04/02/2026
La CTA Autónoma Regional Rafaela advierte que el cierre del programa “Volver al Trabajo” afectará a al menos 402 familias del departamento Castellanos
Según registros del programa antecesor, Rafaela concentra 311 titulares, seguida por San Antonio (63) y Sunchales (12). La organización sindical reclama a los municipios - que actuaron como unidades de gestión - y al gobierno provincial, que tomen medidas urgentes para mitigar el impacto de esta política nacional enfocada en castigar a los sectores más vulnerables.
La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA Autónoma), a través de su Regional Rafaela, salió al cruce de la decisión del gobierno nacional de eliminar el programa “Volver al Trabajo”, una medida que entrará en vigencia en abril y que afectará a 953.679 personas en todo el país. En la provincia de Santa Fe, el número de trabajadores y trabajadoras que perderán este ingreso asciende a 34.575, según datos oficiales del tercer trimestre de 2025.
En el departamento Castellanos, el impacto puede dimensionarse a partir de los registros del programa Potenciar Trabajo, antecesor del actual Volver al Trabajo, ya que el gobierno nacional no informó hasta el momento los números finales. Según información documentada por la CTA Autónoma, al menos 402 titulares se distribuían en once localidades del departamento, con una fuerte concentración en las ciudades más pobladas:
Localidad Titulares registrados (Potenciar Trabajo)
Rafaela 311
San Antonio 63
Sunchales 12
María Juana 5
Frontera 4
Humberto Primo 2
Bella Italia 1
Ataliva 1
Aurelia 1
Estación Clucellas 1
Plaza Clucellas 1
Total 402
Rafaela, con 311 titulares, es la ciudad más afectada del departamento. Esta cifra constituye un piso mínimo de las familias que hoy quedarán sin este ingreso en el departamento, considerando el consumo de los barrios populares y los pequeños negocios de cercanía; a nivel provincial, el monto mensual que dejará de circular en la economía local es de $2.697 millones, una masa de dinero que se destinaba íntegramente al consumo de alimentos en los barrios, mientras que a nivel nacional el gobierno absorbe $74.600 millones mensuales sin informar hasta el momento cuál será el destino de esos fondos.
Municipios como unidades de gestión: una responsabilidad que no puede eludirse
Un dato central para entender el impacto local es que, tal como lo establecía la normativa del programa, los municipios podían actuar como unidades de gestión, es decir, eran los encargados de presentar proyectos, administrar los recursos y acompañar a los trabajadores y trabajadoras en el desarrollo de actividades socio-comunitarias, socio-laborales y socio-productivas.
En el departamento Castellanos, varios municipios - entre ellos Rafaela, San Antonio, Sunchales y Frontera - cumplieron ese rol, gestionando proyectos que incluían cooperativas de trabajo, mantenimiento de espacios públicos, huertas comunitarias, acompañamiento escolar y otras tareas esenciales para la vida en los barrios.
“Los gobiernos locales no pueden lavarse las manos. Fueron parte de la gestión de estos programas, conocen a los beneficiarios, saben qué tareas realizaban y cómo se insertaban en la trama comunitaria. Ahora que el gobierno nacional los deja en la calle, los municipios tienen la obligación de dar una respuesta”, expresaron desde la CTAA Regional Rafaela.
Un impacto directo a la economía de las mujeres y colectivos vulnerables
En el departamento Castellanos, el cierre del programa profundiza la precarización laboral. El impacto recae con especial crudeza sobre las mujeres, que representaban el 65% de las y los titulares, y también sobre recicladores informales, personas con discapacidad, cooperativas, estudiantes, personas trans, colectivo LGBTIQ+, comedores, merenderos y huertas comunitarias, sectores históricamente expulsados del empleo formal y con una presencia significativa en la economía popular, el trabajo comunitario y las tareas de cuidado no remunerado.
Estas poblaciones enfrentan mayores niveles de desocupación, subocupación e informalidad, y la pérdida de este ingreso profundiza las brechas y desigualdades estructurales que ya las marginan del mercado laboral.
Un ajuste que desarma la red comunitaria
La eliminación del “Volver al Trabajo” no es un hecho aislado. Desde 2023, el gobierno nacional redujo en términos reales la partida de Asistencia Social en un 77%, el Potenciar Trabajo en un 96% y el Monotributo Social en un 81%. A esto se suman los recortes en Vivienda, Educación y servicios, que desarman los soportes materiales de la vida cotidiana y recargan sobre los hombros de las mujeres y las familias populares la reproducción del hogar.
En el departamento Castellanos, la CTAA Regional Rafaela viene trabajando junto a organizaciones territoriales, merenderos y cooperativas para sostener la red comunitaria que hoy es el principal dique de contención ante el avance del narcotráfico y la desintegración social. La decisión del gobierno de reemplazar el programa por “vouchers educativos” individuales ignora por completo la función colectiva que cumplían estos ingresos: permitían la organización del trabajo en los barrios, la compra de insumos en comercios de cercanía y la continuidad de proyectos productivos y de cuidado.
Exigencias a los tres niveles del Estado
Ante este ataque a los sectores más postergados, la CTAA Regional Rafaela se sumó al plan de lucha anunciado por las organizaciones sociales, territoriales y sindicales a nivel nacional. Rechazan la criminalización de la protesta y la militarización de los barrios populares, así como las amenazas de quitar programas sociales y no respetar con las definiciones de la justicia.
Entre las exigencias al gobierno nacional, la CTA Autónoma reclama:
· La continuidad del programa “Volver al Trabajo” con actualización por Salario Mínimo, Vital y Móvil y la convocatoria urgente a la Mesa del Salario.
· La recomposición de los salarios sociales y la apertura de paritarias para los trabajadores de la economía popular.
· El fin de los allanamientos y causas penales contra referentes territoriales.
Además, desde la Regional Rafaela hicieron un llamamiento expreso a los gobiernos provincial y, especialmente, a los municipios del departamento Castellanos, para que adopten medidas urgentes que mitiguen el impacto de esta resolución. “Los municipios fueron unidades de gestión de estos programas. Conocen la realidad de cada trabajador y cada trabajadora. No pueden mirar para otro lado mientras el ajuste nacional destruye la economía de los barrios”, señalaron.
“No podemos permitir que el ajuste nacional sea trasladado a las familias trabajadoras sin que los estados locales desplieguen políticas activas de protección de ingresos, empleo y fortalecimiento de las organizaciones de base”, agregaron.
La CTAA Regional Rafaela invitó a los medios de comunicación del departamento Castellanos a visibilizar esta problemática y a acompañar las acciones de protesta que se desarrollarán en los próximos días en la región y en toda la provincia, en sintonía con las movilizaciones convocadas en la Secretaría de Trabajo de la Nación y sus delegaciones provinciales.
Finalmente, desde la CTA Autónoma Provincia de Santa Fe anunciaron el apoyo a la regional Rafaela, y el impulso de acciones de movilización en articulación con las organizaciones sociales en toda la provincia para frenar el avance de la motosierra que tanto a nivel nacional, como provincial y municipal, termina recayendo siempre sobre los más débiles mientras los poderosos se siguen beneficiando.
