08/04/2026
Lo que el gobierno intenta instalar como “desarrollo” no es más que una versión aún más agresiva del modelo extractivista. Un esquema basado en la explotación intensiva de los bienes comunes naturales, que avanza sin frenos sobre los territorios, debilita la capacidad del Estado para regular y termina trasladando los costos a la sociedad, mientras los beneficios quedan concentrados en pocas empresas, en su mayoría extranjeras. Este rumbo profundiza las desigualdades, promueve la extranjerización de recursos estratégicos y refuerza una lógica de dependencia económica que pone en riesgo tanto el presente como el futuro del país.
Este giro regresivo —sin precedentes en términos de legislación ambiental— responde a una lógica claramente neocolonial, impulsada por figuras como Federico Sturzenegger y Luis Caputo, quienes vienen consolidando un modelo que funciona como un verdadero mecanismo de depredación nacional. Para que este esquema avance, resulta clave la flexibilización intencional de normas ambientales —muchas conquistadas tras años de lucha social—: menos controles implican más ganancias; más extractivismo, menos soberanía.
Este proceso también está marcado por una decisión política de fondo: la renuncia del Estado a su rol de regulación y protección del ambiente y de las condiciones de vida de la población.
Como señaló Cristina Fernández de Kirchner en 2022, en contextos de crisis, ajuste y escasez de recursos, los gobiernos tienden a habilitar explotaciones irracionales, aun cuando sus efectos se traducen directamente en el agravamiento de la crisis climática y en el aumento de los conflictos y desastres socioambientales.
En este marco, hoy a las 15 hs el Congreso de la Nación Argentina tratará la ley de glaciares, un tema central frente a este escenario. Por eso nos declaramos en estado de alerta y solicitamos a los diputados que tengan la responsabilidad histórica de defender a los argentinos.
