Mi Historia en las Casas de Salud más la Corrupción Política en Ecuador

Mi Historia en las Casas de Salud más la Corrupción Política en Ecuador FISCALIZACIÓN CIUDADANA
​Respeto a buenos salubristas. Nuestra lucha es contra corruptos que dañan el sistema. ¿LA SALUD YA ES DE TODOS?

Bajo el Art. 204 de la Constitución, el pueblo es el primer fiscalizador. Grabar irregularidades es un derecho ciudadano ante la ineficiencia... Eso lo sabrán quienes nos atienden en las áreas de: EN Triage, Call Center, Estadística De Admisión, Enfermería De Consulta Externa, emergencia y otras áreas de los hospitales públicos y del iess mismos que son manejados por el gobierno ecuatoriano


¡La

salud ya es de todos!, manifiesta el presidente del ecuador y sus autoridades desde el inicio de su gobierno, sin embargo la situación de atención al usuario en diferentes centros de salud del ecuador que la calidad y calidez en atención es peor cada día gracias a la carencia de medicinas, insumos médicos, equipos hospitalarios y otros necesarios...

Esto lo viven día a día quienes se acercan desde tempranas horas de la mañana a hacer largas filas en los diversos Centros de Salud públicos y del iess para poder obtener un turno para hacerse atender. Al momento de recibir el ticket, muchos usuarios se quejan del procedimiento y del trato que reciben del personal de estas casas de salud.

“Es el colmo ver cómo nos tratan como si fuésemos unos juguetes, si venimos a hacernos atender en estos lugares es porque estamos enfermos y necesitamos atención de inmediato, pero siempre hay unos que hacen quedar mal como es el caso de los centros de salud manejados por el gobierno. También es lamentable ver casi a diario como un sinnúmero de personas se quedan sin recibir atención médica por falta de turnos que por ende sin ellos es imposible se puedan agendar citas médicas, especialmente en hospitales debido a que sólo entregan en el hospital mínimas cantidades de turnos ante la alta demanda; quienes acudimos hospitales manejados por el gobierno nos sentimos afectados ya que a pesar de los pocos turnos que facilitan diariamente nos sentimos maltratados por quienes se encargan de atender en agendar las citas médicas, estadísticas atención al usuario y Triage se nos trata como a ellos les da la gana o quizás ellos creen que su manera de atender al usuario es la mejor manera ya que en este Centro de Salud no hay quien les controle”…

Es por ello que mediante esta página hacemos un llamado a la ciudadanía para que en caso de recibir malos tratos, o ver anormalidades, o no estén conformes con la atención, se acerquen sin temor alguno a dar a conocer a las autoridades respectivas por escrito sus quejas, para que éstas puedan tener conocimiento de lo que sucede y tomar cartas en el asunto. Las denuncias se las puede hacer directamente a http://www.salud.gob.ec/contacto/

NOTA: En todas nuestras publicaciones HDLGP es igual a hijos de la gran patria ecuatoriana. Mi país es una gran patria y sería mejor sin éstos HDLGP.

06/25/2026

LA FE SISMO RESISTENTE DE LOS BUCARAM PAZMIÑO
Gabriela Pazmiño y su familia sobreviven a dos fuertes terremotos en Venezuela.

​Por: Froilán Casco
de Análisis y Opinión: Hay que tener un corazón de piedra para no conmoverse ante las penurias que la providencia le impone a la familia política más franciscana, desamparada y vulnerable del Ecuador.

🚨Mientras el común de los mortales en nuestra patria lucha por estirar el sueldo básico en medio de crisis estructurales, Gabriela Pazmiño y Dalo Bucaram nos dan una cátedra internacional de resiliencia, demostrando cómo se puede sobrellevar la "extrema pobreza" y la supuesta asfixia económica con un estoicismo digno de admiración: viajando, hospedándose en hoteles de alta gama y haciendo shopping en las zonas más exclusivas de Caracas. Eso sí que es pasar necesidades con dignidad.

