24/04/2026
La Normalización del Fracaso: Radiografía de un Estado Capturado
En esta persistente, y a ratos incomprensible, tarea por entender las fracturas que corroen la estructura institucional del Perú contemporáneo, nos vemos obligados a dirigir la mirada, no hacia las gestas gloriosas del pasado, sino hacia las grietas profundas del presente, aquellas que, silenciosamente, han venido debilitando al Estado y a sus principales engranajes en beneficio de unos cuantos.
El Perú de hoy no adolece únicamente de crisis políticas coyunturales; padece, más bien, de una degradación progresiva de sus instituciones públicas y privadas. Estas, que en teoría deberían sostener el equilibrio democrático y garantizar el bienestar general, han sido capturadas, en no pocos casos, por intereses subalternos, por una suerte de cofradía pragmática que ha aprendido a instrumentalizar el poder para fines propios. Así, lo público deja de ser de todos para convertirse en botín, y lo privado, lejos de actuar como motor de desarrollo, muchas veces se pliega, o participa, en dinámicas que priorizan el lucro inmediato sobre el interés colectivo.
No es casual, entonces, que la brecha entre ciudadanos se haya profundizado. La marginación, que antaño se explicaba por factores económicos, hoy se expresa también en formas más crudas y vergonzosas: el desprecio por el origen, por el acento, por el color de piel. Persisten, aún en pleno siglo XXI, prácticas y discursos que relegan al cholo y al serrano a categorías inferiores, como si el valor de un ciudadano pudiera medirse por su procedencia. Esta forma de exclusión, tan antigua como absurda, no solo hiere la dignidad humana, sino que debilita el tejido social y perpetúa un país fragmentado.
En el plano político, la escena no resulta más alentadora. Asistimos a la consolidación de bloques que, bajo la apariencia de representación democrática, operan con lógicas de defensa corporativa. Se trata de agrupaciones que, habiendo alcanzado cuotas significativas de poder mediante el voto popular, actúan luego como murallas frente a cualquier intento de reforma que amenace sus intereses. En esa dinámica, el debate se empobrece, la fiscalización se diluye y la gobernabilidad se convierte en un concepto vacío, reducido a la mera supervivencia del statu quo.
Este fenómeno, al que algunos ya denominan, no sin razón, como un pacto de facto, no responde necesariamente a una ideología definida, sino a una convergencia de intereses. Es, en esencia, la institucionalización de la conveniencia: se bloquea lo que incomoda, se aprueba lo que conviene, y se posterga indefinidamente aquello que exige valentía política. El resultado es un Estado que no reforma, que no corrige, que no proyecta.
Frente a ello, el ciudadano común transita entre el cansancio y la resignación. La decepción hacia la clase política no es nueva, pero sí cada vez más profunda. Se ha erosionado la confianza, no solo en los líderes, sino en el sistema mismo. Y cuando la confianza se pierde, la democracia entra en una zona de riesgo silencioso, donde la apatía puede resultar tan peligrosa como el autoritarismo.
Sin embargo, y pese a todo, no todo está perdido.
La historia, esa misma que tantas veces hemos invocado para recordar lo que fuimos, también nos enseña que los momentos de mayor crisis suelen ser antesala de transformaciones significativas. El Perú no carece de talento, ni de ciudadanos comprometidos, ni de capacidades para reconstruirse. Lo que ha faltado, quizás, es una masa crítica que decida no mirar más desde la tribuna.
Hoy, se hace imprescindible recuperar el sentido de lo público, revalorar la institucionalidad y, sobre todo, asumir que la política no es un espacio ajeno, sino una responsabilidad compartida.
Y es, precisamente, en medio de esta niebla densa de confusión y desencanto, donde también se nos concede una oportunidad: la de discernir con mayor claridad. Este tiempo nos permite reconocer, con criterio y sin ingenuidades, quiénes merecen nuestro análisis serio, nuestra atención y eventual respaldo; y quiénes, por el contrario, han hecho de la política un instrumento para perpetuar el caos, el dolor y la corrupción.
A estos últimos no se les enfrenta únicamente con indignación pasajera, sino con memoria cívica. No se trata de “enterrarlos” desde la rabia, sino de apartarlos, con firmeza democrática, del espacio público que no han sabido honrar. Porque cuando el poder se ejerce sin ética, no solo se frena el desarrollo en todas sus dimensiones, sino que se erosiona lo más esencial: la dignidad de una nación.
Valoremos, entonces, a quienes actúan con sensatez, con solvencia técnica, con integridad. A quienes comprenden que gobernar no es imponer, sino construir; no es dividir, sino articular.
Quizá, como suele decirse, las circunstancias no son casuales. Tal vez este sea el momento, incómodo, pero necesario, para quitarnos la venda de los ojos, para dejar de normalizar lo inaceptable y para asumir, con madurez, el peso de nuestras decisiones.
