Partido de los Trabajadores - Uruguay

Partido de los Trabajadores - Uruguay El Partido de los Trabajadores es una organización política de Uruguay, que lucha por un gobierno de trabajadores y la unidad socialista de América Latina.

El PT de Uruguay es una organización que busca construir un gran partido obrero en nuestro país, para que los trabajadores se preparen para luchar por el poder político. La situación de miseria en que viven gran parte de los trabajadores y de sectores explotados obedece a la dominación del país por un puñado de grandes capitalistas y latifundistas, y el sometimiento nacional al imperialismo. La cr

isis del capitalismo descarga cada vez más penurias sobre las espaldas de los explotados. Para que la crisis la paguen los capitalistas, y no la paguen los trabajadores, es necesario:
* No pago de la deuda externa.
* Nacionalización de la banca y el comercio exterior, bajo control de los trabajadores, y sin indemnización.
* Expropiación de los latifundios, nacionalización de la tierra y las grandes empresas multinacionales.
* Anulación de todos los tratados "de protección de inversiones" y acuerdos con el imperialismo. Ruptura con el FMI.
* Eliminación del secreto comercial y bancario. Apertura de los libros contables de las empresas al control de los trabajadores.
* Aumento del presupuesto educativo y de la salud estatal.
* Derogación de las AFAP.
* Salario y jubilación mínima de $ 28.000. Reajuste salarial automático (mensual o bimensual).
* Eliminación del impuesto a los sueldos. Por fuertes impuestos progresivos sobre las grandes fortunas y las multinacionales. Derogación de los subsidios a los capitalistas.
* Por un plan nacional de vivienda financiado con impuestos a los especuladores inmobiliarios y a los capitalistas.
* Autonomía y cogobierno de la enseñanza: Fuera el CODICEN digitado por los gobiernos de turno. POR UN GOBIERNO DE TRABAJADORES, Y LA UNIDAD SOCIALISTA DE AMÉRICA LATINA. Más datos en www.PT.org.uy

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28/05/2026

Diálogo Social: El autor intelectual fue Saldain

Oddone arma un “diálogo social” con las AFAP

Rafael Fernández

Tras la publicación del documento final del “Diálogo Social” sobre seguridad social, se han sucedido pronunciamientos políticos, empresariales y sindicales que relativizan el alcance de los “acuerdos”.

Las cámaras empresariales se [“desmarcaron”] (la diaria, 28/4) declarando “no acompañar el resultado alcanzado, en la medida en que el documento final no recoge adecuadamente nuestros aportes ni respeta los criterios que entendíamos esenciales para su desarrollo”. Las patronales discrepan en particular sobre el capítulo sobre jubilaciones, y en particular “el futuro de las AFAP”, y afirman haber realizado propuestas sobre “empleo juvenil” e “informalidad” que no detallan pero que evidentemente apuntan a nuevos incentivos fiscales a las patronales con el pretexto de “crear empleo”. Los empresarios se distanciaron también de cualquier flexibilización en la edad de retiro impuesta en la ley 20.130 de Lacalle-Saldain. Leonardo Loureiro, presidente de la Confederación empresarial, cuestionó el “costo fiscal” y estimó que “si todo lo que está puesto en el diálogo social se llevara adelante ahora, podría tener un costo estimado de US$ 500 millones” ([El País]. En pocas palabras, no acuerdan prácticamente en nada con el texto supuestamente “consensuado”.

A nivel de los partidos políticos, especialmente blancos y colorados, se lanzaron ataques contra la supuesta “estatización” de las AFAP. Los partidos tradicionales no participaron del “diálogo”. Sin embargo, Cabildo Abierto sí participó de las reuniones y emitió un (comunicado) donde advirtió que “no apoyaremos cambios que signifiquen revertir el resultado del plebiscito realizado el 27 de octubre de 2024. Lo que la ciudadanía decidió en las urnas solo puede ser modificado en una nueva consulta popular” y que “no acompañaremos una mayor carga tributaria al ya sufrido contribuyente” para financiar cualquier aumento del gasto social. Esta declaración es relevante porque los dos diputados de Manini podrían darle la mayoría al Frente Amplio en la cámara de diputados.

Por otra parte, el economista Hugo Bai, quien presidió la comisión que emitió el documento, confesó que “están hablando de ‘estatizar’ las AFAP y en realidad estamos yendo por un camino que incluso formaba parte de uno de los componentes del anteproyecto de ley que fue puesto en consulta de la ciudadanía, si no me equivoco, en 2022” (la diaria). En otras palabras, que fue Rodolfo Saldain el “padre” de esta idea de “desacoplar” a las AFAP de la administración de las cuentas personales (pero que mantengan el manejo de los fondos previsionales), cosa que reconoció el mismo redactor de la ley 20.130. Saldain ha tomado distancia de la que era su propuesta cuatro años atrás, en base a que ahora la propone el Frente Amplio que, según él, no es capaz de controlar a su “izquierda” y al PIT-CNT. O sea, aparece para él como una “concesión” inútil porque no cerraría el debate sobre las AFAP.