​El reciente "doblete sísmico" que sacudió a Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio de 2026 nos ha permitido asomarnos, a través de la vitrina obligada de sus redes sociales, al desgarrador drama de su cotidianidad en el extranjero. Gabriela Pazmiño, con ese inconfundible tono melodramático que antes usaba para la televisión nacional, recurrió a su cuenta de Instagram para relatar en vivo y en directo los momentos de terror vividos dentro de un concurrido mall caraqueño. En su propio video, con la respiración entrecortada, nos confiesa el caos: "Empezó a temblar y nosotros pensábamos que hay edificios que tiemblan, de repente todo el mundo empezó a correr". La tierra se movía de forma tan violenta que, según sus palabras, "no nos alcanzamos ni siquiera a poder agarrarnos las manos porque nos zumbó para todas partes".

​Cualquiera pensaría que una familia golpeada por la "persecución política" y la "escasez de recursos" pasaría el susto en una humilde pensión de extramuros o haciendo fila para conseguir víveres en el convulsionado suelo venezolano. Pero el universo opera de maneras misteriosas para los elegidos. La fe de Gabriela Pazmiño y Dalo Bucaram es tan potente que no solo mueve montañas, sino que también levanta blindajes estructurales. Ante el encierro y el pánico de la multitud, cuando "no podían salir porque empezaron a cerrar las... puertas", la solución habitacional premium se hizo presente. Con la tranquilidad que da el concreto bien financiado, Pazmiño detalló cómo decidieron, junto a Dalo Bucaram y su hija Dalia, "agarrarnos de vigas y empezar a orar, no nos quedaba de otra". El sismo los sorprendió en un edificio de alta gama, dotado de tecnología sismorresistente de punta, diseñado exclusivamente para proteger las vidas de aquellos que pueden pagar la entrada al selecto club del privilegio.

​La gran paradoja es que la opinión pública, con memoria de elefante, no puede evitar contrastar este despliegue suntuario con el denso historial que la justicia ecuatoriana llegó a posar sobre los hombros de Dalo Bucaram y Gabriela Pazmiño. Es imposible olvidar que la propia Fiscalía General del Estado los colocó bajo el reflector judicial por presunta delincuencia organizada, investigando una supuesta red de corrupción para la comercialización irregular e ilegal de insumos médicos con sobreprecio en el sistema de salud pública específicamente en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Guayaquil, donde Dalo Bucaram también tuvo vínculos de gestión. Y aunque en los tribunales nacionales su defensa logró que se ratificara su inocencia mediante el sobreseimiento definitivo en 2021 alegando la "falta de pruebas", el relato colectivo y ético del país quedó marcado por las sospechas de que los tentáculos de la influencia política habrían manejado de manera sombría la administración de los recursos de la seguridad social.

​Fuera de esa burbuja de hormigón armado e inmunidad climática en la que hoy se resguardan, la Caracas real se caía a pedazos. Al menos cuatro edificaciones colapsaron a la redonda incluyendo una estructura contigua al hotel donde se hospedaban, los servicios de energía e internet sufrieron cortes masivos y decenas de ciudadanos de a pie quedaron atrapados bajo los escombros de la infraestructura pública. Pero para nuestros insignes compatriotas, el destino tenía preparado otro final. Salieron completamente ilesos, impecables, listos para encender la cámara del teléfono celular y documentar la tragedia ajena en tiempo real, comparando el susto internacional con el devastador terremoto de Ecuador en 2016. El sufrimiento, si es con buena iluminación, señal de internet y resguardo de primera categoría, siempre es mucho más llevadero.

​La lección que nos deja el sismo de Caracas es demoledora. La "pobreza" de la partidocracia ecuatoriana tiene un estándar extremadamente alto; uno que incluye blindajes arquitectónicos e infraestructura de lujo inaccesibles para el ciudadano de a pie. Es un verdadero alivio saber que Dalo Bucaram, Gabriela Pazmiño y los suyos están totalmente a salvo y fuera de peligro. Ahora, el resto de los ecuatorianos los que sí pagamos impuestos, sufrimos el día a día y rezamos para que no se caiga el techo de zinc podemos seguir durmiendo tranquilos, profundamente inspirados por este conmoverdor y suntuario ejemplo de supervivencia.

