30/03/2026
LOS GANADORES DEL DESHIELO
Quién se beneficia con la reforma a la Ley de
Glaciares
José Maldonado - Instituto de Estudios y Formación — CTA Autónoma Marzo
de 2026
La reforma a la Ley de Glaciares aprobada en el Senado en febrero de 2026
habilita el avance de proyectos mineros de gran escala sobre recursos hídricos
que la ley vigente protegía. Este informe identifica a los beneficiarios concretos:
las empresas que necesitaban esta reforma, los fondos globales que las
financian y el entramado político que la hizo posible.
Introducción
El 26 de febrero de 2026, el Senado le dio media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares
con 40 votos a favor. Doce días después, el presidente Javier Milei inauguró la Argentina
Week en la sede del JP Morgan en Manhattan. Lo presentó Jamie Dimon, el CEO del banco,
junto a los representantes de las principales empresas mineras y fondos de inversión del
mundo. Once gobernadores argentinos dieron conferencias sobre las oportunidades de sus
provincias. El evento fue organizado por la Embajada argentina junto al JP Morgan, el Bank
of America y el fondo Kaszek, y coordinado por el Council of the Americas — fundado en 1963
por David Rockefeller con el objetivo de articular la inversión privada estadounidense en la
región.
Las dos fechas forman parte del mismo proceso. Identificar a quiénes beneficia la reforma,
quiénes son sus propietarios y qué andamiaje político y económico la sostiene permite
entender mejor qué está en juego detrás de la nueva ley de glaciares. Quiénes son los
ganadores del deshielo.
I.Qué cambia la reforma
La Ley 26.639, sancionada en 2010 y ratificada como constitucional por la Corte Suprema
en 2019, establece una protección universal: todos los glaciares y el ambiente periglacial — estratégicas de agua y no pueden ser objeto de actividad minera. El organismo científico que
elabora y mantiene el inventario de esos recursos es el Instituto Argentino de Nivología,
Glaciología y Ciencias Ambientales, dependiente del CONICET. Su director declaró ante el Senado en diciembre de 2025 que todos los cuerpos de hielo relevados
cumplen funciones hídricas, sin excepción.
La reforma desmonta ese esquema en tres movimientos. Primero, reemplaza la protección
universal por una protección condicionada: solo quedan resguardados los glaciares que
demuestren una "función hídrica efectiva". Segundo, delega en cada provincia la facultad de
determinar cuáles la tienen y cuáles pueden habilitarse para la minería. Tercero, fija un
tamaño mínimo de protección, dejando fuera cuerpos de hielo pequeños que en los Andes
áridos son componentes esenciales del sistema hídrico.
El efecto práctico es una inversión de la carga de la prueba. Donde antes la ley le exigía a la
actividad minera demostrar que no dañaba, ahora le exige a la provincia demostrar que el
glaciar merece ser protegido. Más de 85 constitucionalistas señalaron que esto viola el
artículo 41 de la Constitución Nacional, que le encarga al Congreso fijar pisos ambientales
que las provincias no pueden reducir. La reforma, en los hechos, desnaturaliza el concepto
de presupuesto mínimo de protección ambiental y destruye la visión integral de los glaciares.
La Corte Suprema, en el fallo de 2019 que rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la
minera Barrick Gold, ya había establecido que los derechos colectivos sobre el agua
prevalecen sobre los intereses individuales de propiedad. La reforma hace exactamente lo
que ese fallo dijo que no podía hacerse.
II.Los proyectos que la ley frenaba
La reforma a la ley era empujada por un conjunto de proyectos que estaban frenados por la
protección que ahora se intenta dejar atrás. El presidente de la Cámara Argentina de
Industrias Mineras lo dijo sin rodeos ante el Congreso: el 75% de los proyectos de cobre del
país necesitan “que el tema glaciares se resuelva”. Y tienen nombre y apellido.
Vicuña Corp es la empresa resultante de la fusión entre BHP — la mayor minera del mundo
por capitalización bursátil, con sede en Australia — y la canadiense Lundin Mining. Su
proyecto integra dos yacimientos cupríferos en San Juan, a más de cuatro mil metros de
altura, en zonas con presencia de glaciares y ambiente periglacial inventariados por el
Estado. La inversión comprometida asciende a 18.000 millones de dólares en diez años. El
proyecto fue aprobado en el RIGI — el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones — en
febrero de 2026, y su CEO fue recibido por Milei en Casa Rosada nueve días antes de la
votación en el Senado.
Glencore, multinacional minera de origen suizo, opera dos proyectos en situación similar.
