29/07/2026
En la mañana del 28 de julio, alrededor de 50 efectivos de la Policía de Misiones ingresaron a la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, ubicada en el paraje Cañafístola, en Garuhapé, para ejecutar la orden de desalojo dictada por el juez Roberto Antonio Sena, a pedido del empresario forestal Alfredo Ruff. Mediante ese operativo, el Gobierno de Misiones expulsó a las familias de un territorio cuya ocupación tradicional había sido reconocida por el propio Estado nacional, consumando un nuevo episodio de despojo contra el pueblo Mbya. Por Clarisa Néztor * para ANRed.
El procedimiento puso fin por la fuerza a un conflicto que nunca fue resuelto en su cuestión de fondo. Mientras las familias eran desalojadas, continuaban pendientes recursos judiciales, planteos de nulidad y cuestionamientos formulados por la defensa sobre la legalidad del expediente. El Poder Judicial avanzó para beneficiar el extractivismo forestal que, en este caso, tiene nombre y apellido: Alfredo Ruff.
Lo ocurrido en Puente Quemado II expone el funcionamiento de un modelo donde el poder económico, la estructura judicial y el aparato estatal terminan convergiendo para garantizar el avance del extractivismo forestal sobre territorios ancestrales.
La orden había sido dictada el 17 de Julio por el juez Roberto Antonio Sena, titular del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Jardín América, a pedido directo del empresario forestal Alfredo Ruff, quien reclamó la restitución de las tierras alegando una presunta usurpación. Esa resolución autorizó el ingreso de la fuerza pública y la intervención de organismos estatales para concretar el desalojo, aun cuando el mismo fallo reconocía que la cuestión de fondo, de la titularidad definitiva del territorio, todavía no había sido resuelta.
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