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​En última instancia, el terremoto de Caracas ha funcionado como un espejo cruel que refleja la verdadera naturaleza de una élite política que, pese a los tribunales y las crisis, parece habitar una dimensión paralela. Mientras el ciudadano común lucha contra las carencias, la familia de Gabriela Pazmiño y Dalo Bucaram nos demuestra que, cuando se posee el blindaje de los privilegios, hasta el apocalipsis se convierte en un evento soportable, fotografiable y convenientemente ajeno. Al final del día, queda claro que, para algunos, la única verdadera tragedia es aquella que sucede sin buena cobertura de señal para contársela al resto del mundo desde la comodidad de una zona sismo resistente.

Terremotos en Venezuela 2026
https://www.bbc.com/mundo/topics/c9826yr5nept

06/25/2026

EL SRI INVENTÓ EL AYUNO OBLIGADO PARA ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD
El arte de engordar al Estado

Por: Froilán Casco
de Análisis y Opinión: Los adultos mayores y personas con discapacidad no son mendigos pidiendo favores; somos ciudadanos exigiendo que se cumpla la Constitución de la República, esa misma que el Gobierno pisotea cada mes y que prohíbe explícitamente la regresividad de los derechos sociales.

🚨​Hay que reconocerle al Gobierno y al Servicio de Rentas Internas (SRI) una creatividad digna de aplauso, aunque de una naturaleza profundamente macabra. En su afán por sanear las cuentas fiscales y llenar las arcas públicas, han descubierto la fórmula perfecta: quitarle los centavos a quienes ya no tienen tiempo para recuperarlos. Desde enero de 2026, mediante la magia de la "viveza criolla" plasmada en reglamentos de escritorio, las autoridades decidieron que para un adulto mayor o una persona con discapacidad, la gasolina, el transporte, los repuestos y hasta la cultura ya no son de "primera necesidad". Ahora resulta que envejecer en este país implica, por decreto, el superpoder de movilizarse por telepatía o curarse con el aire.

​La trampa es tan cínica como legalmente aberrante. Con una mano cobran el IVA puntualmente en cada bien y servicio, y con la otra mutilan el derecho a su devolución, dejando a los jubilados con reembolsos irrisorios de apenas unos cuantos dólares. Lo que hasta diciembre de 2025 era un alivio consagrado por la ley, hoy es una limosna recortada. El argumento oficial, que roza el insulto, es que buscan "evitar abusos comerciales". Bajo esa lógica tan retorcida, para evitar que alguien haga trampa, el SRI prefiere castigar preventivamente al abuelo que necesita un taxi para ir al hospital o al jubilado que requiere combustible para su pequeño vehículo. Es el humanismo al revés: el Estado engorda mientras nuestros ancianos flaquean.

​Pero el silencio cómplice de las cortes locales en Guayaquil y Quito, que prefirieron mirar a otro lado y arrodillarse ante el poder central dictando un "no" rotundo a las acciones de protección, no ha logrado apagar la dignidad de la gente. Hoy nos levantamos en peso. Alzamos la voz con la rabia legítima de los hijos, de los nietos y de los propios afectados para gritar que este martirio y este atentado sistemático tiene que terminarse.

​La demanda liderada por Henry Llanes y los colectivos de atención prioritaria ya descansa en la Corte Constitucional, la última trinchera de la decencia jurídica en este país. Esto ya no es un debate técnico de flujos de caja; es una batalla moral. Los magistrados tienen en sus manos la oportunidad histórica de recordarles a los burócratas del SRI que la economía debe servir a la vida, no al revés. La fuerza de los adultos mayores está en su historia, y la nuestra, en no dejarlos solos. Si el Gobierno quiere plata, que la busque en los grandes evasores, no en las recetas médicas y en los pasajes de autobús de quienes construyeron la patria. ¡Ya basta de financiar el gasto público con la dignidad de la tercera edad!

:
El colapso del pacto constitucional

​El panorama expuesto en esta editorial periodística no solo devela una alarmante insensibilidad política, sino una abierta e ilegal sublevación del Gobierno y del SRI en contra de la norma suprema del país. A la fecha actual, en pleno 2026, la sistemática mutilación de las devoluciones del IVA a través de simples reformas reglamentarias constituye una flagrante violación a los pilares fundamentales de la Constitución de la República del Ecuador, rompiendo el pacto social y legal que el propio Estado juró defender.

