01/06/2026
El dictador y sus privilegios
MALESTAR SOCIAL EN MISIONES: EL DIPUTADO CARLOS EDUARDO ROVIRA, ENTRE LA CUSTODIA EXCESIVA Y EL USO PRIVADO DE BIENES PÚBLICOS
Posadas, Misiones – 30 de mayo del 2026
Crece la indignación en distintos sectores de la sociedad misionera por una situación que consideran inaceptable: el diputado provincial Carlos Eduardo Rovira, referente indiscutido del espacio Encuentro Misionero, cuenta con un despliegue de recursos del Estado que no le corresponde por ley, ocupando espacios públicos y disponiendo de personal, vehículos y aeronaves oficiales como si fueran de su propiedad exclusiva . Vecinos, organizaciones sociales y trabajadores del Estado cuestionan por qué un legislador, sin funciones ejecutivas ni riesgo debidamente justificado, cuenta con privilegios que ni siquiera tienen otras autoridades provinciales.
VALLADO Y APROPIACIÓN DE LA COSTANERA: UN ESPACIO PÚBLICO RESTRINGIDO
El punto más visible del reclamo es el vallado de un tramo de la Costanera de Posadas, uno de los espacios públicos más importantes y concurridos de la ciudad. Vecinos denuncian que parte del acceso quedó restringido, con controles especiales, para resguardar la residencia del diputado.
“La Costanera es de todos los misioneros, pagada con nuestros impuestos. Verla cerrada y custodiada como si fuera una propiedad privada es una falta de respeto enorme”, expresó un comerciante de la zona. “Mientras a la gente común no le dejan usar libremente el espacio, un diputado dispone de él como quiere”.
61 POLICÍAS, BOMBEROS Y UNA COMISARÍA: UN DESPLIEGE SIN FUNDAMENTO LEGAL
Lo que más ha generado rechazo es la magnitud de la seguridad asignada: según relevamientos realizados, 61 efectivos de la Policía de Misiones están destinados exclusivamente a su custodia. A esto se suma personal de bomberos de la fuerza provincial afectado a tareas particulares, e incluso se señala que funciona una dependencia policial prácticamente dedicada a su resguardo y logística.
La normativa provincial es clara: un diputado provincial no tiene derecho legal a contar con custodia permanente pagada por el Estado. La ley solo autoriza protección especial para el Gobernador, el Vicegobernador y el Presidente de la Legislatura, y siempre con autorización fundada y revisable .
“Hay policías en las calles que no tienen elementos para patrullar, hay efectivos reclamando sus derechos frente a la Casa de Gobierno, y acá tenemos decenas de agentes cuidando a un solo hombre”, criticó un dirigente gremial. “Es una muestra más de que hay dos reglas: una para el grupo de Rovira y otra para el resto”.
HELICÓPTERO Y VEHÍCULOS OFICIALES: RECURSOS PÚBLICOS A DISPOSICIÓN PERSONAL
Las denuncias van más allá de la seguridad: el diputado es señalado por utilizar el helicóptero de la Policía de Misiones para traslados personales o políticos, sin que se trate de situaciones de emergencia ni de interés general. La aeronave, adquirida con fondos provinciales para tareas de rescate, prevención de incendios y seguridad ciudadana, es vista frecuentemente despegando o aterrizando en propiedades vinculadas al legislador .
También se denuncia el uso discrecional de vehículos oficiales, conductores y combustible del Estado: “Se mueve con toda impunidad, como si la provincia fuera suya. Lo que es de todos, él lo usa a su antojo”, señaló un exfuncionario que pidió reserva de identidad.
EL CONTRASTE CON LA REALIDAD PROVINCIAL
Este despliegue de recursos contrasta fuertemente con la situación de miles de misioneros: mientras Rovira cuenta con decenas de agentes, transporte aéreo y espacios reservados, policías, docentes y empleados de medios públicos como SAPEM siguen reclamando salarios adeudados. Frente a la misma Casa de Gobierno, un grupo de efectivos permanece acampado hace días sin recibir respuestas.
“Es indignante. Dicen que no hay dinero para pagar sueldos ni mejorar servicios, pero sobra para cuidar a una sola persona y moverla en helicóptero. Esto no es gobernar, es servirse del Estado”, coincidieron vecinos reunidos en la Costanera.
PREGUNTAS SIN RESPUESTA
Hasta el momento, desde el entorno del diputado no se ha presentado ninguna resolución oficial que autorice semejante despliegue, ni se han explicado las razones de seguridad que lo justifiquen. Tampoco hay rendición de cuentas sobre el uso de la aeronave policial ni sobre los gastos que esto implica para las arcas provinciales.
La sociedad exige respuestas claras: ¿En qué norma se ampara esta custodia? ¿Quién autoriza el uso del helicóptero? ¿Por qué se destina tanta fuerza policial cuando en barrios hay faltantes de personal?
El caso de Carlos Eduardo Rovira se suma así a una larga lista de cuestionamientos sobre el manejo del poder en Misiones: de sus orígenes sin grandes bienes a convertirse en uno de los hombres más ricos de la región, pasando por el uso de la política como plataforma de beneficios personales . Para muchos, el despliegue de seguridad es solo la cara visible de un sistema que pone los recursos públicos al servicio de unos pocos.
