05/08/2026
EN DEFENSA DEL TERRITORIO: ¿QUÉ SIGNIFICA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE TIERRAS?
El gobierno de Javier MIlei está impulsando un proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, que desde los sectores en lucha llamamos «ley de extranjerización de tierras”, pretendiendo modificar la actual Ley 26.737 sobre el régimen de protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión, o Tenencia de de Tierras rurales, sancionada en diciembre de 2011 la cual establece, entre otros aspectos, topes del 15% a nivel nacional, provincial y municipal para la propiedad extranjera, prohíbe la venta de tierras con cuerpos de agua permanentes o en zonas de frontera y limita a 1.000 hectáreas la tenencias por titular en regiones agrícolas más fértiles.
El proyecto de ley no viene a cambiar el esquema de posesión de tierras, sino a profundizarlo ya que legaliza una situación existente en nuestro territorio como parte de la lógica histórica del capitalismo de mercantilización de la tierra. Decimos que profundiza, porque avanza sobre la apropiación de la misma en pocas manos, protegiendo la propiedad privada a partir de la desregulación de la compra y venta de fracciones del territorio. Esto se enmarca, sin ninguna duda, en una ofensiva de los EEUU, particularmente del gobierno de Trump, en recuperar la iniciativa para que nuestros territorios continúen siendo su patio trasero y en evidente disputa con el avance de China en esta región.
¿Quiénes son los dueños de la tierra con la ley vigente?
En Argentina la propiedad de la tierra está altamente concentrada, menos del 1% de los propietarios (que son aproximadamente 1200) posee el 40% del territorio, y entre esos dueños se destacan capitales tanto locales como internacionales. Algunos de ellos son: Cresud de la familia Elsztain, Integra Lithium de Jose Luis Manzano, Grupo Benetton, Pluspetrol, Adecoagro, Joe Lewis, quienes desarrollan explotaciones agropecuarias, energéticas, urbanísticas, turísticas, etc. En contraste somos millones de trabajadores que no poseemos ni tierra, ni casa propia.
Si los dueños privados son nativos o extranjeros, ¿Cuál es la diferencia? ¿Eso cambia el orden de las cosas?¿Para quién y para qué es la tierra?
En el marco de la ley actual, que pone como tope para vender a extranjeros el 15%, quedan aproximadamente por venderse 36 millones de hectáreas. Osea, no es necesaria una nueva ley para seguir con el negocio. Lo que pretenden con este nuevo avance es profundizar el mecanismo de saqueo y habilitar la venta de tierras estratégicas con alto valor explotable sin importar si son empresarios de argentina o extranjeros. Por lo tanto, el debate si nacional o extranjero termina siendo falso.
Por esto, la modificación que se propone, más que una modificación es una condena más a la clase trabajadora, es un hostigamiento abierto a las pequeñas producciones y a la agricultura familiar, dificultandole el acceso a la tierra por altos precios, empujandolos a desaparecer. Condena a las comunidades campesinas y originarias porque se atenta contra los mecanismos de reconocimiento y protección de sus territorios; se agilizan los procesos judiciales para realizar desalojos, con impacto sobre todo en barrios populares y recuperaciones rurales. Condena a los bosques y montes nativos (lo poco que queda) ya que facilita cambios de uso del suelo luego de incendios (muchos de estos intencionales realizados por empresarios inmobiliarios). Eliminar el límite para la compra de tierras por parte de empresas extranjeras significa mayor presencia de transnacionales en zonas estratégicas como glaciares, lagos, ríos y más bienes comunes, dificultando el acceso público a todas ellas, y ocultando información de todo lo que ahí pase.
Si ellos avanzan, debemos profundizar la lucha
No queremos que los territorios donde habitamos, sean sacrificados para llenar los bolsillos de nadie (ni extranjeros, ni locales), no queremos actividades extractivas y contaminantes de nuestro ambiente.
Si ellos persisten en avanzar sobre nuestras comunidades, nuestros territorios, es nuestro deber, nuestra responsabilidad enfrentarlos. Tenemos que, además denunciar a los responsables de votar estas leyes, de ir a señalar a los responsables políticos y empresariales a donde se encuentren.
Por esto no solo nos oponemos al nuevo proyecto de ley, que profundizan las políticas históricas de saqueo sobre nuestras tierras, sino que luchamos en defensa de nuestros bienes comunes, de nuestros derechos, y por la liberación de quienes vivimos de nuestro trabajo. Oponernos al proyecto de ley “inviolabilidad de la propiedad privada” de Milei, no significa defender la actual ley de Tierras, significa que por delante de todas las cosas está la lucha y la defensa de nuestro territorio, de nuestras condiciones de trabajo, de poder decidir cómo alimentarnos, cómo producir, de cómo queremos vivir.