​El accionar estatal violenta directamente los siguientes mandatos constitucionales:
📌​El Principio de Progresividad y No Regresividad (Art. 11, Num. 8): La Constitución prohíbe de forma taxativa cualquier medida que disminuya, menoscabe o anule de manera injustificada el ejercicio de los derechos. Al recortar los rubros deducibles (combustible, transporte, repuestos) que antes sí se garantizaban, el SRI ha generado un retroceso económico evidente y perjudicial para la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

📌​La Protección Especial al Adulto Mayor (Art. 36 y 37): La Carta Magna manda a asegurar la protección especial de las personas de la tercera edad, garantizando, entre otros derechos, la atención gratuita, el acceso al trabajo digno y rebajas o exenciones tributarias especiales. Desmantelar el acceso a la devolución del IVA atenta contra la autosuficiencia económica y psicológica que el Estado está obligado a promover.

📌​Los Derechos de las Personas con Discapacidad (Art. 47): El texto constitucional establece de manera prioritaria rebajas y exenciones tributarias para este grupo en los servicios y bienes indispensables para su subsistencia. Al calificar administrativamente el transporte o los combustibles como rubros prescindibles, las autoridades fiscales pisotean el derecho a la movilidad y autonomía de las personas con capacidades especiales.

📌​El Principio de Jerarquía Normativa (Art. 425): Ningún reglamento, resolución o circular emitida por el director del SRI tiene la categoría jurídica ni el poder para sobreponerse, alterar o neutralizar el espíritu garantista de una Ley Orgánica o de la propia Constitución. Hacerlo es un acto de flagrante arbitrariedad e ilegalidad.

​En definitiva, justificar el despojo económico a los abuelos y discapacitados bajo el argumento técnico de "cuidar la caja fiscal" o "evitar el fraude" no solo denota una profunda bajeza moral, sino que configura un preocupante escenario de inseguridad jurídica. La Corte Constitucional, en este 2026, tiene la obligación histórica de actuar con la máxima firmeza jurídica: debe desarmar la voracidad reglamentaria del SRI, obligar al restablecimiento inmediato de todos los rubros recortados y recordar de manera tajante al Gobierno que las finanzas del Estado nunca podrán sanearse utilizando como moneda de cambio la dignidad, el hambre y la salud de sus ciudadanos más indefensos.

¡Con los derechos de nuestra tercera edad y personas con discapacidad no se juega!, parte 8

06/25/2026

EL SRI INVENTÓ EL AYUNO OBLIGADO PARA ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD
El arte de engordar al Estado

Por: Froilán Casco
de Análisis y Opinión: Los adultos mayores y personas con discapacidad no son mendigos pidiendo favores; somos ciudadanos exigiendo que se cumpla la Constitución de la República, esa misma que el Gobierno pisotea cada mes y que prohíbe explícitamente la regresividad de los derechos sociales.

🚨​Hay que reconocerle al Gobierno y al Servicio de Rentas Internas (SRI) una creatividad digna de aplauso, aunque de una naturaleza profundamente macabra. En su afán por sanear las cuentas fiscales y llenar las arcas públicas, han descubierto la fórmula perfecta: quitarle los centavos a quienes ya no tienen tiempo para recuperarlos. Desde enero de 2026, mediante la magia de la "viveza criolla" plasmada en reglamentos de escritorio, las autoridades decidieron que para un adulto mayor o una persona con discapacidad, la gasolina, el transporte, los repuestos y hasta la cultura ya no son de "primera necesidad". Ahora resulta que envejecer en este país implica, por decreto, el superpoder de movilizarse por telepatía o curarse con el aire.