En San Juan tiene el yacimiento cuprífero El Pachón. En Catamarca, su proyecto MARA se
asienta sobre un área con glaciares inventariados por el Estado y con fallos judiciales y
procesamientos de funcionarios por violación de la ley vigente. La inversión proyectada para
El Pachón asciende a 9.500 millones de dólares. McEwen Cooper, empresa canadiense, desarrolla el proyecto Los Azules en San Juan, el
primero de cobre aprobado por el RIGI, en septiembre de 2025, por 2.700 millones de
dólares. Su área de influencia se superpone con glaciares y suelos de hielo permanente
inventariados por el Estado. El proyecto cuenta con el respaldo de Río Tinto, la multinacional
minera anglo-australiana, a través de una filial especializada en cobre.
Barrick Mining, la minera canadiense que opera el yacimiento Veladero en San Juan, tiene
una situación diferente a los anteriores: no es un proyecto frenado sino uno que lleva años
operando en violación de la ley. Sus instalaciones se superponen con glaciares relevados por
el inventario nacional. Desde 2015 hubo al menos cinco derrames de sustancias tóxicas, el
mayor de más de un millón de litros de solución de cianuro que contaminó cinco ríos de la
provincia. Para Barrick, la reforma de la ley de glaciares le da cobertura legal sobre lo que
hizo y sigue haciendo.
Minas San Jorge, en Mendoza, es un proyecto de oro y cobre en zona periglacial cuyos
dueños son la empresa suiza Zonda Metals y el Grupo Alberdi, presidido por Martín
Rappallini, quien también preside la Unión Industrial Argentina. Rappallini viajó a la
Argentina Week en Manhattan, en su condición de directivo minero, más que como
representante de la patronal industrial.
III. Quiénes son los dueños
Detrás de estas empresas aparece una concentración de propiedad que se repite. Los dos
fondos de inversión más grandes del mundo —BlackRock y Vanguard, ambos con sede en
Nueva York— son accionistas significativos en prácticamente todas las mineras que
necesitan esta reforma. Entre los dos, administran cerca de 23 billones de dólares en
activos globales y tienen participación en más del 96% de las grandes empresas que cotizan
en bolsa en Estados Unidos.
Registros de los organismos reguladores del mercado de valores de Estados Unidos y del
Reino Unido permiten precisar esa presencia. BlackRock posee el 5,6% de BHP, socia de
Vicuña Corp, y el 7,3% de Glencore. En Barrick Mining tiene el 5%. Vanguard, por su parte,
posee el 5,36% de BHP. Entre los dos fondos superan el 10% de la mayor minera del mundo.
En Río Tinto, socia del proyecto Los Azules, aparecen también BlackRock y la estatal china
Chinalco.
Son, en síntesis, los mismos fondos que financian las empresas que necesitan esta reforma y
que, al mismo tiempo, administran en Manhattan gran parte del capital que se fuga de la
Argentina. El economista Horacio Rovelli señaló que en 2025, según el balance cambiario del
Banco Central, personas físicas residentes en el país compraron 38.806 millones de dólares,
más que el total de todos los proyectos aprobados por el RIGI en su primer año de
funcionamiento. El capital que sale por la puerta de atrás vuelve a entrar por la principal, pero esta vez con treinta años de garantías fiscales y los glaciares despejados
del camino.
IV. El andamiaje
La presión sobre la Ley de Glaciares no empezó con Milei. En 2011, apenas un año después de
su sanción, Barrick Gold demandó al Estado nacional para que la ley fuera declarada
inconstitucional. Perdió ese planteo ante la Corte Suprema en 2019. Las empresas mineras
buscaron por años que la norma no se aplicara a través de recursos judiciales y presión
política. La Mesa del Litio, creada en 2021, y la Mesa del Cobre, constituida en 2024,
institucionalizaron esa demanda desde las provincias. Lo que el gobierno de Milei aportó fue
la disposición de ejecutarla y el paquete normativo para hacerlo.
Ese paquete tiene varias piezas. El RIGI, aprobado en la Ley Bases de junio de 2024,
establece estabilidad fiscal por 30 años, una alícuota de ganancias del 25% en lugar del 35%
general, retenciones cero a las exportaciones, exención de aranceles de importación para
equipos e insumos, y la posibilidad de no liquidar el total de las divisas en el mercado local.
Para las controversias, los inversores pueden acudir a arbitrajes internacionales en lugar de
los tribunales argentinos. En agosto de 2025, el gobierno de Milei eliminó por decreto las
retenciones a más de 200 productos mineros, incluyendo el cobre. El tope de regalías
provinciales, fijado en el 3% del valor en boca de mina, se mantiene intacto desde los años
noventa.
