a la influencia de las elites económicas en el rumbo que toma el Estado.
Este escenario deja en claro que es necesaria la actuación de un Estado fuerte, capaz de restringir la incidencia de estas empresas en la formación de precios a través de la construcción de mecanismos de coerción. Nuestra historia nos brinda ejemplos de la intervención estatal como el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) desarrollado durante el gobierno de Perón y la Junta Nacional de Granos, que centralizó bajo su órbita las transacciones comerciales internacionales a través de la compra de cereales y carnes a los productores nacionales, imponiendo un precio y encargándose de distribuir la colocación de los productos en el mercado internacional, lo que aseguraba el abastecimiento a nivel local, a la vez que garantizaba a los productores que su producción se comercializara, y los beneficiaba con la importación de bienes de capital y el otorgamiento de créditos a este sector para incentivar la producción.
El contexto mundial de multilateralidad productiva y la globalización del mercado hace, quizás, poco practicable el funcionamiento tradicional con el que conocimos al IAPI; pero muy probablemente son herramientas como estas las que, poniendo al servicio del Estado entendido como toda la producción y los bienes de la Nación, permitirían que fenómenos degenerativos de la economía, como los procesos inflacionarios, sean corregidos a tiempo.
Cuando se piensa en la solución de la cuestión inflacionaria cabe mencionar que hay condiciones externas e internas sobre las cuales los gobiernos suelen tener muy poca incidencia, principalmente lo vinculado a la especulación financiera y la fuga de capitales. Hay actores, como los grandes capitales internacionales, nacionales, y bancos, que se enriquecen con la fuga, con la especulación y que son parte del problema inflacionario. En la Argentina es de muy difícil solución gubernamental; en última instancia la emisión monetaria también hace su parte. Es por eso que el planteo que se hace acá es un planteo de profunda intervención, sin una gran batalla es imposible resolver la cuestión inflacionaria.
Pero además de la intervención del Estado, es necesario pensar en otro paradigma económico, que los sectores populares han demostrado que es posible: la Economía Popular, un modelo que opone resistencia a la lógica de la ganancia y del individualismo, propia de la economía de mercado. Esta alternativa se construye desde las bases y para las bases, es la economía de excluidos del sistema para administrar sus recursos, generar sus fuentes de trabajo y producir sus propios bienes y servicios, ya no pensando en maximizar sus ganancias minimizando los costos, sino en dar respuestas ahí donde el mercado y el Estado no llegan, con una perspectiva comunitaria y solidaria, y que tiene en cuenta las posibilidades adquisitivas de los sectores más vulnerables. Esta alternativa no deja lugar a la especulación, lo que la convierte en una herramienta para frenar la inflación.
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