​La trampa es tan cínica como legalmente aberrante. Con una mano cobran el IVA puntualmente en cada bien y servicio, y con la otra mutilan el derecho a su devolución, dejando a los jubilados con reembolsos irrisorios de apenas unos cuantos dólares. Lo que hasta diciembre de 2025 era un alivio consagrado por la ley, hoy es una limosna recortada. El argumento oficial, que roza el insulto, es que buscan "evitar abusos comerciales". Bajo esa lógica tan retorcida, para evitar que alguien haga trampa, el SRI prefiere castigar preventivamente al abuelo que necesita un taxi para ir al hospital o al jubilado que requiere combustible para su pequeño vehículo. Es el humanismo al revés: el Estado engorda mientras nuestros ancianos flaquean.

​Pero el silencio cómplice de las cortes locales en Guayaquil y Quito, que prefirieron mirar a otro lado y arrodillarse ante el poder central dictando un "no" rotundo a las acciones de protección, no ha logrado apagar la dignidad de la gente. Hoy nos levantamos en peso. Alzamos la voz con la rabia legítima de los hijos, de los nietos y de los propios afectados para gritar que este martirio y este atentado sistemático tiene que terminarse.

​La demanda liderada por Henry Llanes y los colectivos de atención prioritaria ya descansa en la Corte Constitucional, la última trinchera de la decencia jurídica en este país. Esto ya no es un debate técnico de flujos de caja; es una batalla moral. Los magistrados tienen en sus manos la oportunidad histórica de recordarles a los burócratas del SRI que la economía debe servir a la vida, no al revés. La fuerza de los adultos mayores está en su historia, y la nuestra, en no dejarlos solos. Si el Gobierno quiere plata, que la busque en los grandes evasores, no en las recetas médicas y en los pasajes de autobús de quienes construyeron la patria. ¡Ya basta de financiar el gasto público con la dignidad de la tercera edad!

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El colapso del pacto constitucional

​El panorama expuesto en esta editorial periodística no solo devela una alarmante insensibilidad política, sino una abierta e ilegal sublevación del Gobierno y del SRI en contra de la norma suprema del país. A la fecha actual, en pleno 2026, la sistemática mutilación de las devoluciones del IVA a través de simples reformas reglamentarias constituye una flagrante violación a los pilares fundamentales de la Constitución de la República del Ecuador, rompiendo el pacto social y legal que el propio Estado juró defender.

​El accionar estatal violenta directamente los siguientes mandatos constitucionales:
📌​El Principio de Progresividad y No Regresividad (Art. 11, Num. 8): La Constitución prohíbe de forma taxativa cualquier medida que disminuya, menoscabe o anule de manera injustificada el ejercicio de los derechos. Al recortar los rubros deducibles (combustible, transporte, repuestos) que antes sí se garantizaban, el SRI ha generado un retroceso económico evidente y perjudicial para la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

📌​La Protección Especial al Adulto Mayor (Art. 36 y 37): La Carta Magna manda a asegurar la protección especial de las personas de la tercera edad, garantizando, entre otros derechos, la atención gratuita, el acceso al trabajo digno y rebajas o exenciones tributarias especiales. Desmantelar el acceso a la devolución del IVA atenta contra la autosuficiencia económica y psicológica que el Estado está obligado a promover.

📌​Los Derechos de las Personas con Discapacidad (Art. 47): El texto constitucional establece de manera prioritaria rebajas y exenciones tributarias para este grupo en los servicios y bienes indispensables para su subsistencia. Al calificar administrativamente el transporte o los combustibles como rubros prescindibles, las autoridades fiscales pisotean el derecho a la movilidad y autonomía de las personas con capacidades especiales.

📌​El Principio de Jerarquía Normativa (Art. 425): Ningún reglamento, resolución o circular emitida por el director del SRI tiene la categoría jurídica ni el poder para sobreponerse, alterar o neutralizar el espíritu garantista de una Ley Orgánica o de la propia Constitución. Hacerlo es un acto de flagrante arbitrariedad e ilegalidad.

​En definitiva, justificar el despojo económico a los abuelos y discapacitados bajo el argumento técnico de "cuidar la caja fiscal" o "evitar el fraude" no solo denota una profunda bajeza moral, sino que configura un preocupante escenario de inseguridad jurídica. La Corte Constitucional, en este 2026, tiene la obligación histórica de actuar con la máxima firmeza jurídica: debe desarmar la voracidad reglamentaria del SRI, obligar al restablecimiento inmediato de todos los rubros recortados y recordar de manera tajante al Gobierno que las finanzas del Estado nunca podrán sanearse utilizando como moneda de cambio la dignidad, el hambre y la salud de sus ciudadanos más indefensos.

