La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) es un organismo público autónomo y autárquico que promueve e implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos. Fue creada por resolución legislativa de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en julio de 1999, y ratificada por la ley 12.483 del 13 de julio de 2000 y su modificatoria, la ley 12. 611 del 20 de diciembre de 2000. E
stá integrada por referentes de organismos de derechos humanos, el sindicalismo, el ámbito judicial y universitario, legisladores y religiosos de distintos credos. Mediante la Ley 12.642/00, presentada y aprobada en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, se le entrega como sede el edificio en el que había funcionado durante medio siglo la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Junto con ese emblemático edificio, la Comisión asumía la responsabilidad de custodiar y gestionar uno de los archivos de inteligencia policial más importantes de la Argentina: el Archivo de la DIPPBA. Además, se puso en marcha el programa Jóvenes y Memoria, destinado a jóvenes de las escuelas medias de la provincia; y se creó una maestría de Historia y Memoria a través de un convenio con la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. En diciembre de 2002 se fundó el Museo de Arte y Memoria con el objetivo de abrir un espacio de reflexión sobre el autoritarismo y la democracia, a partir del impulso de la producción cultural y la promoción de los derechos humanos. Desde el principio se promovieron múltiples instancias de trabajo y debate con distintos actores sociales; la idea era abrir el juego a las memorias y experiencias locales que problematizaran los relatos centrales u oficiales. El nacimiento de la Comisión estuvo entonces fuertemente signado por las políticas de la memoria, y la búsqueda de verdad y justicia. Los casos de abuso policial, la violencia institucional y, sobre todo, la vulneración masiva de derechos en los lugares de detención de la provincia de Buenos Aires impulsaron una decisiva intervención de la Comisión y la consiguiente creación de su cuarto programa de trabajo: el Comité contra la Tortura. Desde allí se reciben denuncias y se realizan tareas de control e inspección en cárceles, comisarías e institutos de menores. La búsqueda de justicia por los delitos de lesa humanidad, la reparación a las víctimas del terrorismo de estado que cotidianamente llegan al archivo, las perplejidades de los jóvenes que participan de los programas educativos y los reclamos de los privados de libertad conviven en la Comisión Provincial por la Memoria. Actualmente, la Comisión está integrada por 15 miembros plenos, 7 consultores académicos, 1 miembro emérito. El equipo técnico se estructura en una dirección ejecutiva y cuatro áreas específicas de trabajo: Archivo y centro de documentación / Investigación y enseñanza / Comunicación y cultura / Comité contra la tortura.