Una estimación de la consultora CRU calculó que con este conjunto de beneficios la carga
impositiva efectiva sobre la gran minería baja del 47% al 38%. La reforma de glaciares es la
pieza que faltaba: el seguro jurídico que garantiza que los proyectos no puedan ser frenados
por la justicia, como ya le ocurrió a Barrick en 2019.
V. La trama política
La reforma tiene una historia que arranca antes de Milei. La Mesa del Litio fue creada en
2021, bajo el gobierno de Alberto Fernández, por los gobernadores de Catamarca, Jujuy y
Salta. Tiene base en un tratado interprovincial ratificado por ley en las tres legislaturas. La
Mesa del Cobre se constituyó en mayo de 2024, con la firma de los gobernadores de San
Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza. Ambas Mesas atraviesan gestiones de distintos
signos políticos y coordinan políticas mineras comunes. Los propios fundamentos del
proyecto de reforma reconocen expresamente que responde al pedido de las provincias que
integran estas dos Mesas. En noviembre de 2025, los gobernadores de la Mesa del Cobre se reunieron en Mendoza con
el ministro del Interior Diego Santilli. Fue ahí donde reclamaron públicamente que cada
provincia defina qué es un glaciar. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, reconoció
haber sido el impulsor de la idea. El propio Milei lo confirmó. En diciembre, el Ejecutivo envió
el proyecto al Congreso.
La votación del 26 de febrero se dividió por geografía, no por partido. Los senadores de
provincias mineras votaron a favor con independencia de su bloque. Los de provincias no
mineras votaron en contra, entre ellos los de La Pampa, que teme que las inversiones en
Mendoza sequen el río Atuel, como ya ocurrió con ese curso de agua en el pasado.
Los senadores del peronismo que acompañaron la reforma —por Catamarca, San Juan,
Jujuy y Tucumán— gobernaron o representan provincias donde operan las empresas
directamente beneficiadas. El lobby fue explícito: el CEO de Glencore se presentó ante el
Congreso para argumentar que el glaciar donde se asienta su proyecto no tiene función
hídrica relevante. La reforma aprobada dice exactamente eso.
El proceso político que culminó en esa votación no puede entenderse como una iniciativa del
gobierno nacional que arrastró a los gobernadores. Fue al revés: las Mesas del Litio y del
Cobre construyeron durante años la demanda, la articularon con el capital transnacional y la
empujaron hasta el Congreso. Que esa demanda haya encontrado en Milei la disposición de
ejecutarla no la hace nueva. La hace posible.
Fuentes
Banco Central de la República Argentina. Balance Cambiario 2025.
Bloomberg Línea. "El auge del cobre en Argentina espera por definiciones de la Ley de
Glaciares." 2 de marzo de 2026.
Burucua, Andrea. "La minería avanza, la protección del agua retrocede." Instituto de
Pensamiento y Políticas Públicas, marzo de 2026.
Declaraciones de Roberto Cacciola (Cámara Argentina de Industrias Mineras) ante el
Congreso de la Nación, febrero de 2026.
Declaraciones de Martín Pérez de Solay (Glencore) ante el Congreso de la Nación, febrero de
2026.
Declaraciones de Juan Pablo Villagra (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales, CONICET) ante el plenario de comisiones del Senado, 18 de diciembre de 2025.
Citado en Burucua, 2026. Organismos reguladores del mercado de valores de Estados Unidos y del Reino Unido.
Registros de participación accionaria de BlackRock y Vanguard en BHP, Glencore y Barrick
Mining, 2024-2025.
García Zanotti, Gustavo y Schorr, Martín. "El RIGI como política de Estado." Instituto de
Pensamiento y Políticas Públicas, marzo de 2026.
Letra P. "El lobby de la minería: cómo operan Barrick, Glencore, China y Qatar para
licuar la ley de Glaciares." 11 de febrero de 2026.
MiningWatch Canadá / Asamblea Jáchal No Se Toca. "Cronología de los derrames tóxicos en
Veladero."
Rovelli, Horacio. "Oro por espejitos." El Cohete a la Luna, 1 de marzo de 2026.
Rovelli, Horacio. "Un argentino en Nueva York." El Cohete a la Luna, 15 de marzo de 2026.
Senado de la Nación Argentina. Sesión del 26 de febrero de 2026.
El analisis del Instituto de Estudios y Formación de CTA Autónoma sobre la reforma en la Ley de Glaciares, fue elaborado por José Maldonado.