¡Con los derechos de nuestra tercera edad y personas con discapacidad no se juega!, parte 7

06/25/2026

EL SRI INVENTÓ EL AYUNO OBLIGADO PARA ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD
El arte de engordar al Estado

Por: Froilán Casco
de Análisis y Opinión: Los adultos mayores y personas con discapacidad no son mendigos pidiendo favores; somos ciudadanos exigiendo que se cumpla la Constitución de la República, esa misma que el Gobierno pisotea cada mes y que prohíbe explícitamente la regresividad de los derechos sociales.

🚨​Hay que reconocerle al Gobierno y al Servicio de Rentas Internas (SRI) una creatividad digna de aplauso, aunque de una naturaleza profundamente macabra. En su afán por sanear las cuentas fiscales y llenar las arcas públicas, han descubierto la fórmula perfecta: quitarle los centavos a quienes ya no tienen tiempo para recuperarlos. Desde enero de 2026, mediante la magia de la "viveza criolla" plasmada en reglamentos de escritorio, las autoridades decidieron que para un adulto mayor o una persona con discapacidad, la gasolina, el transporte, los repuestos y hasta la cultura ya no son de "primera necesidad". Ahora resulta que envejecer en este país implica, por decreto, el superpoder de movilizarse por telepatía o curarse con el aire.

​La trampa es tan cínica como legalmente aberrante. Con una mano cobran el IVA puntualmente en cada bien y servicio, y con la otra mutilan el derecho a su devolución, dejando a los jubilados con reembolsos irrisorios de apenas unos cuantos dólares. Lo que hasta diciembre de 2025 era un alivio consagrado por la ley, hoy es una limosna recortada. El argumento oficial, que roza el insulto, es que buscan "evitar abusos comerciales". Bajo esa lógica tan retorcida, para evitar que alguien haga trampa, el SRI prefiere castigar preventivamente al abuelo que necesita un taxi para ir al hospital o al jubilado que requiere combustible para su pequeño vehículo. Es el humanismo al revés: el Estado engorda mientras nuestros ancianos flaquean.

​Pero el silencio cómplice de las cortes locales en Guayaquil y Quito, que prefirieron mirar a otro lado y arrodillarse ante el poder central dictando un "no" rotundo a las acciones de protección, no ha logrado apagar la dignidad de la gente. Hoy nos levantamos en peso. Alzamos la voz con la rabia legítima de los hijos, de los nietos y de los propios afectados para gritar que este martirio y este atentado sistemático tiene que terminarse.

​La demanda liderada por Henry Llanes y los colectivos de atención prioritaria ya descansa en la Corte Constitucional, la última trinchera de la decencia jurídica en este país. Esto ya no es un debate técnico de flujos de caja; es una batalla moral. Los magistrados tienen en sus manos la oportunidad histórica de recordarles a los burócratas del SRI que la economía debe servir a la vida, no al revés. La fuerza de los adultos mayores está en su historia, y la nuestra, en no dejarlos solos. Si el Gobierno quiere plata, que la busque en los grandes evasores, no en las recetas médicas y en los pasajes de autobús de quienes construyeron la patria. ¡Ya basta de financiar el gasto público con la dignidad de la tercera edad!

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El colapso del pacto constitucional

​El panorama expuesto en esta editorial periodística no solo devela una alarmante insensibilidad política, sino una abierta e ilegal sublevación del Gobierno y del SRI en contra de la norma suprema del país. A la fecha actual, en pleno 2026, la sistemática mutilación de las devoluciones del IVA a través de simples reformas reglamentarias constituye una flagrante violación a los pilares fundamentales de la Constitución de la República del Ecuador, rompiendo el pacto social y legal que el propio Estado juró defender.

