25/08/2017
En atención a la nota publicada en redes sociales por un medio local, deseamos informar a la opinión pública lo siguiente:
A lo largo de estos dos años de ejercicio de la administración, los regidores de Acción Nacional nos hemos mantenidos vigilantes del cumplimiento de la normatividad y el apego al estado de derecho, por lo que reconocemos que el actuar de uno de nuestros colabores el día de ayer no fue conveniente. Aunque este hecho tuvo lugar en un horario fuera de oficina, es nuestra obligación actuar frente a acciones inapropiadas que ponen en riesgo la integridad de otras personas, tal como fue conducir en estado de ebriedad.
El funcionario, en el momento de la detención portaba documentación oficial que se encontraba en resguardo en nuestra oficina, sin autorización de su titular. Por lo anterior, solicitaremos se ejerzan las acciones administrativas correspondientes, a través de la Oficialía Mayor y la jefatura de Recursos Humanos.
Como integrantes del Ayuntamiento no justificamos esta conducta pero tampoco toleraremos violaciones flagrantes al derecho humano de protección de datos personales, presunción de inocencia e invasión a la dignidad de la persona, ya que es evidente que las fotografías publicadas fueron proporcionadas por personal de la dirección de Seguridad Pública sin atender la “Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”.
El ejercicio y aplicación de políticas de seguridad pública no pueden darse al margen de los derechos fundamentales. El artículo 163 de la ley previamente citada contempla como motivo de sanción, el uso, sustracción y divulgación indebida de datos que estén bajo custodia de los sujetos obligados con motivo de su cargo. Por lo anterior, daremos seguimiento para que el o los funcionarios involucrados respondan ante su proceder.
Por su parte, reiteramos que toda publicación noticiosa debe implicar un manejo respetuoso de la información, difundiéndola con estricto apego a la presunción de inocencia y privacidad. Más seguridad, más información para los ciudadanos también significa proteger su integridad. Se plantea hoy una duda razonable de que los datos y fotografías de cientos de ciudadanos, no solo los del funcionario en cuestión, circulan libremente y nos dejan expuestos, a todos, a un daño moral irreparable. El derecho a la libertad de prensa debe contemplar simultáneamente una estricta protección de la legalidad.