La asociación de AFAPs había emitido un documento también crítico del Diálogo Social. El martes 5 de mayo se reunieron con el ministro Oddone y “ambas partes coincidieron en la necesidad de revisar distintos aspectos del sistema, incluyendo los costos operativos, el marco regulatorio y la relación entre las administradoras y los afiliados” (Ámbito, 6/5). “Luego del intercambio se acordó trabajar para mejorar el funcionamiento del régimen de ahorro individual obligatorio, en busca de incrementar la rentabilidad neta acumulada para los trabajadores”, señalaron desde ANAFAP. La reunión fue convocada por el ministro de Economía, que estableció un período de 60 días para elaborar una propuesta junto a las AFAP.

Oddone dejó en claro que se mantendrá intacto el régimen de “ahorro individual” forzado y privatizado (los fondos los seguirán manejando las AFAP): “Lo que puede modificarse, y eso hay que ver de qué manera y cómo, es la relación comercial que tienen las AFAP con los clientes, donde hay valor agregado de las AFAP pero la discusión desde hace tiempo es si ese valor agregado no parece ser lo suficientemente grande como para justificar los precios que las AFAP cobran. Esa es la discusión que está subyacente atrás de todo esto” ([Ámbito] 4/5).

La realidad es que el “diálogo social” ha servido, precisamente, para disciplinar a ese “ala izquierda” a una posición de mantenimiento del “ahorro individual” y la administración de los fondos previsionales por los banqueros (dueños de las AFAP). Aunque el PIT-CNT dice que sigue levantando la posición de acabar con el régimen privatizado de seguridad social, eso quedaría para un futuro indeterminado.

Otro que eligió hacer confesiones fue el secretario general del Partido Comunista (PCU), el senador Oscar Andrade en [La Diaria (radio)](): “el debate sobre la seguridad social históricamente nos ha generado divisiones en la izquierda, tanto que cuando se instala el régimen de AFAP el Frente Amplio no vota en contra unánimemente, o sea… vota unánimemente por disciplina partidaria, pero teníamos sectores del Frente que estaban a favor de del régimen, o sea, desde el origen esto fue un elemento de polémica que hemos intentado siempre administrar”. Andrade defiende un “frente popular con los privatizadores”. El actual senador recuerda así que el ala astorista del Frente Amplio quiso votar a favor de las AFAP pero tal vez no recuerda que su aliado en la lista al Senado de la 1001 -Rafael Michelini- le dio el voto a la reforma de Sanguinetti y Saldain en 1995 (en esa época Michelini integraba el “Nuevo Espacio” que acababa de romper con el PGP de Hugo Batalla). Astori (Asamblea Uruguay), Rubio (Vertiente Artiguista), y el propio Líber Seregni (presidente del Frente Amplio) eran partidarios de negociar con blancos y colorados para establecer el “sistema mixto” (introduciendo el “ahorro individual obligatorio”) gestionado por organismos estatales.

Andrade dice algo aún más relevante: “Para mí, el debate del plebiscito buena parte se laudó cuando el movimiento sindical llega a un acuerdo con el gobierno sobre las bases que hay que reformar en materia de seguridad social hoy” (ídem). Saldain afirmaba que esas mínimas concesiones son inútiles porque no cerrarán el tema, Andrade en cambio da garantías de que el tema está “laudado”.

La confesión de Saldain echa por tierra la oposición de la derecha en función de una supuesta “estatización”. La confesión de Andrade arroja claridad: convocaron al “diálogo social” para enterrar el programa planteado en el plebiscito.

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El 13 de mayo, la Duma Estatal rusa aprobó en segunda y tercera lectura -prácticamente de manera unánime- una enmienda a las leyes de ciudadanía y defensa que otorga a Vladimir Putin la facultad explícita de desplegar tropas en cualquier país del mundo “para proteger a ciudadanos rusos” sometidos a arresto, detención, proceso penal o “persecución” por tribunales extranjeros o instancias internacionales en las que Rusia no participe (como la Corte Penal Internacional). La norma, que espera la firma presidencial para entrar en vigor, amplía formalmente las bases jurídicas para operaciones militares extraterritoriales. Según el texto y las declaraciones de sus impulsores, el objetivo es contrarrestar la “rusofobia”. El presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, y el jefe del Comité de Defensa, Andrei Kartapolov, lo presentaron como escudo contra detenciones arbitrarias en Europa y EE.UU, citando casos como el del arqueólogo ruso Alexander Butyagin, detenido en Polonia.

Moscú ya había invocado la “protección de rusos” (o “rusoparlantes”) para justificar la guerra de 2008 contra Georgia, la anexión de Crimea en 2014 y la “Operación Militar Especial” en Ucrania en 2022.

Es una práctica a la que Estados Unidos ha recurrido en numerosas ocasiones. Analistas y opositores advierten que podría usarse para justificar nuevas incursiones en el Báltico, Moldavia (Transnistria), o incluso países de la UE con importantes comunidades rusas, en el contexto actual de guerra prolongada en Ucrania y de crecientes alertas sobre un posible cerco de la OTAN en sus flancos sur. El Kremlin podría invocarla de forma preventiva ante las amenazas que percibe en Europa del Este, el Cáucaso Meridional y Asia Central.

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