​El accionar estatal violenta directamente los siguientes mandatos constitucionales:
📌​El Principio de Progresividad y No Regresividad (Art. 11, Num. 8): La Constitución prohíbe de forma taxativa cualquier medida que disminuya, menoscabe o anule de manera injustificada el ejercicio de los derechos. Al recortar los rubros deducibles (combustible, transporte, repuestos) que antes sí se garantizaban, el SRI ha generado un retroceso económico evidente y perjudicial para la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

📌​La Protección Especial al Adulto Mayor (Art. 36 y 37): La Carta Magna manda a asegurar la protección especial de las personas de la tercera edad, garantizando, entre otros derechos, la atención gratuita, el acceso al trabajo digno y rebajas o exenciones tributarias especiales. Desmantelar el acceso a la devolución del IVA atenta contra la autosuficiencia económica y psicológica que el Estado está obligado a promover.

📌​Los Derechos de las Personas con Discapacidad (Art. 47): El texto constitucional establece de manera prioritaria rebajas y exenciones tributarias para este grupo en los servicios y bienes indispensables para su subsistencia. Al calificar administrativamente el transporte o los combustibles como rubros prescindibles, las autoridades fiscales pisotean el derecho a la movilidad y autonomía de las personas con capacidades especiales.

📌​El Principio de Jerarquía Normativa (Art. 425): Ningún reglamento, resolución o circular emitida por el director del SRI tiene la categoría jurídica ni el poder para sobreponerse, alterar o neutralizar el espíritu garantista de una Ley Orgánica o de la propia Constitución. Hacerlo es un acto de flagrante arbitrariedad e ilegalidad.

​En definitiva, justificar el despojo económico a los abuelos y discapacitados bajo el argumento técnico de "cuidar la caja fiscal" o "evitar el fraude" no solo denota una profunda bajeza moral, sino que configura un preocupante escenario de inseguridad jurídica. La Corte Constitucional, en este 2026, tiene la obligación histórica de actuar con la máxima firmeza jurídica: debe desarmar la voracidad reglamentaria del SRI, obligar al restablecimiento inmediato de todos los rubros recortados y recordar de manera tajante al Gobierno que las finanzas del Estado nunca podrán sanearse utilizando como moneda de cambio la dignidad, el hambre y la salud de sus ciudadanos más indefensos.

¡Con los derechos de nuestra tercera edad y personas con discapacidad no se juega!, parte 6

06/25/2026

EL SRI INVENTÓ EL AYUNO OBLIGADO PARA ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD
El arte de engordar al Estado

Por: Froilán Casco
de Análisis y Opinión: Los adultos mayores y personas con discapacidad no son mendigos pidiendo favores; somos ciudadanos exigiendo que se cumpla la Constitución de la República, esa misma que el Gobierno pisotea cada mes y que prohíbe explícitamente la regresividad de los derechos sociales.

🚨​Hay que reconocerle al Gobierno y al Servicio de Rentas Internas (SRI) una creatividad digna de aplauso, aunque de una naturaleza profundamente macabra. En su afán por sanear las cuentas fiscales y llenar las arcas públicas, han descubierto la fórmula perfecta: quitarle los centavos a quienes ya no tienen tiempo para recuperarlos. Desde enero de 2026, mediante la magia de la "viveza criolla" plasmada en reglamentos de escritorio, las autoridades decidieron que para un adulto mayor o una persona con discapacidad, la gasolina, el transporte, los repuestos y hasta la cultura ya no son de "primera necesidad". Ahora resulta que envejecer en este país implica, por decreto, el superpoder de movilizarse por telepatía o curarse con el aire.

​La trampa es tan cínica como legalmente aberrante. Con una mano cobran el IVA puntualmente en cada bien y servicio, y con la otra mutilan el derecho a su devolución, dejando a los jubilados con reembolsos irrisorios de apenas unos cuantos dólares. Lo que hasta diciembre de 2025 era un alivio consagrado por la ley, hoy es una limosna recortada. El argumento oficial, que roza el insulto, es que buscan "evitar abusos comerciales". Bajo esa lógica tan retorcida, para evitar que alguien haga trampa, el SRI prefiere castigar preventivamente al abuelo que necesita un taxi para ir al hospital o al jubilado que requiere combustible para su pequeño vehículo. Es el humanismo al revés: el Estado engorda mientras nuestros ancianos flaquean.

