05/11/2020
Derecho, ilegalidad urbana y políticas de suelo.
La marcha de los acontecimientos en nuestra época requiere mantener tensiones intelectuales sobre temas aún no resueltos.
Sabemos que el crecimiento urbano en países como Argentina, esta invariablemente acompañado por procesos de exclusión social y segregación espacial, cuya consecuencia más notoria es la proliferación de formas de acceso informal a la vivienda y el suelo urbano.
Si bien la ilegalidad urbana es un reflejo de la poderosa combinación de los mercados de suelo y la inexistencia de una política habitacional eficaz, el rol central que cumple el régimen legal no debe subestimarse. Tanto la falta de regulación del suelo como la aprobación de leyes de planeamiento elitistas que se niegan a reflejar las realidades socioeconómicas que limitan el acceso al suelo y vivienda a los pobres han jugado un rol perverso, agravando y a veces hasta determinando la segregación socioespacial.
Leyes y códigos que consideran al suelo y los derechos de propiedad casi exclusivamente en función de las posibilidades económicas ofrecidas a los propietarios individuales, sin dejar mucho campo para una intervención estatal con sesgo social, dirigido a conciliar los diferentes intereses sobre el uso del suelo y la propiedad.
El accionar del estado en la gestión del suelo y políticas urbanísticas está seriamente restringido y las iniciativas significativas de planeamiento urbano han generado frecuentes conflictos judiciales. Muchos intentos importantes para promover el uso y el control del suelo, incluso la protección jurídica del ambiente y la herencia histórico cultural, se han visto mermados por acciones que reducen fuertemente la intervención estatal en favor de los derechos de propiedad individual.
Como resultado de este enfoque laissez faire en el desarrollo del suelo, concebido puramente como un activo económico, vemos reflejado en la realidad que cada vez más personas han tenido que violar la ley para obtener acceso al suelo y a la vivienda.
Resulta necesario cuestionar la naturaleza del sistema jurídico que genera la ilegalidad urbana, reformar los cimientos del liberalismo jurídico político, adoptar argumentos jurídicos que abran paso a una nueva interpretación de los derechos de propiedad. Pensar nuevos marcos normativos para políticas urbanas y habitacionales, políticas de organización territorial y mecanismos de control de uso del suelo y políticas públicas para la integración social e igualdad de los géneros.
No son cosas que van a conseguirse solo con la ley, es imprescindible la organización colectiva en procesos participativos que permitan a la ley convertirse en una herramienta política efectiva para promover la integración espacial, la justicia social y el desarrollo sostenible.
Por: Sebastian Metz
Foto:http://unmedioenmoron.com.ar/