06/04/2026
En la antigua Unión soviética, se acuñó el término "nomenklatura", y fue un concepto que servía para nombrar a esa élite que ocupaba los cargos y decidía quién podía ocuparlos. Administradores del poder mismo. Los que hacían y deshacían carreras. Los que repartían futuro y también olvido.
Cuando ese concepto aterrizó en México, se adaptó. En el ecosistema del PRI, la Nomenclatura se convirtió en algo más complejo: una cultura política completa, con reglas no escritas, con códigos que se aprendían caminando territorio, acumulando favores, resistiendo el tiempo.
La pertenencia se definía por el control. Control de gente, de tierra, de estructuras. La verdadera credencial era la capacidad de movilizar, de operar, de sostener. Era la "suela, sudor y saliva". Saber ganar donde no había reflectores, donde el Estado llegaba únicamente a través del partido.
Ahí se construyó la liturgia del régimen. Una práctica más que una ideología. Liderazgos regionales, sindicatos, organizaciones campesinas, todos articulados en una red que funcionaba como sistema nervioso del poder. Una maquinaria que se reproducía sola, operada por hombres que entendían la política como un oficio de resistencia y acumulación, no como un ejercicio académico.
La Nomenclatura tenía reglas claras. La principal: disciplina. La segunda: silencio. El control se sostenía en relaciones personales, en lealtades cruzadas, en favores acumulados durante años. Una red viva, sin estatutos visibles pero con consecuencias muy reales para quien las violaba.
En ese entramado, Fidel Velázquez Sánchez definió época. Durante más de medio siglo al frente de la Confederación de Trabajadores de México, Velázquez fue un operador político de altísimo nivel. Su función era administrar el conflicto obrero: saber cuándo contenerlo y cuándo soltarlo según las necesidades del régimen. Su famosa frase, "El que se mueve no sale en la foto", era una advertencia precisa. Adelantarse en el sistema priista era un error, y el error se pagaba con el exilio político. El castigo era dejar de existir dentro del sistema.
Carlos Hank González representa otra dimensión. Su trayectoria es casi un manual de construcción de poder en el México del siglo XX. Alcalde de Toluca, regente del Distrito Federal, secretario de Agricultura, secretario de Turismo, empresario con negocios que crecían en paralelo a cada cargo. Su frase, "Un político pobre es un pobre político", era brutalmente honesta sobre la lógica interna del sistema: en una red sostenida por lealtades, el dinero era herramienta, no exceso.
Fernando Gutiérrez Barrios encarna una dimensión menos visible pero igual de decisiva. Desde los aparatos de inteligencia, desde las estructuras que operan sin anunciarse, su lógica era simple: quien tiene la información tiene ventaja. Su poder dependía del conocimiento acumulado, de saber quién podía romper y quién debía ser contenido. Actuaba en consecuencia, sin necesidad de protagonismo público.
Hasta ahí, la Nomenclatura parecía sólida. Pero en los años ochenta empezó a fracturarse desde dentro. Con Miguel de la Madrid llegó un cambio de lenguaje y de cuadros. Economistas formados en Harvard, Yale y el MIT, con otra lógica sobre el Estado. Hablaban de eficiencia, de variables macroeconómicas, de ajuste estructural. Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe, Francisco Gil Díaz: una generación que llegó convencida de que México necesitaba insertarse en la economía global y que el partido era el vehículo para lograrlo, aunque sus tripas le resultaran ajenas.
El contraste era profundo y cotidiano. La Nomenclatura había construido su poder en las calles, en los ejidos, en las asambleas sindicales. Sabía leer un municipio, sabía negociar con un cacique regional, sabía cuánto costaba una elección en términos de favores, tiempos y presencias físicas. Los tecnócratas llegaron con modelos econométricos y diagnósticos del Banco Mundial. Eran precisos en sus análisis y torpes en sus mediaciones. Podían diseñar una política de ajuste fiscal pero no sabían cómo explicarle a un líder campesino de Oaxaca por qué tenía que aceptarla.
Para la vieja guardia, esa distancia era imperdonable. Un político que no conoce su territorio no conoce el poder, solo sus símbolos. Y gobernar con símbolos, sin raíces, era una forma elegante de no gobernar. Para los tecnócratas, en cambio, el problema era inverso: la Nomenclatura conocía el territorio pero lo usaba para perpetuarse, no para transformarlo. Cada red de lealtades era también una red de compromisos que frenaba cualquier reforma seria. El clientelismo no era un defecto del sistema, era su combustible, y eso lo hacía prácticamente irreformable desde dentro.
Lo que los separaba, en el fondo, era la concepción misma del Estado. Para la Nomenclatura, el Estado era un espacio de negociación permanente entre grupos, intereses y lealtades. La estabilidad valía más que la eficiencia. Para los tecnócratas, el Estado era una maquinaria que debía optimizarse, y la política era el obstáculo más frecuente para lograrlo. Dos visiones que podían coexistir mientras el PRI ganaba todo, pero que se volvieron incompatibles en cuanto el país empezó a exigir cuentas.
Ese conflicto llegó a un punto crítico en 1996, durante la XVII Asamblea Nacional del PRI, bajo el gobierno de Ernesto Zedillo. La vieja guardia cerró filas e impuso los llamados "candados": requisitos que exigían años de militancia y cargos de elección popular previos para poder aspirar a la candidatura presidencial. Fue una reacción política, un intento de recuperar el control y evitar que el partido terminara en manos de una élite que venía de las universidades y los organismos financieros internacionales, pero que nunca había pisado un comité seccional. Roberto Madrazo y Humberto Roque Villanueva encabezaron esa maniobra con la convicción de quien defiende territorio propio.
El costo fue alto. Al cerrarse, el sistema dejó de renovarse. Se volvió rígido en un momento en que la sociedad ya llevaba años moviéndose en otra dirección.
En ese clima de tensión acumulada ocurrió el episodio que sigue marcando la memoria política del país. El 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio fue asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana. Su discurso del 6 de marzo de ese año, frente al monumento a la Revolución, apuntaba hacia una reforma interna, una apertura controlada del sistema. Su muerte truncó una candidatura y cerró una posibilidad. Dejó claro que el sistema tenía límites muy definidos sobre hasta dónde estaba dispuesto a cambiar.
En el año 2000, el PRI perdió la presidencia por primera vez en siete décadas. Esa derrota tiene muchas explicaciones, pero una de las más honestas apunta hacia adentro: el desgaste de un sistema que prefirió la rigidez a la adaptación.
La Nomenclatura fue la mayor fortaleza del régimen y su principal límite. Le dio estabilidad, control, permanencia. También lo volvió impermeable a los cambios que el país ya estaba procesando por su cuenta, sin pedirle permiso al partido.