​Pero el silencio cómplice de las cortes locales en Guayaquil y Quito, que prefirieron mirar a otro lado y arrodillarse ante el poder central dictando un "no" rotundo a las acciones de protección, no ha logrado apagar la dignidad de la gente. Hoy nos levantamos en peso. Alzamos la voz con la rabia legítima de los hijos, de los nietos y de los propios afectados para gritar que este martirio y este atentado sistemático tiene que terminarse.

​La demanda liderada por Henry Llanes y los colectivos de atención prioritaria ya descansa en la Corte Constitucional, la última trinchera de la decencia jurídica en este país. Esto ya no es un debate técnico de flujos de caja; es una batalla moral. Los magistrados tienen en sus manos la oportunidad histórica de recordarles a los burócratas del SRI que la economía debe servir a la vida, no al revés. La fuerza de los adultos mayores está en su historia, y la nuestra, en no dejarlos solos. Si el Gobierno quiere plata, que la busque en los grandes evasores, no en las recetas médicas y en los pasajes de autobús de quienes construyeron la patria. ¡Ya basta de financiar el gasto público con la dignidad de la tercera edad!

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El colapso del pacto constitucional

​El panorama expuesto en esta editorial periodística no solo devela una alarmante insensibilidad política, sino una abierta e ilegal sublevación del Gobierno y del SRI en contra de la norma suprema del país. A la fecha actual, en pleno 2026, la sistemática mutilación de las devoluciones del IVA a través de simples reformas reglamentarias constituye una flagrante violación a los pilares fundamentales de la Constitución de la República del Ecuador, rompiendo el pacto social y legal que el propio Estado juró defender.

​El accionar estatal violenta directamente los siguientes mandatos constitucionales:
📌​El Principio de Progresividad y No Regresividad (Art. 11, Num. 8): La Constitución prohíbe de forma taxativa cualquier medida que disminuya, menoscabe o anule de manera injustificada el ejercicio de los derechos. Al recortar los rubros deducibles (combustible, transporte, repuestos) que antes sí se garantizaban, el SRI ha generado un retroceso económico evidente y perjudicial para la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

📌​La Protección Especial al Adulto Mayor (Art. 36 y 37): La Carta Magna manda a asegurar la protección especial de las personas de la tercera edad, garantizando, entre otros derechos, la atención gratuita, el acceso al trabajo digno y rebajas o exenciones tributarias especiales. Desmantelar el acceso a la devolución del IVA atenta contra la autosuficiencia económica y psicológica que el Estado está obligado a promover.

📌​Los Derechos de las Personas con Discapacidad (Art. 47): El texto constitucional establece de manera prioritaria rebajas y exenciones tributarias para este grupo en los servicios y bienes indispensables para su subsistencia. Al calificar administrativamente el transporte o los combustibles como rubros prescindibles, las autoridades fiscales pisotean el derecho a la movilidad y autonomía de las personas con capacidades especiales.

📌​El Principio de Jerarquía Normativa (Art. 425): Ningún reglamento, resolución o circular emitida por el director del SRI tiene la categoría jurídica ni el poder para sobreponerse, alterar o neutralizar el espíritu garantista de una Ley Orgánica o de la propia Constitución. Hacerlo es un acto de flagrante arbitrariedad e ilegalidad.

​En definitiva, justificar el despojo económico a los abuelos y discapacitados bajo el argumento técnico de "cuidar la caja fiscal" o "evitar el fraude" no solo denota una profunda bajeza moral, sino que configura un preocupante escenario de inseguridad jurídica. La Corte Constitucional, en este 2026, tiene la obligación histórica de actuar con la máxima firmeza jurídica: debe desarmar la voracidad reglamentaria del SRI, obligar al restablecimiento inmediato de todos los rubros recortados y recordar de manera tajante al Gobierno que las finanzas del Estado nunca podrán sanearse utilizando como moneda de cambio la dignidad, el hambre y la salud de sus ciudadanos más indefensos.

¡Con los derechos de nuestra tercera edad y personas con discapacidad no se juega!, parte 5

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