07/10/2022
Sobre el desalojo a lxs Mapuches en Villa Mascardi. Por Frente de Derechos Humanos PSol CABA.
Hace casi un año atrás expresamos nuestra preocupación por la desidia en declarar una Emergencia Territorial Indígena.
En perspectivas ajenas a la solidaridad, los conflictos que involucran a los Pueblos Originarios se ven lejanos y ajenos. Se les aplica la lógica mercantil a sus heredades de que han sido despojadxs mientras se les niegan sus derechos ancestrales, pero los conflictos persisten, se perpetuan y escalan.
No obstante, todo cambia, incluso las apetencias por zonas que antes eran despreciadas por “el mercado”.
Los que antes eran percibidos por los turistas como una parte del paisaje andino, también y al mismo tiempo eran desvalorizados despectivamente por los blancos lugareños que los toleraban sin demasiado entusiasmo, ahora son estigmatizados como violentos terroristas que se alzan contra la nación y el orden establecido, como si fueran extraterrestres recién llegados.
Una entente que se viene organizando con fuerza, especialmente desde la gestión macrista, agrupa a sectores con intereses comerciales en esas tierras junto a capas de población que prefieren identificarse con grandes terratenientes como Benetton o Lewis, antes que con mapuches carenciados. El paquete se cierra con los ejecutivos provinciales de Rio Negro y Chubut y sus poderes judiciales, que evidencian tocar la misma partitura de una Justicia desprestigiada que solo venda sus ojos frente al poder económico del que se han constituido en fieles defensores.
En ese contexto no sería esperable otro resultado que el de ayer y hoy, en el que una jueza federal de Bariloche, Maria Silvina Rodriguez, decide desalojar y privar de la libertad nada menos que a un grupo de 4 mujeres mapuches de la comunidad Lafken Winkul Mapu, con niños pequeños, incluso lactantes y 3 más que quedaron en Rio Negro, una de ellas con un embarazo avanzado, burlando todas las garantías procesales que son ley junto con tratados internacionales convertidos en norma constitucional y una imprescindible perspectiva de género.
Lamentablemente, el PEN acató la orden judicial de desalojo y detención de personas, en contra de sus principios básicos de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos en general.
Desde el Frente de Derechos Humanos repudianos el desalojo, el trato a las mujeres detenidas, y la perspectiva de la jueza actuante, negadora de los derechos ancestrales de los pueblos, aplicando medidas desproporcionadas contra un colectivo formado por mujeres vulnerables que fueron separadas de sus hijos, todas ellas privadas del más elemental derecho de defensa, con un traslado avieso a 1500 km de sus familias. Para nosotrxs, queda clara una arbitraria intención ejemplificadora hacia un colectivo de pueblos que vienen sufriendo humillaciones a lo largo de 500 años y que, además, expone al país a una segura condena de los Organismos Internacionales en materia de Derechos Humanos.
Solicitamos el esclarecimiento de la situación de la vulneración de derechos de niñxs y mujeres que han denunciado tanto las comunidades como organismos de derechos humanos. Está
amos a favor de la resolución pacífica y dialogada del conflicto puntual y a la búsqueda de una solución definitiva que contemple los insoslayables derechos de los pueblos originarios, con quienes se mantiene una deuda histórica que más temprano que tarde se deberá saldar.
